Albino Vargas Barrantes, Secretario General (ANEP)
Solamente un único factor puede explicar que, a estas alturas de la discusión del llevado y traído tema del más que controversial asunto del empleo público, las diputaciones de los partidos Liberación y Acción Ciudadana (PLN-PAC), mantengan su terquedad enfermiza de aprobar, a como dé lugar, el expediente legislativo No. 21.336, conocido como Ley Marco de Empleo Público.
Ese único factor es que don José María Figueres Olsen, candidato presidencial del PLN, ha decidido darle un sostén político al decadente Carlos Alvarado Quesada y a su agónico gobierno. ¿Y por qué razón estaría comprometiendo y arriesgando su propia elección el candidato verdiblanco apostando a una alianza con el mandatario más desprestigiado, más desacreditado, más repudiado de todos los años transcurridos del período histórico conocido como Segunda República?
No hay otra explicación más que una comunidad ideológica entre Figueres y Alvarado en los aspectos estructurales de uno de los contenidos fundamentales más infames de la concepción neoliberal del déficit fiscal: echarle la principal responsabilidad del mismo a los salarios devengados por las personas trabajadoras del sector Público; una mentira de tal magnitud que únicamente es sostenida desde el fanatismo extremista de los adoradores del dios mercado.
Don José María tiene ya el liderazgo político suficiente como para indicarle a la actual fracción parlamentaria liberacionista que el proyecto Ley Marco de Empleo Público es absolutamente inviable por las siguientes y principales razones:
A) Desde el punto de vista constitucional-jurídico: es imposible que una ley ordinaria como el expediente 21.336, derogue postulados angulares de la carta magna del 7 de noviembre de 1949. Seguir con este proyecto no es más que ejercer una especie de golpismo parlamentario en contra de la actual Constitución Política.
B) Desde el punto de vista macro-fiscal: ni siquiera un punto porcentual del Producto Interno Bruto (PIB) de “ahorro” en las finanzas públicas generarán las mutilaciones salariales incluidas en ese proyecto; siendo que, por el contrario, es por el lado de la deuda pública y del sistema tributario que están las salidas a la actual crisis fiscal del país.
C) Desde el punto de vista social, se va a acentuar la desigualdad por cuanto la abrumadora mayoría de las actuales personas trabajadoras empleadas públicas no devengan salarios de privilegio: pregúntele a los y a las policías, a las personas educadoras de base del MEP, al personal penitenciario, al personal hospitalario sin ley específica en materia salarial, al personal administrativo-profesional de los ministerios… Lo que sí debería existir es una ley reguladora de los salarios de la alta cúpula político-gerencial y tecnocrática del Estado en sus cuatro poderes y en las grandes entidades fuera de éste.
Carlos Alvarado Quesada cometió un embuste político al presentar como “imprescindible” el proyecto de empleo público para el crédito con el FMI, por 1.778 millones de dólares. ¡Eso no es cierto! Estuvimos en una reunión digital con personeros de esta entidad y así quedó constando. Fue él, atendiendo a la campaña del periodismo de odio, quien ofreció la cabeza salarial de 330 mil personas trabajadoras estatales a cambio de ese préstamo, a sabiendas de que estaba cometiendo una gran injusticia y, por supuesto, otra más de las estafas políticas propias de su comportamiento gubernativo.
¿Desea el señor Figueres seguir cohonestando esta patraña? ¿Ha sopesado, realmente, cuánto impacto puede tener en su campaña seguir sosteniendo, políticamente, a Alvarado, al cual la comunidad electoral del Estado, en abrumadora mayoría le repudia, le detesta, le considera un gran estafador político?
Además, ¿cómo se puede sostener tal proyecto de ley que, en su última versión, genera rechazo de la propia Corte Plena del Poder Judicial, de la misma Procuraduría General de la República (PGR), del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), de la Universidad de Costa Rica (UCR), etc.?
El proyecto Ley Marco de Empleo Público está ya en el descrédito total. Los más notables juristas costarricenses de la actualidad, con diversas posiciones filosófico-políticas, se han encargado de demostrar sus inconexidades, sus incongruencias, sus contradicciones, sus estúpidas ocurrencias pues, como lo que lo sostiene es una concepción fanático-extremista anti-Estado, ese proyecto es catalogado como un “Frankenstein jurídico”, como un “ornitorrinco jurídico”.
Estamos planteando que este asunto del empleo público, pásenlo a las propias autoridades políticas del país, ejecutivas y legislativas, que se elegirán el próximo domingo 6 de febrero de 2022. Un proceso realmente participativo de abordaje segmentado del empleo público que permita construir una integralidad conceptual y operativa del mismo para la sociedad de la desigualdad, que ya lo somos, es lo que recomendamos.
