Albino Vargas Barrantes, Secretario General (ANEP)
De la manera más categórica y vehemente, tenemos que rechazar la imposición, a cambio de los préstamos con el Fondo Monetario Internacional (FMI), de más cargas tributarias para el pueblo trabajador, para quienes sufren el desempleo y están en la informalidad; para las micropequeñas y medianas empresas.
El propio Ministro de Hacienda, Elián Villegas Valverde, ya lo reconoce abiertamente, aunque era un secreto a voces; como secreto es lo que han pactado con el FMI, con los hermanos Arias Sánchez y con algunos líderes parlamentarios, usuales operadores políticos de los sectores económicos con poder real en estos momentos: andan tras la venta de los activos más rentablemente jugosos que todavía quedan con categoría de propiedad pública.
Guerra a los impuestos debe ser un unánime clamor social, exhortando de nuestra parte a que, desde las bases de la sociedad trabajadora y popular de este país, se articule la necesaria oposición cívica que impida la imposición de más cargas tributarias contra las mayorías muy golpeadas desde antes de la pandemia y producto de la misma.
Lo que sí corresponde es que la injusta estructura tributaria costarricense, profundamente regresiva, agravada por un escandaloso robo anual de impuestos que no es cometido por la gente de a pie, establezca que sea el sector de los superricos ticos el que deba aportar, ahora sí, sustancialmente, para impedir la irreversibilidad de una situación tan injusta como explosiva.
Ahora resulta que es la propia Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), tan “idolatrada” por esos sectores económicos con poder real en estos momentos, la que está planteando subir impuestos al patrimonio, al capital y también establecer los denominados impuestos “verdes”.
Según reporte de noticias de prensa del medio digital español El Mundo, la OCDE acaba de dar a conocer un informe fiscal en el marco de las graves consecuencias socioeconómicas derivadas de la pandemia global del coronavirus covid-19. Dos párrafos de esa noticia son más que elocuentes y, por eso, se los compartimos:
Las medidas puestas en marcha por los países para luchar contra el coronavirus tienen un impacto clarísimo en la economía. A nadie se le escapa eso a estas alturas. Los costes se han disparado y los ingresos se han hundido, de ahí que los países se apresuren a lanzar sus planes de reconstrucción y de estímulo económico, como está haciendo Francia hoy mismo. A la OCDE tampoco se le escapa. Este jueves ha presentado un informe fiscal en el que ahonda precisamente en esa caída de los ingresos. Para la organización que aglutina a los países más desarrollados del planeta, la receta pasa por subir impuestos.
Pero, ¿qué impuestos? Subir ahora los impuestos a las rentas de trabajo o al consumo, como se hizo tras la crisis financiera de 2008, sería un error, a ojos de la OCDE. El empleo está en una posición muy delicada, por no decir en cuidados intensivos, y el consumo, también tocado, hay que reactivarlo, no penalizarlo. La fórmula posible, para la OCDE, es elevar los tributos que gravan el patrimonio o las rentas de capital”.
(https://www.elmundo.es/economia/macroeconomia/2020/09/03/5f50dbe221efa006258b467d.html)
Por otra parte, y considerando este elemento que no estaba en la mesa, lo que ahora dice la OCDE, fortalece nuestro clamor que tenemos que repetir hasta la saciedad es que no es necesario acudir al Fondo Monetario Internacional (FMI), para “resolver” el problema fiscal nacional. Hay alternativas.
Sin embargo, tanto el presidente formal (Carlos Alvarado Quesada), como el real (André Garnier Kruze), realizan una gestión político-ejecutiva de gran carga ideológica, a favor del desmantelamiento final del Estado Social de Derecho y de los valores que le inspiran, insertos en la maltrecha Constitución Política de 1949; gestión que incluye aumentar los impuestos, sin que hayan renunciado a subir el impuesto al valor agregado (IVA).
Con ese objetivo estratégico en sus mentes, la entrada en escena a la política nacional del FMI, no solamente adquiere un matiz estratégico, sino que cuentan con los operadores políticos legislativos necesarios para garantizar las votaciones mecánicas que aprobarán la segunda y vital parte de esos créditos. A eso nos enfrentamos en un marco de condiciones, desde el punto de vista de la lucha social, totalmente adverso. En realidad, ¿cuándo ha sido diferente?…
