Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
El nuevo Gobierno de la República debe, de manera ineludible, poner una seria y sólida atención al grave problema que representa para la clase trabajadora la creciente distancia entre el alto costo de la vida y el retroceso en el poder de compra de los salarios, tanto el que devengan quienes laboran en el sector privado como el que se ganan las personas trabajadoras estatales de ingresos medios y bajos.
Hay cuatro consideraciones fundamentales en este asunto que no admiten discusión alguna pues resultan verdades irrefutables: 1) La Costa Rica que recibirán las nuevas autoridades políticas, legislativas y ejecutivas es ya una sociedad golpeada por la desigualdad a todo nivel. 2) Tenemos un costo de la vida de los más altos de la América Latina, agravado por los acontecimientos bélicos que están ocurriendo entre Rusia, Ucrania y la OTAN (liderada por Estados Unidos). 3) No existe una política salarial, debidamente consensuada, técnicamente sustentada y, sobre todo, estratégicamente diseñada para aportar en la reducción de la desigualdad. 4) Unas finanzas públicas carcomidas por la corrupción tributaria, por el alto endeudamiento público y por el abusivo y obsceno pago de intereses diarios.
Así las cosas, es imprescindible que el nuevo mandatario, el señor Rodrigo Chaves Robles, tenga presente lo siguiente: A) Urge la realización de una revisión estructural con relación al salario mínimo para determinar si su nivel actual está en correspondencia directa con lo que ordena la Constitución Política de Costa Rica en su Artículo 57: “Todo trabajador tendrá derecho a un salario mínimo, de fijación periódica por jornada normal, que le procure bienestar y existencia digna”. Preguntémosle a una persona trabajadora agrícola, de plantaciones bananeras o piñeras si su salario mínimo actual le procura bienestar y existencia digna. Hagámosle la misma pregunta a un chofer de autobús, o a un vigilante de seguridad privada, o a una empleada de comercio. Por otra parte, se debe volver a la fijación semestral por ajuste de costo de vida. Gran error se cometió en el seno del Consejo Nacional de Salarios (CNS), cuando el gobierno actual impuso la fijación anual en tal sentido.
B) Para el caso de la clase trabajadora asalariada del Estado, es preciso lo siguiente: Pagar inmediatamente el reajuste por costo de vida impuesto, de manera unilateral, por el Gobierno saliente para el año 2021. Este lo decretó, lo presupuestó, lo financió, pero lo tiene retenido. ANEP tiene ya en sede judicial este problema, pero las nuevas autoridades pueden, actuando de buena fe, honrar tal compromiso político. Esto, para empezar. Por otra parte, hay grupos de personas servidoras públicas del Gobierno con salarios-base realmente miserables, tales como cuerpos policiales, programa CEN-CINAI y de Control de Manejo de Vectores, vigilancia y seguridad en centros educativos, entre otros. Hay que revisar esto y, a la vez, establecer una política salarial para el cuatrienio 2022-2026.
En este caso del Sector Público, el tema candente es, sin duda, la Ley Marco de Empleo Público, misma que deberá entrar en vigencia el 9 de marzo de 2023. El todavía Presidente electo ha anunciado su disposición a una negociación. Hay un grave problema salarial en perspectiva, entre otros factores que vulneran el servicio público en cuanto a su fuerza laboral. Pero, sin duda alguna, habrá que poner en mesa llegado el momento este pilar fundamental de la actual Carta Magna del país: “ARTÍCULO 34.- A ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, o de sus derechos patrimoniales adquiridos o de situaciones jurídicas consolidadas”.
