Por: Luis Paulino Vargas Solís, EconomistaDirector Centro de Investigación en Cultura y DesarrolloCICDE-UNED
Las condiciones que se viven:
1) El Covid-19 plantea un desafío sanitario de dimensiones no vistas en generaciones.
2) El tipo de medidas que es indispensable aplicar para frenar el contagio, tienen severas consecuencias económicas que, principalmente (aunque posiblemente no de forma exclusiva), tienen el aspecto de un abrupto “choque de demanda”, con una fuerte reducción de las ventas en diversos sectores de la economía, algunos de los cuales quedan cerrados del todo.
3) Esto lanza a la economía a territorio negativo, y provoca un decrecimiento económico, el cual podría ser, al menos durante un tiempo, realmente agudo.
4) Pero, por sobre todo, esto provoca desempleo y agravamiento de la pobreza, o sea, conlleva un costo humano y social, que debe ser atendido con sentido de urgencia y máxima prioridad.
5) Razonablemente puede suponerse que una crisis sanitaria con estas características dure unos meses, después de lo cual debería haber una estabilización de la situación y un paulatino retorno a la normalidad. El proceso de recuperación será seguramente difícil, no solo desde el punto de vista económico, sino también social y cultural.
Las prioridades: su ordenamiento en el tiempo
1) Durante la fase aguda de la crisis sanitaria, la prioridad absoluta es el combate al contagio, y la defensa de la salud de la población y la vida de las personas.
2) Al mismo tiempo debe haber un gran esfuerzo nacional encaminado a reducir al mínimo posible las implicaciones humanas de la contracción de la economía, o sea, preservar los empleos tanto como se pueda; apoyar de forma especial a las micro, pequeñas y medianas empresas y los emprendimientos de la economía social y solidaria; y brindar apoyos a las personas pobres y más vulnerables, así como a quienes se quedan sin empleo.
3) Avanzar rápidamente hacia la planificación de un programa de recuperación de la economía y el empleo, que se debe poner en marcha tan pronto como sea posible y, como mínimo, tan pronto como las condiciones sanitarias se estabilicen.
Fondo Nacional de Solidaridad Social
1) Objetivo: atender y aliviar las implicaciones humanas y sociales derivadas del deterioro de la economía, y atenuar la contracción económica que se sufra.
2) Aprovechar la baja del precio de los combustibles: el economista, Dr. Olman Segura (Segura Bonilla 2020), de la UNA ha formulado una propuesta para la constitución de un fondo que ayude a preservar el empleo en micro, pequeñas y medianas empresas, aprovechando para ello la baja en el precio del petróleo, de forma que ésta no se traslade a los precios. El diferencial correspondiente permitirá alimentar ese fondo. Segura estima que ello rendiría alrededor de ₡7000 millones al mes, lo que permitiría beneficiar a unas 70.000 personas con un subsidio de ₡100.000 mensuales, de forma que, cumpliéndose algunas otras condiciones, se preserve el empleo de estas personas. Me parece una idea absolutamente pertinente y necesaria.
3) Recargo temporal solidario: establecer un recargo temporal (6 meses) a diversos impuestos: impuesto sobre la renta (tanto personas físicas como jurídicas, e incluyendo tanto ingresos del trabajo como los provenientes del capital), impuesto sobre rentas y ganancias de capital, impuesto sobre casas de lujo y automotores, graduado según una escala progresiva que garantice máxima justicia y equidad en el reparto de las cargas. El Ministerio de Hacienda debería estudiar un diseño de este recargo temporal progresivo, con el objetivo de que, en lo posible, rinda un monto de al menos ₡20 mil millones mensuales, y de esa manera beneficiar con un subsidio de ₡100.000 mensuales al menos a unas 200.000 personas. Según el grupo de trabajo FES-OES (Friedrich Ebert Stiftung, Observatorio Económico y Social UNA 2020), hay estimaciones del exviceministro de Hacienda José Francisco Pacheco, según las cuales un recargo del 10% al impuesto al salario, aplicado por una sola vez, daría un monto aproximado de ₡13 mil millones. Esto sugiere que el monto de ₡20 mil millones mensuales que propongo es viable, pero, además, esta propuesta que formulo, que responde a la misma motivación, es de alcances más amplios y, al cabo, más justos y equitativos, ya que hace partícipes ingresos de fuentes diversas (no solo del trabajo) y algunos recursos patrimoniales de carácter privilegiado. Es lo que corresponde en vista de las circunstancias excepcionales que hoy vivimos.
