Albino Vargas Barrantes, Secretario General (ANEP)
El gobierno neoliberal de los presidentes Alvarado-Garnier, por medio de su vocería hacendaria, está diciendo que el próximo 17 de setiembre de 2020, los y las costarricenses conoceremos cuáles serán los contenidos que el país (no es el país, son ellos), le propondrá al Fondo Monetario Internacional (FMI), como temas de “negociación” a cambio de los 1.750 millones de dólares del segundo tramo del crédito con este organismo financiero, cuya primera parte, de 508 millones de dólares, fue aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de agosto de 2020.
Varios aspectos indignan. En primer lugar, la soberbia de esta gente de creer que el pueblo tico no entiende de estas cosas, de creer que somos imbéciles, de creer que el sentido común de nuestra precaria situación económica no nos da para olfatear la catástrofe que se nos viene encima.
En segundo lugar, dado que tienen un estilo de gestión gubernativa altamente opaca, sumamente manipulador y groseramente clasista, nadie puede creer que tales temas ya no han sido discutidos en “privado”, virtualmente, con los tecnócratas fondomonetaristas y los de la cúpula política del Ministerio de Hacienda y del Banco Central. Así que lo que van a hacer el 17 de setiembre no es nada más que una operación mediática tratando de fortalecer la estrategia del engaño a la ciudadanía.
Realmente pensamos que es un crimen contra toda la sociedad, más endeudamiento público sin tener absolutamente certeza de todas las circunstancias que a lo largo de los años han confluido como para que el país (ahora sí, el de todos y todas, incluidos ellos), esté al borde del colapso total, económica y financieramente hablando; y cerca del cataclismo social.
Es inmoral, no tiene la menor pizca de ética, es más, se trata de un condenable juego sucio que, sin más ni más, nos estén diciendo que para el 2021, buscando que el país no quiebre, que ocupan 10 mil millones de dólares; cuando la clase gobernante a la que pertenece esa gente permitió que en la última década se diese una defraudación tributaria de casi 4 veces más esa cifra; si consideramos la reiterada denuncia del exministro de Hacienda, Rodrigo Chaves Robles, de que el robo de impuestos fue de 3.800 millones de dólares por año.
Por otra parte, endeudarnos más, en una cifra realmente insignificante para la magnitud del desastre que dicen que se nos avecina, resultaría inmoral si no se procede con la transformación tributaria estructural harto diagnosticada y sabida. Connotados especialistas coinciden en que este crédito con el FMI es innecesario, dado el desastre fiscal estructural que nos tiene al borde de la quiebra. Más deuda, en tales condiciones, es algo más que suicidio colectivo.
Hay trampa en todo esto. La ausencia de voluntad política para impulsar las correcciones estructurales del desastre fiscal del país, indica que la apropiación privada de los más rentables negocios que todavía son propiedad estatal, es lo que verdaderamente les importa. Por tanto, debemos fortalecer esta circunstancia ante la ciudadanía, porque quieren seguir evadiendo de manera obscena, pero acumulando riqueza, también de manera obscena.
Nuevamente, la urgencia de una Auditoría Ciudadana de la Deuda Pública del país, es lo que debería impulsarse, legislarse y ordenarse desde la Asamblea Legislativa. Es monstruoso que la deuda llegue al 80% del PIB el año entrante, 2021, sin siquiera saber quiénes son nuestros acreedores. Sencillamente, todo esto es aterrador, ojalá nos defendamos antes de que nos aplaste.
