El allanamiento a la Casa Presidencial, tardíamente efectuado, pero allanamiento al fin, efectuado por la Fiscalía General de la República en la mañana de este viernes 28 de febrero de 2020, debe ser interpretado como un duro golpe para los grupos de gran poderío económico-financiero que adoptaron a Carlos Alvarado Quesada como su “gerente político”, a partir del resultado de la segunda ronda de las elecciones presidenciales de abril de 2018.
Pretendieron que él impulsase (como efectivamente ocurrió), medidas de ajuste macroeconómico fiscal de corte neoliberal, en contra del bien común y de la inclusión social, como el paquetazo del IVA, la perversa regla fiscal y el virulento ataque al empleo público.
¡Así ocurrió! Alvarado está pagando (por tal razón y por otras similares de su errática gestión), un altísimo costo al punto de que su propia credibilidad y su propia legitimidad sufren el más grave deterioro que presidente alguno mostró desde el establecimiento de la Segunda República, en 1949.
Estafar políticamente al electorado como él lo hizo al aliarse con esos grupos del megacorporativismo empresarial, básicamente aglutinados en el sindicato patronal UCCAEP; enfrentarse, ya como gobierno, a las organizaciones laborales y sindicales en el 2018 con ocasión del trámite de la hoy fracasada ley del combo fiscal; la constatación popular, hoy muy extendida, de que tal legislación ha venido perjudicar a las grandes mayorías ciudadanas que son las menos responsables del déficit fiscal; y, compartir la gestión presidencial íntima con arribistas del bipartidismo tradicional PLUSC, así como con el inexperto “kindergarden” político-asesor PAC en su círculo cerrado, le tienen contra las cuerdas; y si no fuera por las muletas mediáticas del gran negocio de las noticias editorializadas que lo están sosteniendo, Alvarado estaría más políticamente liquidado de lo que ya lo está.
La operación encubierta de la Unidad de Análisis de Datos Presidenciales (UPAD), destapada, al inicio, “curiosamente” por una de las apoyaturas mediáticas más ligadas al capital financiero del país, misma que al principio de la gestión Alvarado actuó como su “club porrista” más entusiasta en el mundo del periodismo digital (específicamente en cuanto al inmisericorde e infame ataque al personal asalariado del empleo público); abre enormes interrogantes no solamente a lo que pareciera ser el fin de tal apoyo a Alvarado; sino en cuanto a las verdaderas razones que se gestaron en el seno del despacho presidencial mismo, para el impulso de gran opacidad a la hoy cuestionada UPAD y todo lo conexo que con ella está apareciendo.
Ahora bien, es innegable que Alvarado y su equipo más cercano se ha adherido al conjunto de grupos y sectores de lo que conocemos como la clase política tradicional, misma que -como bien sabemos-, originalmente ha estado comandada por los partidos Liberación y Unidad (que la gente asumió originalmente como el PLUSC); y ahora PLUSC-PAC, por la ampliación al Partido Acción Ciudadana; de forma tal que comandadas las tres agrupaciones partidarias desde el punto de vista ideológico por el neoliberalismo, con su característico odio a la participación estatal en el desarrollo socioeconómico; empieza Alvarado a convertirse en un “problema” por los yerros de su estilo de gestión presidencial, su soberbia y su vanidad, así como por esta extraordinaria habilidad para ganarse las antipatías de la gente, al punto de que las demandas para que renuncie a su cargo siguen aumentando día con día.
Pareciera que han decidido dejarlo sólo sus aliados partidarios de ideología macroeconómico fiscal de corte neoliberal, principalmente las voces político-gerenciales más connotadas de la actual Asamblea Legislativa, pertenecientes a Liberación y a la Unidad (más el turequismo oportunista y rentista de la deuda político-electoral); pues, luego del escándalo de la UPAD y del espectacular allanamiento de la Fiscalía a la Casa Presidencial, seguir al lado de él es un suicidio político.
A fin de cuentas, como lo que interesa es la plata y la acumulación de capital (incluida la venta de los jugosos activos de propiedad pública que todavía quedan), tienen los votos para hacer avanzar la agenda legislativa contraria al bien común (hasta los de la propia fracción gobiernista); así que, si Alvarado debe hundirse, que lo haga enterrándose solo.
La circunstancia política en desarrollo, de gran sensibilidad para la propia estabilidad institucional de la República, no se corresponde con una buena capacidad articulada que pueda emerger desde ese amplio abanico de la resistencia potencial de carácter estratégico, que no encuentra el punto clave de la convergencia como para mostrarse en contraposición desafiante a esos grupos del alto corporativismo empresarial de los macro-negocios que parece han decidido jalar la cadena y que Alvarado se haga su propio harakiri político con sus experimentos de laboratorio político de control social mediando agencias de inteligencia.
