Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
La institucionalidad del régimen municipal del país apenas empieza a tomar plena conciencia de la gravedad que implica la intromisión del Ministerio de Hacienda en la vida republicana de los gobiernos locales, por la imposición a éstos de la denominada regla fiscal, en contra de las aspiraciones legítimas de que el desarrollo local, vía las municipalidades, alcance mayores impactos en la Costa Rica actual, la de la exclusión y la de la desigualdad.
Para este año 2020, el Ministerio de Hacienda ha ordenado a todas las municipalidades del país que sus respectivos presupuestos no puedan crecer más allá de un 4.67%, con lo cual les obliga a contraer planes de expansión de cobertura de sus servicios, a no asumir nuevos proyectos de desarrollo socioeconómico, o bien, a golpear a aquellos que estén en proceso; e, incluso, a recortes de personal, como ya nos consta.
Obligar a las municipalidades a asumir las consecuencias de unas políticas públicas de endeudamiento que, irresponsablemente, han asumido las últimas administraciones gubernativas del tripartidismo PLUSC-PAC, constituye un verdadero acto de irresponsabilidad social y, peor aún, un atentado a la Democracia misma.
Particularmente, llamamos la atención para las nuevas autoridades que asumirán escaños en los concejos municipales en el próximo mes de mayo, tanto como corresponde indicarle a las alcaldías del período constitucional venidero (las nuevas y las reelectas); acerca de que las promesas y los compromisos que se asumieron con ocasión de la pasada campaña electoral de las elecciones municipales, no se podrían cumplir a plenitud dada la intromisión fiscalista del Ministerio de Hacienda en los presupuestos de los gobiernos locales. La gente que les votó podría sentirse engañada y, otra vez, estafada, políticamente hablando.
Es conveniente y necesario ponerse a pensar en esto: ¿qué pasará si para el 2021, la orden imperial-fiscalista del Gobierno Central, vía la cartera ministerial de Hacienda, es que las municipalidades no puedan crecer, presupuestariamente hablando, en un 5.50%; si para el 2022, las obligan a observar un 7% de contención de crecimiento presupuestario?; y, ¿qué pasaría si para el 2023, por el contrario, la orden es recorten-rebajen un 5 o un 6% (o más), del presupuesto ordinario?…
Somos del criterio de que las municipalidades, por tener esa característica de ser la forma de gobierno republicano más cercana a la gente, están destinadas a asumir mayores responsabilidades de política pública; precisamente ante la parálisis (por no decir, quiebra), del Estado central, ahogado éste por un endeudamiento imposible de honrar, además de estar estrangulado por un pago, obsceno y escandaloso, de unos 5 mil millones de colones al día.
Prácticamente, el 100% de las ingresos de las municipalidades provienen de recursos propios, de tributos que paga la ciudadanía local, misma que aspira, con sobrada legitimidad, a mejor calidad de vida, integralmente conceptuada ésta; desde adecuados servicios de recolección de basura y su exigente y necesario tratamiento de desechos sólidos, pasando por nuevos servicios de seguridad comunal ante el avance criminal, así como nuevas alternativas de recreación, de cultura y de sano esparcimiento para el fomento de vidas sanas; destacando políticas de asistencia social para las poblaciones más vulnerables de sus cantones.
Creemos que es imposible que la tecnocracia fiscalista de corte neoliberal, inspirada en nefastos postulados fondomonetaristas puede comprender, cabalmente, las necesidades sociales y comunales de todos esos poblados postergados de una gran cantidad de municipios del país; los cuales, ahora, verán más cortadas sus posibilidades y sus voluntades de atención de las necesidades de la gente que atienden, porque recibieron una orden desde la Avenida Segunda de San José para que recorten presupuesto, para que no expandan, para que le entreguen a la cartera ministerial de Hacienda, sus “superávits”.
La enorme torpeza política, combinada con el fanatismo ideológico anti-estatista que impregna el quehacer parlamentario de la actual Asamblea Legislativa, violentó groseramente la autonomía constitucional del régimen municipal con la inclusión en el mismo en la nefata legislación 9635, Fortalecimiento de las finanzas públicas, popularmente conocida como la ley del combo fiscal. La no menos nefasta regla fiscal arrasó con varias autonomías constitucionales, incluida la de las municipalidades.
Dos proyectos de ley están presentados para corregir el grave error de la aplicación de la regla fiscal a los gobiernos locales. Al parecer, ya habría algún nivel de conciencia entre algunas personas diputadas actuales que le dieron su voto a esa ley, que estarían admitiendo que con las municipalidades se cometió un monumental error en esto de la regla fiscal. Es urgente que se aprueben y ambos expedientes pueden ser conjuntados para bien de la comunidad municipal costarricense.
Finalmente, creemos que es imprescindible que las autoridades municipales salientes y entrantes, que toda la población trabajadora de los gobiernos locales y sus diversas expresiones organizativas, que las comunidades y que las fuerzas vivas cantonales, sin miramientos de color partidario alguno, cierren filas para defender al régimen municipal costarricense. Nos atrevemos a decir que, desde la promulgación de la actual Constitución Política de la República, la del 7 de noviembre de 1949, jamás las municipalidades habían enfrentado un peligro semejante: la regla fiscal y la contraproducente carga ideológica que conlleva, misma que es enemiga del desarrollo local con integración social y económica.
