Albino Vargas Barrantes
Secretario General
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)
Quizás sea este el momento propicio para que hablemos del más que importante Banco Popular y de Desarrollo Comunal (BPDC); involucrado cómo está en la crisis fiscal en desarrollo, dado su papel de relevante acreedor del Gobierno Central, comprándole a éste impresionantes cantidades en bonos de deuda pública.
Al menos, 4.25 puntos PIB es el monto equivalente de la plata de las pensiones que administra este banco, “invertida” comprándole bonos de deuda pública al casi quebrado Gobierno.
Cifras publicadas al respecto, indican, exactamente, que se trata de un millón setecientos noventa y nueve mil millones de colones (1.799.000.000.000), que están “en papel”, en esos bonos de deuda pública cuya sobrevivencia financiera plantea diversas interrogantes.
En realidad, esta cifra asusta pues está cerca a los 3 mil millones de dólares USA.
Pensamos que la inmensa mayoría de la clase trabajadora cotizante obligada del Banco Popular, tanto del sector público como del privado, no tiene ni la más mínima noción acerca de las operaciones financieras de esta entidad, diversas y complejas y no exentas de riesgos.
La atinada idea original de un banco obrero parece haber sido transformada para ser parte componente o factor estructural de una hegemonía ideológica y político-financiera que no tiene en la promoción del bien común y en la real inclusión social, la centralidad fundamental de su existencia.
Lo que se estableció como la fuente original del poder en el seno del Banco Popular, su Asamblea de Trabajadores y de Trabajadoras, con su integración multisectorial; parece que, en el plano de lo real, está en gran fragilidad y sumida en una formalidad insustancial.
El real poder en el BP está en otra parte, menos en su estructura formal.
Definitivamente, se impone la necesidad de que la generalidad de la parte obrera cotizante del Banco Popular, se organice al margen de su estructura formal, a fin de establecer un proceso de fiscalización, civilmente autónomo, que produzca elementos independientes para valorar la seguridad financiera institucional en un escenario de crisis fiscal de proporciones y consecuencias insospechadas.
No es descabellado plantearse que, en el marco de las condiciones actuales, político-estructurales y tributario-fiscales, adversas en grado sumo al mundo obrero-social; tengamos que repensarnos el Banco Popular en sus posibles conexiones de relación directa con el bienestar del pueblo trabajador; como, por ejemplo, su relación con el Sistema de Pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
