Mainor Anchía Angulo, Directivo Nacional ANEP
En vísperas de un nuevo proceso de elecciones nacionales, volveremos a escuchar a los “expertos” hablar de las soluciones para mejorar en materia de seguridad ciudadana en nuestro país. No faltara el que diga que, “en los gobiernos de su partido político hicieron las cosas bien”. Sin embargo, considera el suscrito en función de la experiencia, así como del análisis que he venido haciendo del tema, que la (in)-seguridad ciudadana ha venido sufriendo en el tiempo de un desmejoramiento paulatino que se refleja en todo el país.
Se habla mucho en medios de comunicación sobre las diversas operaciones que ejecutan los distintos cuerpos policiales del país, entre ellos, Servicio Nacional de Guardacostas, Policía de Fronteras, Migración, Policía Fiscal, Policía de Tránsito, PCD, SVA y Fuerza Pública. Sin embargo, de todos ellos, el único que cuenta con una cantidad considerable de funcionarios es la Fuerza Pública. Por ejemplo, la Policía Profesional de Migración ronda los quinientos miembros, lo cual a todas luces resulta insuficiente para atender la demanda que se presenta en razón de sus competencias, ni que decir de la Policía de Control Fiscal con 150, la de Control de Drogas (PCD) y de la Policía de Fronteras. Encomiables esfuerzos hacen las personas que integran los cuerpos policiales con escaso recurso humano y logístico.
Históricamente el faltante de recursos se ha recargado sobre la “espalda” de los hombres y mujeres que se disponen a servir al país desde alguno de los cuerpos policiales citados, ello, violentando muchas veces sus Derechos Humanos y laborales; en el pasado no muy lejano, se nos hacía trabajar jornadas superiores a las doce horas diarias, sin que mediara para los efectos alguna emergencia nacional. En días recientes, presentamos una gestión de traslado para una funcionaria de la Policía de Tránsito, la cual se encuentra destaca en San José, al momento que su familia y su hijo de siete años se mantienen en Puerto Jiménez de Golfito; en menos de dos horas teníamos respuesta por parte del Sub Director de la Policía de Tránsito, indicando que no se podía conceder lo peticionado, hasta tanto se hiciera la contratación de 200 nuevos oficiales. No le dio importancia al interés superior del menor, que según la Convención Sobre Derechos del Niño y la jurisprudencia constitucional prevalece por sobre el interés público. Aunque es cierto, la Policía de Tránsito carece de personal en todo el país, así como de delegaciones dignas para el desempeño de sus labores. Situación similar se vive en la Policía de Fronteras, con poco personal y en delegaciones insalubres, podemos citar, por ejemplo: Punta Burica, Crucitas, Sixaola, que no reúnen condiciones idóneas para la permanencia de personas y, por ende, para el resguardo de la seguridad ciudadana.
Paradójicamente, al mismo tiempo que vemos el empoderamiento del narcotráfico, la incursión e infiltración del crimen organizado en nuestro país, y el crecimiento de la actividad delictiva producto de la exclusión social, de la falta de oportunidades, se afectó el salario de nuestros policías con la entrada en vigencia de la Ley 9635, pero, tras cuernos palos, se les incluye también en la Ley Marco de Empleo Público. Al efecto, de materializarse dicha ley, los policías, en unos casos verán congelados sus salarios, en otros seguirán “creciendo” a cuenta gotas hasta alcanzar a los que quedaron “congelados”. Además, la Ley Marco de Empleo Público contiene varios capítulos que se deberían aplicar a los cuerpos policiales, por ejemplo, un modelo de evaluación por objetivos ¿qué se pedirá a nuestros oficiales? ¿Acaso se les pedirá que detengan vehículos y personas sin que existan los presupuestos establecidos en el Código Procesal Penal? Peligroso, porque la evaluación podría constituirse en una herramienta para amedrentar, acosar y afectar los derechos laborales de nuestros uniformados.
Por cierto, se plantea dicha ley como la tabla de salvación contra el déficit fiscal, al mismo tiempo que pululan los contrabandos y los evasores siguen haciendo de las suyas, ante una Policía Fiscal raquítica, con apenas 150 personas. No tengo la menor duda, de que la decisión y las ideologías políticas de los últimos años, tienen una relación directa con la incursión del crimen organizado y el empoderamiento del narcotráfico en nuestro país. Lo que no me queda claro, aun, es si esas decisiones han sido circunstanciales o motivadas en favorecer dicha situación. Porque, si algo tengo bien claro, es que, para favorecer la seguridad común, es primordial establecer políticas públicas que vengan a generar oportunidades, paralelamente, dotar a nuestros policías de herramientas, capacitación, salario justo, certeza jurídica, y, en general mejores condiciones para el desempeño de sus funciones.
