Por: Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
Vistas las cosas desde el escenario de la lucha social y sindical, tal y como éste se ha venido presentando en las diversas coyunturas sociopolíticas y económicas de los últimos dos gobiernos a cargo del Partido Acción Ciudadana (PAC), aunque con fuerte antecedente en las administraciones precedentes a éstos, a cargo de Liberación Nacional (PLN) y de la Unidad Social Cristiana (PUSC); uno puede plantear varias consideraciones al momento de dar el voto para la conformación de la nueva Asamblea Legislativa, misma que funcionará en el nuevo período constitucional, a partir del 1 de mayo de 2022 y hasta el 30 de abril de 2026.
Primera: La Asamblea Legislativa actual, que terminará su (desafortunada) gestión el próximo 30 de abril de 2022, ha sido la más anti-obrera desde que rige la actual Constitución Política, misma que entró en vigencia el 7 de noviembre de 1949. Tanto por la conformación partidaria que ha tenido, como por la calidad de la legislación emitida, los sectores mayoritarios de la población costarricense, han sido las víctimas socioeconómicas del trabajo parlamentario del presente período constitucional, 2018-2022.
Segundo: Como nunca antes se había manifestado en el plano parlamentario, en los últimos 72 años de vida institucional del país, a partir de la imposición de la llamada “Segunda República”, en 1949; la mayoría de la actual integración de la Asamblea Legislativa en funciones todavía, actuó políticamente bajo el dictado de los denominados poderes fácticos; es decir, entregaron su soberanía autonómica-constitucional como representantes populares y se entregaron a promover medidas legislativas facilitadoras de la concentración del capital. La única ideología que imperó en el presente parlamento costarricense fue la de la plata, la del mercado total, la de la exclusión económica… en síntesis, la de la corrupción desenfrenada a partir de mantener y fortalecer la estructura perversa y corrupta de la fiscalidad tributaria del país.
Tercero: Efectivamente, nunca antes se vio la tendencia política de “legislar desde afuera” tan fuerte, clara y cínica como en el actual período parlamentario; es decir, diputados y diputadas que, congruentes con su docilidad entreguista al gran capital, actúan en el seno parlamentario según el titular de prensa, el comentario televisivo o la estridencia radiofónica de los medios de comunicación oficiales de la plutocracia.
Cuarto: La presente Asamblea Legislativa, anti-obrera y pro-capital, ha estado promoviendo legislación que cuestiona las piedras angulares de la Constitución Política de 1949, como la división de poderes. Igualmente, han estado bajo ataque sagradas legislaciones conquistadas con sangre, como la jornada de ocho horas. Particularmente, el nefasto proyecto Ley Marco de Empleo Público, por su contenido de fondo vino a representar una especie de Golpe de Estado parlamentario. Éste, tan abiertamente detectable y por su tendencia de fuerte autoritarismo-totalitarismo fue, de alguna manera, frenado por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia… por ahora.
Quinto: Dentro de las 57 diputaciones actuales, y como era de esperarse, ha habido algunas de enorme dignidad y de lealtad firme a los valores de la Constitución de 1949. Son la excepción, ¡la gran excepción! No llegan a diez las personas legisladoras que han tenido diversos comportamientos que merecen destacarse, frente al poder político de la plutocracia y sus medios que han venido “legislando desde afuera”. Sin embargo, a estas diputaciones les faltó una mayor articulación estratégica con los movimientos sociales y a éstos entre sí, como para haber establecido el contra-poder fáctico que requería la ofensiva de la plutocracia que, de una manera u otra, ha contado con unas 50 diputaciones fieles; sin hablar de lo que ha representado la acción ejecutiva de Carlos Alvarado Quesada. Hubo intentos y no pueden menospreciarse; hubo acciones que respondían a la necesidad de esta articulación, intra y extra-muros parlamentarios, pero no fue suficiente. Gran autocrítica está pendiente para muchos de nosotros y de nosotras.
Sexto: A pocos días de que arranque la campaña electoral de manera oficial (pues ya todos los partidos están en campaña), ya han empezado a hacerse notar las personas aspirantes que pretenden darle continuidad a la nefasta gestión parlamentaria actual; tanto las que responden a los partidos de la plutocracia con representación parlamentaria en la actual Asamblea Legislativa (Liberación, Unidad, PAC, Restauración, Nueva República); como otros que, también ideológicamente plutocráticos, buscan ansiosamente el “hueso” parlamentario para garantizarse un ingreso económico atractivo y la posibilidad de incrementarlo actuando a favor de intereses de alto corporativismo que suelen comprar votos diputadiles.
Sétimo: Así las cosas, el voto ciudadano para el próximo parlamento revista enorme importancia estratégica para la propia paz de la República, para la misma Democracia, para el fortalecimiento de la institucionalidad deteriorada, para el retorno del bien común a la cosa pública que no es más que la aplicación integral de los Derechos Humanos. Tenemos una gigantesca obligación ético-moral con Costa Rica, ahora que ha llegado al Bicentenario (y ya tenemos absoluta noción en qué condiciones están las mayorías ciudadanas de hoy), de que las próximas personas diputadas que vayamos a elegir, antes que todo, se le paren duro a la plutocracia y a su prensa de odio; por una parte; y, por otra, que conformen (o que ayuden a conformar), el necesario músculo social-popular, la fuerza cívico-patriótica que les ayude en el impulso de esa legislación multifactorial que requiere la introducción estratégica de la promoción del bien común en todas las líneas.
