Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
Está muy arraigado en los círculos obrero-sociales y asalariados del país, tanto a nivel del sector Privado como del sector Público, que la Superintendencia de Pensiones (SUPEN), en manos de la señora Rocío Aguilar Montoya, ha perdido toda credibilidad y confianza.
Es más, hasta en importantes círculos político-partidistas ella ya perdió autoridad, al punto que ya, abiertamente, se pide su salida de tan importante cargo público, muy bien remunerado, por cierto.
Bien se sabe que en estas cuestiones del mundo de las “grandes” finanzas, la credibilidad y la confianza resultan vitales y en todo este asunto de las pérdidas que están dándose en el Régimen Obligatorio de Pensiones, las nebulosas, las dudas, el enojo y la indignación es lo que está imponiéndose en algo tan sensible como lo del ROP.
Dos importantes organizaciones sindicales le han enviado una nota a doña Rocío exponiéndole importantes interrogantes, mismas que, seguros estamos, son preguntas generalizadas en el conmocionado ambiente de la problemática actual del ROP. Se le pide a ella lo siguiente:
1. El nombre y dirección de todas las operadoras de pensiones inscritas en la SUPEN, autorizadas para administrar los fondos del Régimen Obligatorio de Pensiones.
2. Si la SUPEN autorizó invertir más del 25% del fondo del Régimen Obligatorio de Pensiones fuera del país y el nombre de cada operadora que recibió dicha autorización.
3. Fecha de la autorización, en cada caso, para invertir más del 25% en el extranjero e indicar lo siguiente: A) Naturaleza de los títulos en que se autorizó la inversión. B) Las entidades públicas o privadas en el extranjero que recibieron las inversiones de las operadoras de pensiones de Costa Rica. C) Porcentaje de inversión en cada una de esas entidades, en caso que el porcentaje autorizado se haya dividido en varias de ellas. D) Monto total y tipo de moneda invertido en el extranjero por cada operadora de pensiones. E) Tasas de interés de las inversiones realizadas en el extranjero. F) Los rendimientos o las pérdidas de cada inversión realizada en el extranjero por cada operadora de pensiones en los últimos sesenta meses.
4. Monto de las inversiones de cada operadora de pensiones realizadas en Costa Rica, por mes.
5. Las tasas de intereses de las inversiones de los Fondos de Pensiones en Costa Rica de los últimos sesenta meses, por cada operadora de pensiones.
6. Los rendimientos declarados mensualmente por cada operadora de pensiones de acuerdo a las tasas de interés indicados en el punto anterior.
7. Monto total de comisiones percibidas y declaradas por las operadoras de pensiones de Costa Rica en los últimos sesenta meses.
8. Comisiones autorizadas por cobrar por las operadoras.
Sin duda alguna, las organizaciones sindicales que emplazan a doña Rocío, ANEP y ASDEICE, recogen un amplio consenso cuestionador del accionar de la SUPEN en materia del ROP. Las respuestas que ella dé pasarán a ser analizadas por un grupo de personas profesionales expertas, generándose así una fuerte masa crítica argumentativa que debe derivar en propuestas de reforma del ROP; propuestas adicionales que ya han venido siendo planteadas, destacándose una que establece una devolución de hasta el 30% del fondo acumulado por cada persona trabajadora; pero eso sí y en este caso creemos nosotros, que no sea para dárselo a las entidades financieras acreedoras de las personas trabajadoras.
De manera adicional, puede ser que las respuestas de doña Rocío al emplazamiento de ANEP y de ASDEICE, fundamente la necesidad de formular más interrogantes. Algo contundente es posible concluir en todo este asunto del ROP: la gente trabajadora quiere total transparencia en su manejo. La gente trabajadora percibe que tal transparencia, hasta la fecha, no ha existido.