4) Programa “Proteger”: todos los recursos que pudieran obtenerse a partir de lo indicado en los dos puntos anteriores se sumarían a los fondos, por un billón de colones, que el gobierno ha contemplado en su programa “Proteger” (Oviedo 2020) a fin de ampliar la cobertura, y apoyar a más personas en condiciones difíciles y a las micro, pequeñas y medianas empresas, y emprendimientos solidarios, que pudieran enfrentar problemas.
5) Meta propuesta: con base en los recursos provenientes de las diversas fuentes mencionadas, se tratar de hacer llegar un subsidio mensual de ₡100.000 a un número de personas que, deseablemente, pudiese llegar a las 400.000. Esto no solo representaría un alivio necesarísimo para la vida de muchas familias, sino que además apuntalaría la economía en un momento en que ésta lo requiere de forma especial.
6) Agresiva acción internacional: los diversos organismos internacionales se muestran hoy día muy dispuestos a conceder financiamiento en condiciones favorables, con el objetivo de aliviar los efectos económicos y sociales de la crisis. Incluso esos organismos proponen posponer los pagos de deuda externa, al menos en el caso de los países más pobres. El gobierno debe aprovechar al máximo estas posibilidades, tanto para obtener fondos adicionales como para aliviar las obligaciones de la deuda externa, y así fortalecer los programas de auxilio a las personas y sectores más vulnerables, mantener la estabilidad del tipo de cambio y, al menos en parte, financiar un vigoroso programa de recuperación económica, una vez la emergencia haya sido superada.
Ahorrar en los pagos por intereses
1) Intervención del Banco Central: dada la excepcionalidad de la situación, el Banco Central debe estar dispuesto a participar activamente en los mercados secundarios de la deuda pública, con un objetivo prioritario: lograr una reducción significativa de las tasas de interés de los bonos del gobierno y, por esa vía, una significativa reducción en los gastos por intereses, a fin de aliviar la situación fiscal y liberar recursos que puedan destinarse a fines de más provecho y urgencia.
2) Pagos excesivos: los datos de gastos por intereses de la deuda pública correspondientes al año 2019, sugieren que, en promedio, durante ese año se pagó una tasa del 8,3%. Este dato coincide plenamente con el dato el promedio histórico ponderado que publica el Ministerio de Hacienda en su página web. Entretanto, la Tasa Básica Pasiva, un indicador de las tasas a las que los bancos y otras entidades financieras captan recursos del público, cayó por debajo del 6% en julio de 2019, y concluyó el año en 5,75%. En el momento en que escribo esto, se sitúa en 4,35%.
3) Injustificable: no hay ninguna razón sensata que permita justificar esa enorme diferencia (que en diferentes momentos ha oscilado entre 2,5 y hasta 4 puntos porcentuales), entre las tasas que paga el Ministerio de Hacienda y las que pagan los bancos por la captación de ahorros de la gente.
4) Ahorro significativo: cada punto de menos en las tasas que se pagan por la deuda interna, reporta un ahorro de aproximadamente unos ₡160 mil millones anuales. Hacer bajar las tasas en 3 o 4 puntos, reportaría un ahorro total en el orden de entre ₡500 mil a ₡600 mil millones de colones en un año.
5) El Banco Central puede hacerlo: posee las herramientas técnicas, y también al autorización legal, según el artículo 52, incisos c) y f) de su Ley Orgánica.
Plan Nacional de Producción de Alimentos
1) Reparar un error histórico: los grupos que han conducido el país durante los últimos 35 años, han hecho que el país incurra en un grave error, al abandonarse la agricultura que produce alimentos, y con el maltrato sistemático y reiterado contra nuestras productoras y productores. Esta coyuntura de crisis desnuda que esa estrategia política ha sido realmente criminal, puesto que nada infundiría más tranquilidad en momentos tan duros como los actuales, que el poder disponer de una provisión segura de alimentos.
