El caso de los 108 estudiantes que fueron admitidos en la Universidad Nacional (UNA) de forma anómala, y a los cuales no se les anuló su matrícula debido a que caducó el plazo para hacerlo, retumba en la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP).
Carlos Cruz, director de la seccional de ANEP en la UNA, exige que la universidad revele los nombres de esos estudiantes.
“Lo que van a hacer es todo lo posible porque no salgan los nombres de los estudiantes que fueron admitidos irregularmente, pues cualquier periodista o investigador acucioso vería, y diría pero este es hijo del decano tal, del miembro universitario tal. Lo que pasó en la Universidad es que se abrió un portillo, la gente encontró que el muchacho y la muchacha que no ganó el examen de admisión lo metían por ahí”, sostuvo Cruz.
Francisco González, vicerrector Académico de la UNA, alegó que fue un error de interpretación el que llevó a admitirlos en condiciones irregulares.
“Se trató de alumnos que se sometieron de buena fe a los procedimientos que las instancias universitarias aplicaban, y que por error de interpretación de las distintas autoridades de las unidades académicas en los procedimientos administrativos y normativas aplicables, se tenían como válidos (no existiendo dolo alguno en estas actuaciones). En todos los casos determinados se detectó que ocurrieron con anterioridad al año 2009, y en muchos de ellos ya los jóvenes habían concluido sus estudios en apego a lo contemplado en los diferentes planes de estudio. Por lo que en aplicación de los tiempos de caducidad, según la normativa nacional vigente, no se podían iniciar procesos de nulidad contra los estudiantes, tomando en consideración además los daños colaterales que se les podía causar a los mismos.
DIARIO EXTRA solicitó la lista de los estudiantes a la UNA, pero la entidad no las envió pese a la petición.
IRREGULARIDADES
Las anomalías en las matrículas quedaron comprobadas desde el 2009, cuando en un informe de la Controlaría Universitaria se verificó la denuncia de la jefa de admisión Sonia Salazar, quien señala que se estaba utilizando la figura de estudiante extraordinario para saltarse los requisitos.
Cuatro años después, el Consejo Universitario resolvió que las matrículas no podían anularse porque había caducado el periodo para ello, y también resolvió que ningún funcionario de la entidad, incluida la actual rectora Sandra León, tenía responsabilidad de los hechos.
“Siguiendo el debido proceso fueron los diferentes superiores jerárquicos los cuales realizaron las investigaciones, y tomaron las correspondientes resoluciones, mismas que constan en cada expediente, incluyendo la de la señora Rectora, en donde se nombró un órgano director competente”, alegó González.
Para Cruz es inaceptable que “a la Controlaría Universitaria le tomó nada más dos meses para hacer una investigación y decir que todas las irregularidades que denunció la jefe de admisión son ciertas”, mientras al Consejo Universitario cuatro años, en donde todos los casos prescribieron. Además asegura que todos los funcionarios quedaron libres porque están involucrados en la misma investigación.
Para el representante de la ANEP aparte de las anomalías, es inaceptable que a la jefa de Admisión que denunció los hechos la Universidad la someta a un proceso de acoso laboral, que ya fue dictaminado así por un juez. Sobre la condena por acoso la UNA confirmó que ya apeló el fallo, y por el momento no se va a referir al estar en los tribunales.
