Un bloque de gigantescas corporaciones multinacionales está propiciando la instauración a nivel planetario, de un sistema de cláusulas que han denominado como “Solución de Controversias entre Inversores y Estados (SCIE, por sus siglas en español), con las cuales tendrían la posibilidad real de llevar a un Estado ante una especie de tribunal cerrado y hermético por haber éste adoptado, en su respectivo gobierno y parlamento, medidas para proteger el interés público y el bien común de su correspondiente pueblo, con lo que se afectarían el negocio multinacional con una regulación de salud pública, por ejemplo.
Las alarmas en los movimientos sociales globales que luchan contra este aspecto perverso de la lógica de la globalización neoliberal dominante, se encendieron de nuevo ante lo que vive el gobierno de Australia, demandado por la corporación tabacalera transnacional Phillip Morris, la cual pretende recibir una multimillonaria indemnización ante una decisión de ese Estado para que los paquetes de cigarrillos se presenten de determinada manera buscando desestimular el fumado.
La gravedad de tal situación hizo que la doctora Margaret Chan, Secretaria General de la Organización Mundial de la Salud (OMS), afirmara: “Hay algo intrínsecamente equivocado en el mundo si se permite que una compañía pueda poner en tela de juicio una política introducida por un gobierno cuyo objetivo es proteger la salud pública de un producto que mata…”.
Acaba de ocurrir en la ciudad de Estambul, Turquía, una importante reunión de grandes bloques sociales y sindicales que luchan contra el imperio de las transnacionales en el mundo, para coordinar acciones de denuncia y de movilización en todo el orbe; considerando que el mencionado sistema de “Solución de Controversias entre Inversores y Estados (SCIE), está siendo empleado por las multinacionales para demandar a los gobiernos por futuras mermas en sus beneficios, cuando se renacionalizan servicios privatizados, incluso cuando la compañía privatizada ha incumplido la ley o cuando la privatización ha resultado un fracaso.
Así nos lo cuenta la entidad sindical mundial, Internacional de Servicios Públicos (siglas ISP, en español), la que nos alerta de que este tipo de cláusulas SCIE se están introduciendo en los nuevos proyectos de tratados de libre comercio (TLC’s); e, incluso, en tratados ya suscritos por los países pues se pretenden enmiendas para cercar más a los Estados y a los gobiernos que tienen ideas y/o proyectos soberanistas, en estas sensibles cuestiones del bien común en contra de los privilegios corporativos.
Las abusivas pretensiones de estas multinacionales llegan al punto de que en esas cláusulas SCIE, los Estados puedan ser demandados en función de los beneficios que esperan obtener en el futuro, incluso cuando la compañía todavía no haya iniciado la línea de negocios en cuestión.
Dado que en nuestro país el ente público encargado de estos asuntos, el Ministerio de Comercio Exterior (Comex), ha venido funcionando como una república independiente o como “un Estado dentro de otro Estado” (especialmente, en la época “anabelista”), sería sumamente interesante auscultar si a Costa Rica le han metido esas cláusulas SCIE, o bien, están introducidas en los tratados en trámite.
Dadas las grandes limitaciones de recursos y de tiempo para las organizaciones civiles como los sindicatos, ojalá que alguna de las universidades públicas estatales nacionales, se interesara en una tarea como ésta; es decir, averiguar de qué nivel es el riesgo del país en torno a estas cláusulas de “Solución de Controversias entre Inversores y Estados”; mismas que más bien deberíamos llamar cláusulas de “Rendición ante los Inversores por parte de los Estados”.