2) Aprovechar recursos externos: una parte del financiamiento que se obtenga en el exterior debería destinarse a crear un fondo que, con carácter de urgencia, se destine a promover la producción de alimentos básicos, agrícolas, pecuarios y del mar. Su ejecución quedaría a cargo del Ministerio de Agricultura y Ganadería.
3) Subsidios: si, por ejemplo, se formase un fondo de ₡50 mil millones de colones, se podrían dar subsidios directos a pequeños productores y productoras, eventualmente un subsidio que oscile entre ₡1 y 1,5 millones, que beneficie a unos 35 a 40 mil productoras y productores, con la expresa finalidad de promover la producción alimenticia.
4) Condiciones complementarias: a fin de dar eficacia a la propuesta, deben satisfacerse una serie de otras condiciones complementarias:
a. Deudas: llevar a cabo una concienzuda reestructuración de las deudas, que amplíen los márgenes de maniobra para que productores y productoras reinicien sus proyectos productivos, con tranquilidad y certidumbre.
b. Comercialización: garantizar canales de comercialización que pongan en contacto directo a productoras y productores con las masas consumidoras urbanas, sin la influencia distorsionante de intermediarios.
c. Cadenas de suministro: garantizar el acceso a los insumos requeridos para el normal desenvolvimiento de la producción.
d. Compras públicas: el Estado garantizará la compra directa, por medio del Consejo Nacional de la Producción, de una parte de la producción (podría ser alrededor de un 20%), la cual se entregará como subsidio alimentario a las familias más pobres.
Programa de recuperación económica
1) Compromiso patriótico: El país, en forma generosa, dialógica y muy patriótica, debe acordar un ambicioso programa de recuperación económica, una especie de Plan Marshall criollo, para recuperar la economía y el empleo, el cual se empezará a ejecutar tan pronto como se pueda y, al menos, una vez la crisis sanitaria se haya superado.
2) Fondos externos: de los recursos provenientes de las diversas fuentes de financiamiento externo a las que se pueda recurrir durante la presente crisis sanitaria, más los fondos ya disponibles (incluidos los $1.500 millones obtenidos mediante la emisión de eurobonos) y una vez cubiertas las necesidades perentorias que ésta plantea, se reservará tantos recursos como sea posible para financiar un amplio programa de inversión pública. Deberíamos fijar una meta en el orden del 4-5%, como proporción del PIB, de recursos que se reservarán y destinarán a este fin.
3) Acuerdo nacional: reconociendo las múltiples trabas y obstáculos que hoy dificultan la ejecución de obra pública, debe avanzarse en un gran acuerdo nacional, que permita simplificar al máximo los procesos y trámites, incluyendo un compromiso explícito, tanto por parte del sector público como del privado, para no interponer obstáculos a esos procesos.
4) Prioridades: en una primera etapa, y con carácter urgente, se priorizarán proyectos de fácil ejecución que generen muchos empleos y que de manera explícita procuren incorporar a las mujeres y favorecer las regiones más empobrecidas y rezagadas del país. Por ejemplo, para la reparación, ampliación y mejora de centros educativos; clínicas y dispensarios de salud; reparación de calles, carreteras, aceras, puentes, parques y espacios públicos, entre otras posibilidades. También mejoría, reparación y ampliación de la infraestructura necesaria para las labores de cuido, así como ampliación de los servicios, incluyendo comedores escolares y centros de cuido de niños, niñas y personas mayores, entre otras opciones similares que es urgente explorar.
5) Plazos más largos: debe contemplarse un amplio programa que relance la infraestructura y la productividad, de forma incluyente y equitativa. Las prioridades deberían estar en áreas como las siguientes: energías alternativas; acueductos; transporte público; tratamiento de aguas residuales y recuperación de ríos contaminados; fibra óptica; un programa nacional de vivienda que, mediante avales y subsidios, le dé acceso a casa propia a familias cuyos ingresos se ubiquen por debajo del percentil 70; laboratorios de investigación en universidades públicas, comprometidos con la generación de conocimiento y tecnologías que favorezcan a micro y pequeñas empresas, cooperativas, emprendimientos sociales y solidarios y, en general, empresas de capital nacional.
