El Gobierno ha venido anunciando que se propone otorgar un subsidio por la cantidad mensual de 200 mil colones para ayudar a la sobrevivencia de unas 375 mil personas-familias, las que están recibiendo afectación directa producto de la crisis económica en desarrollo, derivada de la pandemia Covid-19; compatriotas que se han venido quedando sin trabajo del todo o que han sido afectados por la reducción de jornada y la rebaja salarial subsecuente.
Nosotros pensamos que se trata de una iniciativa correcta, pero que no estaría considerando que la pandemia Covid-19 vino a agravar lo que ya era antes de la misma una grave situación social, producto de que el país fue sometido a un modelo económico que concentró, de manera abusiva la riqueza; que, además, ya había generado 309 mil personas desempleadas (según la última encuesta oficial en la materia por parte del Instituto Nacional de Estadística y Censos -INEC-); que ya tenía a casi el 50% de la Población Económicamente Activa (PEA) en la informalidad y al margen de la Seguridad Social; que teníamos montos de todo tipo de fraude fiscal de, prácticamente, un 8% del Producto Interno Bruto (PIB); modelo que había acumulado hasta 6 puntos PIB en exenciones-exoneraciones; que teníamos una clase trabajadora altísimamente endeudada; que teníamos a la producción agropecuaria nacional, prácticamente en la quiebra por las altas deudas, impagables todas, de los productores, etc.
Es decir que si para el Gobierno la consecuencia directa de los efectos económicos perversos de la pandemia Covid-19 se debe contabilizar a 375 mil personas-familias, está sumamente equivocado. ¡Son más de 375 familias!
En tal sentido, la iniciativa gubernamental se queda muy corta. Es por eso que la ANEP, con el respaldo del Encuentro Social Multisectorial, ha formulado una iniciativa con la cual se podría cubrir hasta unas 660 mil personas-familias; es decir, ya no solamente las 375 mil que señala el Gobierno, sino 285 mil más, o sea, un 37.5% adicional de lo que el oficialismo está previendo; y con 250 mil mensuales, no 200 mil. No obstante, la situación se ve tan grave que la cifra de familias afectadas podría ser superior a las 660 mil personas.
La propuesta obrero-social que formula la ANEP parte de la gran decisión política que debería tomar el Gobierno para dejar de pagar los intereses diarios que le demanda el gigantesco momento de endeudamiento público, en este caso deuda interna contraída con acreedores nacionales, con lo cual dispondría de 5.500 millones por día para ayudar a esas 660 mil familias con un monto mayor al que ellos están proponiendo; es decir, 250 mil colones mensuales en vez de los 200 mil, como ya indicamos.
5.500 millones por día equivalen a 165 mil millones de colones por cada uno de los tres meses en los cuales regiría tal moratoria, inicialmente, puesto que la crisis se ve tan profunda que podría implicar más meses la ayuda de lo que nosotros denominamos el Subsidio Social Solidario (SSS) para esas 660 mil personas. Ese trimestre de moratoria representa unos 495 mil millones de colones.
Los acreedores nacionales que, en su mayoría (según entendemos), son entes públicos, saben que no estamos en tiempos de normalidad y que estamos en una situación sociohistórica y económica inédita, requiriéndose también, decisiones inéditas como la moratoria de pago de intereses de la deuda pública, en este caso interna, que estamos planteando.
Además, hay que tener en cuenta que el otro segmento de la deuda pública, que es el contraído con organismos financieros internacionales, las posibilidades de condonación de la deuda externa, en el marco de la crisis de la pandemia Covid-19, parece emerger como una posibilidad política real en el plano internacional. Hasta el mismo Gobierno actual lo ha estado planteando ante la comunidad mundial de naciones.
Es decir, la moratoria planteada para el establecimiento del Subsidio Social Solidario (SSS) de 660 mil personas-familias, por un monto de 250 mil colones mensuales, podría ser sostenible con los recursos que se liberarían ante la eventualidad de la condonación de la deuda pública externa o parte de ella.
Por otra parte, se está planteando por otras voces calificadas, como la del ciudadano William Hayden, utilizar unos mil millones de dólares de las reservas internacionales que resguarda el Banco Central de Costa Rica (BCCR), que andan por poco más de ocho mil millones de dólares.
Es decir, se podría echar mano a unos 565 mil millones colones adicionales a los 495 mil millones que daría la moratoria de tres meses del pago de intereses de la deuda pública que nosotros estamos planteando, pues, como dijimos, 5.500 millones de colones diarios de moratoria, durante 90 días, representan esos 495 mil millones.
Los mil millones de dólares a emplear de las reservas del BCCR vienen a ser unos 188 mil millones de colones mensuales con los cuales se podría, en consecuencia, ante un eventual agravamiento de la crisis, atender, solidaria y socialmente, hasta 753 mil personas-familias adicionales, a las 660 mil, con los mil millones de dólares de las reservas del BCCR.
¿Se imaginan ustedes el enorme impacto que tendría para una recuperación y una reactivación económica que, en los próximos tres meses, esté circulando la enorme cantidad de 1 billón 60 mil millones de colones en la economía para el relanzamiento del mercado interno?
Estamos hablando de que, durante un periodo de 90 días, la economía del mercado interno estaría recibiendo unos 11 mil 777 millones de colones cada 24 horas; compuestos por, repetimos, los 495 mil millones de colones de los tres meses de moratoria del pago de intereses de la deuda pública interna, digamos; y los mil millones de dólares que se sacan de las reservas del BCCR para, en conjunto, atender hasta 1 millón 353 mil personas-familias sumidas hoy en la desesperanza.
Si se dejan de lado los dogmas macrofiscales, mismos que han sido los causantes de la desigualdad cruel e inhumana que ya teníamos antes del estallido de la pandemia y desigualdad que está profundizándose como jamás se pensó, nadie pasaría hambre en nuestra Patria y todos podríamos quedarnos en casa con el plato de comida garantizado durante, al menos, 90 días.
