Albino Vargas Barrantes, Secretario General de ANEP
Se va acercando la fecha del 9 de marzo de 2023. Es el día fatídico para todas las personas trabajadoras asalariadas estatales, pues es la fecha de entrada en vigencia de la perversa Ley Marco de Empleo Público (LMEP), número 10.159.
La corriente sindical en la cual militamos, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), está realizando un fuerte proceso de información y de sensibilización en el seno de los diversos grupos laborales del empleo público, acerca de las graves consecuencias económico-salariales y sociales de esta perversa ley.
Perversa es la más adecuada palabra-concepto que hemos encontrado para definirla, dada la magnitud de sus efectos negativos en los núcleos familiares del empleo público y más allá del mismo.
«Curiosamente», los principales partidos políticos de la clase gobernante tradicional le dieron sus votos; siendo que los mismos y sus diez administraciones consecutivas son los responsables directos de que la deuda pública del país esté en un 70 % con relación al Producto Interno Bruto (PIB).
Es precisamente este dato-circunstancia el que impone el congelamiento salarial brutal por una década, 2023-2033, a quienes trabajan para el Estado; y, ni siquiera habrá reajuste semestral salarial por costo de vida en esos diez años.
Según los «ideólogos» de la perversa LMEP, habrá reajustes por costo de vida hasta que el nivel de la relación deuda pública/PIB, baje del 70 % al 60 %. Y eso demoraría, en el mejor de los casos, una década: 2023-2033.
Esas diez administraciones gubernativas se dieron entre los años 1982 – 2022.
Hubo 5 gobiernos del PLN, 3 del PUSC y 2 del PAC.
Al final de tal período, mayo 2022, la deuda pública que dejaron esos 10 gobiernos va hacia el espantoso monto de 50 mil millones de dólares ($50.000.000.000).
Nosotros estamos rechazando, de manera categórica y contundente, esa perversa LMEP.
Razones sobran y de diverso orden: constitucional-jurídico, ético-moral, de Derechos Humanos (DD. HH.), fiscal-tributario, jurisprudencial-administrativo.
El que más rechazo nos genera, es del congelamiento salarial brutal.
La clase trabajadora, ni la pública ni la privada, es responsable de esa monstruosidad del endeudamiento público de los casi ya 50 mil millones de dólares.
Por eso que se le cobre el mismo, vía brutal congelamiento salarial (entre otros espantosos efectos que ya se están manifestando y otros que vienen próximamente), no tiene perdón de Dios.
Es nuestro mayor desvelo que esto lo entienda, lo comprenda, lo interiorice quien es policía, quien es persona educadora y trabajadora del Magisterio Nacional, quien labora para la Caja y la Seguridad Social, quien lo hace para las municipalidades, quien trabaja en todos los ministerios y sus entes adscritos, en las instancias judiciales y de la universidad pública.
Esto es muy pero muy grave. Y es que no solamente es la cuestión de la deuda pública; la cuestión es más profunda: es el ataque más ideológicamente artero al orden de convivencia que se pactó, luego del conflicto armado entre costarricenses, en 1948; orden de paz que es la Constitución Política del 7 de noviembre de 1949.
La Ley Marco de Empleo Público (LMEP), en su esencia perversa representa un Golpe de Estado parlamentario a la Constitución de 1949.
