Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
La importancia del cooperativismo para la misma Democracia y para la reducción de la desigualdad y de la exclusión económica, es un asunto más que estratégico considerando la situación actual de nuestro país en el año de la conmemoración del Bicentenario de la independencia política.
Es por lo anterior que resulta sumamente importante resaltar las posiciones sociopolíticas del Movimiento Cooperativo en las actuales circunstancias nacionales de un aceleramiento de la polarización de la sociedad a partir de la distribución del ingreso, llegando al punto de que estamos en la escala de los diez países más desiguales de todo el planeta.
“¡Es hora de alzar la voz!, es el editorial del órgano oficial del movimiento cooperativo costarricense, La Voz Cooperativa, edición del pasado mes de febrero, de obligada lectura para quienes estamos en la lucha social de la actualidad, seamos cooperativistas o no.
Seguidamente, transcribimos algunos de los párrafos de dicho editorial a partir de los contenidos del mismo que expresan una confluencia de pensamiento y de lectura política con lo que venimos señalando desde la corriente sindical en la cual militamos.
“Ya no es tiempo de paños tibios. Es hora de alzar la voz. Y en este espacio, La Voz Cooperativa, debe hacerse escuchar en todos los rincones del país. El empuje sin freno de una ley de empleo público que viene a atentar contra la estabilidad financiera de miles de hogares costarricenses es sin duda un golpe al pacto social tácito mediante el cual nuestra sociedad se ha convertido en un modelo a seguir para América Latina y el mundo entero en materia de seguridad social, educación, acceso universal al agua potable y en oportunidades de crecimiento para la ciudadanía”.
En esa línea, nosotros venimos planteando que ese proyecto Ley Marco de Empleo Público, expediente legislativo 21.336, es una colección de inconstitucionalidades, considerando que sus contenidos esenciales atentan contra los principios fundacionales de lo que se llamó la Segunda República, cuando se promulgó la actual Constitución Política, el 7 de noviembre de 1949.
De manera acertada, el editorial de La Voz Cooperativa apunta lo siguiente: “Está más que demostrado que el quiebre del Estado no es dado por la planilla del sector público ni por las diferencias del modelo tributario entre empresas cooperativas y empresas comerciales. No. El frío no está en las cobijas. Quienes conducen el barco económico del gobierno de Carlos Alvarado lo saben con claridad. Lo callan. Echan leña a la hoguera de discusiones vacías y entierran en el silencio las verdades relacionadas con la elusión y los mecanismos con que por años, decenas de empresarios e inversionistas, bufetes y políticos, han logrado sacar sus ganancias del país para guardarlas en paraísos fiscales”.
Nosotros, como sindicalistas, no lo hubiésemos planteado mejor. Es más, si no identificamos que el anterior pensamiento es voz oficial cooperativa, cualquier habría concluido que se trata de una consigna sindical.
Hace ya bastante tiempo que logramos derrotar la perversa tesis de que el déficit fiscal era responsabilidad de los salarios devengados por las personas trabajadoras asalariadas estatales. Las matrices mediáticas totalizantes del discurso ideológico-político que habían orquestado una campaña en tal sentido, tuvieron que morderse la lengua y buscar otras explicaciones para su orquestación en contra del sector público y de quienes le sirven a éste.
Por el contrario, las espantosas cifras de la evasión tributaria en todas sus manifestaciones, la elusión fiscal a mansalva; así como las exoneraciones y exenciones empresariales altamente abusivas complacientes y espléndidas, muestran que combinadas ambas representan, al menos, 14 puntos de Producto Interno Bruto (PIB), anualmente, son dejados de percibir por un Estado que toleró, cohonestó y fortaleció un sistema tributario tan injusto como corrupto.
La indicación cooperativista sobre la deshonesta práctica empresarial de esconder sus capitales en paraísos fiscales, nos lleva a la mención del informe legislativo conocido como Los papeles de Panamá, presentado en el período constitucional anterior, 2014-2018; dándonos a conocer sofisticadas formas de robo de impuestos y cómo combatirlas pero que, por la actual correlación política de fuerzas, hasta la fecha ha resultado imposible un debate público al efecto.
Sin duda alguna el potencial político-social y económico del movimiento cooperativo costarricense está destinado a convertirse en parte esencial de un haz de pensamientos, sentimientos, propuestas y sectores que urge articular en la Costa Rica del Bicentenario para la restauración de la promoción del bien común y de la inclusión socioeconómica, como ejes centrales de la política pública. En tal sentido, el sindicalismo sociopolítico y su expresión material concreta en la práctica, el sindicalismo ciudadano, tenemos amplias coincidencias con las posiciones actuales del cooperativos. ¡Enhorabuena por la clase trabajadora y por la misma Democracia!
