Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
Aunque parezcamos una “voz en el desierto”, una vez más volvemos con el tema. Parece que estamos condenados a no tener otro futuro que no sea el de atender el infernal servicio de la deuda pública; o, más bien, el barril de pólvora que representa una impagable deuda pública que viaja hacia los 50 mil millones de dólares ($50.000.000.000).
Gigantesca e impagable deuda pública, deuda eterna, generada en los 40 años transcurridos entre 1982 y 2022; diez administraciones gubernativas distribuidas así: 5 del PLN; 2 del PUSC; y las 2 más recientes del PAC (aunque este, en esencia, terminó siendo “seccional” del liberacionismo).
Lo que queremos resaltar es que es el Partido Liberación Nacional (PLN) el responsable fundamental de la catástrofe del endeudamiento público y de su contracara: el fomento y la tolerancia de la complicidad política con el doblemente perverso sistema tributario costarricense: cruelmente injusto y criminalmente corrupto.
Una a una, cada persona que llegó a la Presidencia de la República en estos 40 años debe ser sometida, al menos, a un juicio político de corte popular por tenernos al borde del precipicio; pues, aunque en él no caigamos, nos obligan a la abrumadora mayoría ciudadana a vivir con un terrible miedo social de irnos a ese indescriptible abismo de una quiebra-país: el cataclísmico “default”.
Luis Alberto Monge Álvarez (q.d.D.g.), Óscar Arias Sánchez, Rafael Ángel Calderón Guardia, Miguel Ángel Rodríguez Echeverría, José María Figueres Olsen, Abel Pacheco de la Espriella, Laura Chinchilla Miranda, Luis Guillermo Solís Rivera y Carlos Alvarado Quesada son los nombres y son los rostros de las personas responsables políticas fundamentales de la desigualdad social que ya se ha entronizado en el país; pues los necesarios recursos públicos para combatirla se los devora el infernal servicio de la deuda pública que en sus respectivos gobiernos fue creciendo y creciendo.
Por otra parte, ni la legislativa izquierda socialdemócrata actual ni mucho menos el variopinto abanico de la derecha parlamentaria del momento, tienen interés genuino en tocar el punto con la profundidad multifactorial requerida. Lo que pasó en el 2021 con el servicio de la deuda pública es dramáticamente cruel.
Durante cada uno de los 365 días de ese año 2021, se pagaron 5 mil 200 millones (¢5.200.000.000.000), cada 24 horas, solamente por concepto de intereses.
Un total de 1 billón 900 mil millones de colones (¢1.900.000.000.000), equivalentes a unos 2 mil 700 millones de dólares ($2.700.000.000).
Recalcamos: solo por concepto de intereses de la deuda pública hubo que cancelar 2 mil 700 millones de dólares, en el pasado año 2021, sacados del presupuesto central del Estado.
Imaginen ustedes que esa gran cantidad de dinero público hubo que quitársela a diversos programas sociales, educativos, a la seguridad ciudadana, al fomento agropecuario, a vivienda social.
Y esa circunstancia de que se debe darle prioridad política a atender el infernal pago de la deuda pública y de sus intereses; causa que las personas trabajadoras del sector Público sean “castigadas” con un brutal congelamiento salarial total durante, al menos, la década comprendida entre los años 2023-2033; según lo ordena la perversa Ley Marco de Empleo Público, No. 10159, cuya entrada en vigencia está señalada para el 9 de marzo del año entrante.
Nos parece que ahora se puede comprender mejor que el infernal servicio de la deuda pública puede ser calificado, también, como el barril de pólvora del servicio de la deuda pública.
