Covid-19: ¢17 millones diarios en cuidados intensivos

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

La semana pasada leímos en prensa, como una noticia destacada de primera plana, que el “sector privado aportará camas de cuidados intensivos ante coronavirus”, comunicando a la opinión pública que varias empresas privadas del negocio con la salud de las personas dejaron ver su intención de “ponerse a las órdenes” de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), en el caso de que la pandemia del coronavirus Covid-19 desbordara las capacidades de atención de la medicina pública, especialmente en las denominadas UCI: unidades de cuidados intensivos; punto este más que neurálgico y estratégico para atender a las personas gravemente enfermas producto del nuevo mal.

Sinceramente no deja uno de pensar en cuál podría haber sido el destino de la salud de los y las costarricenses, de la abrumadora mayoría de la población del país, si no hubiésemos tenido estos últimos 30 años esa férrea resistencia popular y cívica ante las diversas intentonas de distinto carácter y a lo largo de las administraciones gubernativas nacionales luego de la Caída del Muro de Berlín, las cuales de un modo u otro han estado cuestionando el modelo de salud pública representado por la CCSS, básicamente, para privatizarlo mediante iniciativas de índole multiforme.

Sin discusión alguna se puede afirmar ya categóricamente que, estando en medio de tal pandemia, la existencia de la CCSS como bien patrimonial público es un asunto de seguridad nacional; como gusta definir los gringos a aquellos aspectos de su institucionalidad que estiman imprescindibles para su supervivencia y su supremacía como nación.

Pero bien, la historia de la resistencia cívico-popular en defensa de la Caja Costarricense de Seguro Social está por escribirse, pese a que, también hay que decirlo, desde su propio seno han salido intentonas privatizadoras perversas, pues paradójicamente cuenta con enemigos internos colocados en posiciones de poder.

Volvamos ahora al eje central de nuestro comentario semanal en esta importante sección de opinión de El Periódico de más Venta en Costa Rica. 

$30.000 diarios es el costo de atención, por día, que representa el internamiento de una persona enferma en la unidad de cuidados intensivos de esas empresas privadas de salud que funcionan en Costa Rica. 

Es decir, poco más de ¢17 millones diarios viene a ser el costo de permanencia en una UCI; y, un internamiento, mínimo, de unos 10 días pensando en la gravedad de la persona contagiada con Covid-19, estamos hablando de ¢170 millones; subiendo esta cifra hasta un 50% más si tal internamiento llegare a ser necesario por 15 días.

Prácticamente solo una cantidad reducida de costarricenses que tienen altísimos ingresos podría pagar tan calificada atención médica como la que implica el internamiento en cuidados intensivos en caso de sufrir Covid-19, o cualquier otro padecimiento que requiera ser ingresado en una UCI privada.

Dimensionemos ahora lo que significa tener acceso a los servicios de una UCI brindados por la Caja para el pueblo trabajador, mismo que jamás podría tener acceso a medicina privada en cuidados intensivos en el caso de la pandemia que nos afecta. 

Para este lunes 13 de abril de 2020, según el reporte gubernamental diario de las personas que presentaban síntomas del coronavirus Covid-19, 14 de ellas estaban internadas en varias UCI de hospitales de la Caja.

Eso significa que al precio de cotización de mercado de la medicina privada que se ofreció para atender en sus propias UCI personas contagiadas de Covid-19, la Caja Costarricense de Seguro Social estaría erogando unos ¢240 millones por día, que es el importe de inversión en salud por tener esas 14 personas en sus propias unidades de cuidado intensivo.

Si esas 14 personas internadas en las UCI de la CCSS tuvieran que permanecer, en promedio y cada una unos 10 días de internamiento, estamos hablando de ¢2.400 millones: una cifra demasiado atractiva para colegir que la salud sí es un negocio cuando fuese privatizada. Esperemos que ello nunca suceda.

Solamente pensemos, a partir de estos datos, el significado de la Caja Costarricense de Seguro Social para la abrumadora mayoría del pueblo costarricense, especialmente de su clase trabajadora; clase trabajadora que en un ciento por ciento nació cuando ya existía la Caja y que por tanto no tiene la menor idea de lo que es vivir sin ella.

Por cierto, la información de prensa que venimos comentando también indicó que un día de internamiento por cuestiones de salud en esas empresas privadas, y que no sea en una UCI, implica erogar al menos $1.000, o sea casi ¢600.000. 

No hay discusión: la Caja representa la vida misma y ahora eso ya no amerita discusión alguna. Debe seguir en manos públicas y bajo nuevas formas y sistemas de cuido ciudadano para matarle los virus privatizadores que siempre están esperando oportunidades para atacarla.