Don Jorge Torres Carrillo, Ministro de Seguridad Pública, le pidió a la Asamblea Legislativa más presupuesto para atender la creciente y, al parecer indetenible, ola de criminalidad, de violencia y de asesinatos que está azotando al país.
Don Jorge planteó que urgen 35 mil millones de colones al respecto, que incluye la contratación, no menos urgente, de 2 mil policías.
La semana pasada comentamos en este mismo espacio que, en un solo día, específicamente el 1 de enero de 2023, el Gobierno tuvo que pagar por concepto de los leoninos intereses de la deuda pública, nada más y nada menos que 5 mil millones de colones.
Y, al sétimo día de ese pago diario, se llegó a la cifra de 35 mil millones de colones; “curiosamente”, una cantidad igual a la pedida por el jerarca ministerial de la seguridad del país, para atender la emergencia de la violencia que estamos sufriendo como sociedad.
Repetimos: con solamente la cantidad que exige durante siete días el pago de intereses de la deuda pública, se podría fortalecer en algo, el servicio público de la seguridad ciudadana ante la grave precariedad en que se encuentra a todo nivel: personal policial insuficiente y mal pagado con deudas salariales que no les quieren honrar, equipo obsoleto o nulo, vehículos insuficientes y/o en mal estado, avituallamiento insuficiente e inapropiado, retraso tecnológico, etc., etc.
Bien se sabe que la ciudadanía se siente indefensa y la embarga una gran preocupación ante la creciente inseguridad que campea por los cuatro puntos cardinales del país.
El problema tiene diversas vertientes que se deben analizar. La principal, según nuestra visión sindical, muestra las consecuencias de un modelo económico diseñado para concentrar la riqueza, para impulsar el crecimiento de la desigualdad, para precarizar el empleo y los salarios; y, para, legitimar que es la corrupción en sus distintas manifestaciones, la “mejor” vía para el ascenso social.
Nosotros hemos venido insistiendo en que la deuda pública del Gobierno Central y su obsceno pago de intereses diario, es la raíz de todos los principales problemas que afectan los servicios públicos esenciales, como lo es de la Seguridad Ciudadana.
Pero, en la clase política gobernante (la que administra y la que hace de oposición), no hay nadie que quiera “metérsele al tren” de la deuda pública que sigue creciendo, a toda velocidad, sin control.
Con una buena auditoría de la deuda pública y su abusivo y criminal, socialmente hablando, pago de intereses, a lo mejor, al Sr. Ministro Torres Carrillo se le podrían asignar ya esos 35 mil millones de colones que, según él, con eso “se le jugaría” para estar con condiciones un poco mejores ante la desgarradora ola de violencia con que empezó el año 2023; y, en vez del pago diario de intereses de 5 mil millones, parte de los mismos irían para el servicio público de la seguridad ciudadana.
