Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
1) Las personas trabajadoras asalariadas estatales no tienen ninguna responsabilidad en el déficit fiscal. Esto lo demostramos con una sólida fuerza argumental. El periodismo de odio, con su manipulación grotesca de la ciudadanía al respecto, quedó descalificado y completamente desenmascarado.
2) Las razones del déficit fiscal, básicamente, están centradas en lo siguiente: Costa Rica tiene un sistema tributario completamente injusto, por una parte; y, por otra, está corrompido. Es necesario recalcar que en nuestro país pagan más impuestos los que, proporcionalmente hablando, tienen menos; los que tienen más, pagan menos y/o no pagan del todo: eluden, evaden, disfrutan de exenciones-exoneraciones dispendiosas y ocultan plata en paraísos fiscales.
3) Los gobiernos de turno acudieron al endeudamiento (básicamente interno), para reponer lo que nunca se pudo recaudar dada la existencia de ese sistema tributario completamente injusto y corrupto. Se generó un enorme déficit y, por ende, un endeudamiento tan grande como una cantidad cercana a los 50 mil millones de dólares. Esta deuda demanda un pago de intereses a tasas elevadísimas que implica una erogación de, 240 millones de colones, ¡por hora! Así, el déficit fiscal, la deuda y su pago obsceno de intereses llegó a convertirse en un negocio para ciertos grupos de gran poder económico-financiero, los cuales tienen gran influencia en el tripartidismo gobiernista PLUSC-PAC.
4) Detrás del ataque al empleo público y a las personas trabajadoras asalariadas estatales, está una coalición ideológico-política y económicamente hegemónica, formada, básicamente, por: a) los grandes grupos corporativos de negocios mega-empresariales evasores-elusores de impuestos, receptores de escandalosas exenciones impositivas (como las de las zonas francas); b) corporaciones del negocio de las noticias, impulsoras del periodismo de odio; c) el sector financiero-bancario de gran influencia en la política hacendaria-tributaria del país. Enfrentamos, en consecuencia, una plutocracia reinante de gran influencia en la institucionalidad pública de toma de decisiones ejecutivas.
5) Esta plutocracia reinante ejerce su actividad cotidiana de control social a través de los partidos Liberación, Acción Ciudadana, Unidad (PLUSC-PAC) y el turequismo afín a los tres (como los cristianos). La disputa entre estos partidos es, fundamentalmente, por puestos claves en la Asamblea Legislativa, en el gobierno de turno. Los tres primeros renegaron de sus presuntas filosofías políticas originales y todos sirven, hoy, al neoliberalismo excluyente y depredador. El pueblo trabajador y las capas medias están, prácticamente, dejadas de la mano de Dios.
6) La plutocracia reinante y sus partidos políticos tienen, entre sus objetivos estratégicos todavía no alcanzados, lograr que se privaticen las empresas públicas que siguen siendo de propiedad estatal y que generan importantes rentas anuales, las cuales son un manjar apetecido por parte de los grupos económicos integrantes de esa plutocracia reinante. Son varios miles de millones de dólares al año que, según la lógica política dominante en estos momentos, no deberían ser de propiedad público sino para hacer crecer el capital privado… el de esos grupos, por supuesto.
7) Según la plutocracia reinante y sus partidos políticos (el PLUSC-PAC, básicamente), tales empresas públicas deben dejar de ser propiedad estatal y pasarse al capital privado (venta de activos, le llaman); por tanto, es mejor dejar que el déficit fiscal nunca se arregle por el lado de la justicia social; es mejor dejar que la deuda y su obsceno pago de intereses sigan estrangulando el presupuesto del Gobierno, para que esto llegue a un punto tal de desesperante asfixia de la economía, que se logre la justificación “moral” ante la sociedad de que se debe proceder con la venta de activos.
8) Por otra parte, hacer avanzar la tesis de la plutocracia reinante en cuanto a la venta de activos, implica el ataque sistemático al sector público, desprestigiándolo al máximo; Es en este marco en que debe verse la tramitación legislativa del actual proyecto Ley Marco de Empleo Público, la cual es parte esencial de la tríada de legislación contra el sector público impulsada por el PLUSC-PAC. Ya se tramitaron, “exitosamente” las dos primeras: el combo fiscal (Ley 9635) la ley anti-huelgas (Ley 9808); esta última, aprobada con la venia legitimadora de varias personas integrantes de la actual dirigencia sindical del país.
9) El proyecto Ley Marco de Empleo Público busca, además, la transformación estructural-conceptual de las ideas fundamentales incluidas en la Constitución Política, todavía vigente en el país, del 7 de noviembre de 1949. Las diputaciones del tripartidismo gobernante (PLUSC-PAC y su turequismo funcional), están extralimitándose en sus potestades legislativas pues están, en la práctica, variando (peligrosamente), esa Carta Magna, transformándola de facto. Las consecuencias de estos violentos y aventureros actos legislativos están por verse. Al respecto, recomendamos la lectura del artículo escrito por el ciudadano Manuel Hernández, El asalto a la democracia y la ruptura del pacto social (https://semanariouniversidad.com/opinion/el-asalto-a-la-democracia-y-la-ruptura-del-pacto-social/).
10) ¿Qué hacer? En la corriente sindical que ocupa nuestra militancia cotidiana, al menos en el tema del proyecto Ley Marco de Empleo Público, las alternativas disponibles pasan por diversos escenarios jurídico-políticos que ya tenemos en elaboración. Sin embargo, la más importante y la más estratégica, frente a la plutocracia reinante, sin duda alguna, es la respuesta popular estructuralmente organizada. Tratamos de dar nuestro aporte multifacético, en tal sentido.
