Albino Vargas Barrantes, Secretario General
Suele ocurrir que a la nueva administración ejecutiva del país que asume el 8 de mayo, previsto en la Constitución, se le hace una evaluación de sus primeros 100 días de gestión; análisis que son siempre subjetivos dependiendo del cristal con que se realicen.
En el caso nuestro, haremos algo distinto. Empecemos. La distinguida ciudadana Isabel Román Vega, coordinadora del Informe del Estado de la Nación, publicó un artículo titulado: “¿Por qué preferimos la desigualdad?”, del cual citamos:
“El crecimiento de la desigualdad en Costa Rica, en los últimos 25 años, ha generado una sociedad con mayor exclusión y menos integrada en la que el principio de solidaridad es cada vez menos común. Como consecuencia, se han ido perdiendo significativas cuotas de cohesión social que el país requiere recuperar para hacer frente a los complejos desafíos que tiene por delante”.
Esos 25 años, están entre 1996 y 2021: son las Administraciones Figueres Olsen, Rodríguez Echeverría, Pacheco de la Espriella, Arias Sánchez (la segunda), Chinchilla Miranda, Solís Rivera y Alvarado Quesada. Los partidos: PLN, PUSC y PAC.
Le hicimos llegar al Presidente Chaves Robles, durante el acto oficial de los 100 días de su gobierno, carta en la cual le puntualizamos a él nuestro temario de varias problemáticas socioeconómicas derivadas de ese crecimiento de la desigualdad generada por los gobernantes anteriores.
Y, conforme a nuestra visión-país centrada en el ejercicio de un sindicalismo sociopolítico, el nuevo Gobierno debe atender con urgencia, al menos, lo siguiente para atajar el crecimiento de esa perversa desigualdad. Veamos:
– Renegociar el obsceno pago diario de intereses de la deuda pública, por una parte; por otra, medidas drásticas de combate a todas las formas de evasión fiscal-tributaria.
– Congelar la entrada en vigencia de la Ley Marco de Empleo Público. Abrir una mesa de trabajo al respecto para discutir la grave problemática del salario en los sectores más vulnerables de la Administración Pública.
– Impulsar un nuevo salario mínimo para el sector privado conforme a lo ordenado constitucionalmente; y, descartar el imprudente proyecto político-ideológico de eliminar la histórica jornada de 8 horas.
– No debe insistirse en la Alianza del Pacífico y, en su defecto, llamar a las entidades legítimas de la producción agropecuaria nacional para entrarle duro al tema de la soberanía y seguridad alimentaria nutritiva.
– Fortalecer la defensa del agua, ahora que es Derecho Humano Fundamental y prohibir, totalmente, el clorotalonil.
– Detener la entrada en vigencia, en el 2024, de la injusta reforma de pensiones del régimen IVM-CCSS pues no todo está dicho.
– Tomar acciones políticas contundentes para que impere la transparencia en el manejo del ROP a lo interno de la SUPEN.
– Instalar el proceso para implementar la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre Libertad Sindical, Negociación Colectiva y Derecho de Huelga.
– Fortalecer la inversión en Educación Pública sin recortes presupuestarios ideológico-fiscalistas.
– Consolidar el modelo eléctrico nacional manteniendo el CENCE dentro del ICE.
