El actual Ministro de Hacienda, don Rodrigo Chaves Robles, acaba de hacer explotar una bomba política: 22 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto (PIB), provienen del lavado de dinero, del dinero sucio que estaría pasando por el circuito financiero-económico del país, anualmente.
Lo afirmó durante una entrevista radiofónica de un programa de opinión asociado a uno de los latifundios mediáticos integrantes de la hegemonía político-ideológica dominante.
Dado el calibre, el impacto y las consecuencias de esta denuncia, resulta imposible dejarla pasar desapercibida. Es más, debe ser un tema fuerte, de alta relevancia política para la lucha social de los diversos sectores que, de un modo u otro, están siendo víctimas de la más cruel desigualdad desde la fundación de la Segunda Pública, en 1949; y, paralelamente, de la exclusión económica.
Particularmente, para el caso de la corriente social y sindical de lucha en la cual ejecutamos nuestro quehacer diario, el decir del ministro Robles potencia, enormemente, la fuerza moral, ética y argumental del reiterado reclamo que venimos formulando acerca de que Costa Rica requiere de una Transformación Tributaria Estructural; una especie de revolución tributaria profunda, por una parte.
Por otro lado, la gravedad de que se tenga que aceptar que hasta 22 puntos del PIB en la economía costarricense tiene procedencia sucia, nos lleva a formular varias conclusiones que, aunque apriorísticas y con gran carga subjetiva, nos sentimos obligados a plantearlas de manera pública:
¿Cuál es la naturaleza, la profundidad y el espesor de las conexiones político-gerenciales y tecnocrático-administrativas que se han venido conjuntando y conspirando para que tal cantidad de dinero esté circulando en el sistema bancario-financiero nacional, prácticamente de manera impune?
¿A qué niveles ha podido llegar la penetración de ese dinero sucio en el sistema político del país, particularmente en los segmentos de la clase política-tradicional (el tripartidismo PLUSC-PAC), gran parte de la cual está corrupta; como para financiar partidos y personas candidatas?
¿Qué tentáculos posee ese dinero sucio como para formular tráfico de influencias a fin de inducir o sesgar la toma de decisiones político-gubernativas, ejecutiva y parlamentariamente hablando, en una determinada dirección?
¿Y qué podría estar sucediendo con esos otros partidos que, de un pronto a otro, emergen con gran potencia económico-financiera en el escenario electoral pero que, de un momento a otro se disipan o se disminuyen pese a multimillonarias inversiones en publicidad y propaganda?
¿Estamos viviendo en una economía que, en realidad, está quebrada y que, por tanto, está a flote “gracias” a esas monstruosas cifras de dinero sucio proveniente del narcotráfico y del crimen organizado? ¿Somos ya una narco-economía?
¿Cómo está jugando en todo esto el Banco Central de Costa Rica (BCCR), así como el propio sistema bancario-financiera nacional, el público y el privado? ¿Está la supervisión financiera viendo para otro lado?
Es que eso de 22 puntos PIB de dinero sucio, de lavado de dólares, es algo monstruoso. El Ministro de Hacienda viene de laborar por muchos años en el Banco Mundial y esto quiere decir que sus estudios, su conocimiento, su experiencia, sus conexiones y saberes del mundo financiero global, le deben dar sustento para afirmar semejante cosa y decirlo de manera pública.
Estamos hablando de una cantidad en colones del orden de los 7 billones 700 mil millones de colones, ¡al año! Lo que se nos está diciendo es que hay un 1.83 punto porcentual de PIB, 642 mil millones de colones que, ¡cada mes!, estaría ingresando al circuito económico-comercial y financiero-bancario.
642 mil millones de colones mensuales es un arma política, un instrumento de presión capaz de pulverizar cualquier proceso o sistema de toma de decisiones políticas por más bunkerizado que éste esté.
En esa misma ocasión y circunstancia, el indicado jerarca reiteró que la evasión fiscal en Costa Rica anda entre el 6 y el 8 % del Producto Interno Bruto (PIB); un tema-denuncia planteado por ANEP, de manera sumamente reiterada durante muchos meses y a lo largo de las últimas tres administraciones gubernativas.
¡Siempre hemos tenido razón!: El déficit fiscal no se debe a los salarios pagados a las personas trabajadoras que laboran para el Estado, ni aún en los pocos casos de remuneraciones escandalosas que, pese a lo anterior, sí pensamos deben ser eliminadas.
¿Cómo no va a darse el fracaso de la reforma fiscal impuesta, de manera tramposa, a la gente, en el 2018, si las verdaderas fuentes, las reales, de allegar recursos frescos a las finanzas públicas no fueron tocadas?
¡Qué va! La abrumadora mayoría del pueblo costarricense, incluido uno mismo, no tiene la menor idea de la profundidad y de los tentáculos de la red de corrupción, prácticamente sistémica, que está carcomiendo la institucionalidad republicana y minando las bases de la paz social. Es en este marco de circunstancia que se puede empezar a escudriñar las verdaderas razones de decisiones políticas de alto nivel como la ley mordaza.
Albino Vargas Barrantes
Secretario General
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)
