Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
Furia, enojo y amenaza de parte del Gobierno es lo que ha generado la avalancha de pronunciamientos de la casi totalidad de los concejos municipales, con relación a cerrarle el paso a la intromisión política e ideológica en el seno de los gobiernos locales de nuestro país, de varios de los más perversos contenidos de la Ley Marco de Empleo Público (LMEP), No. 10.159, la cual entró en vigencia el pasado viernes 10 de marzo de este año 2023.
Con base en lo que esa misma ley indica en su artículo 6, una a una, las municipalidades del país, a partir de la gestión directa de sus correspondientes organizaciones sindicales de base, han votado que para que la institucionalidad democrática representada en la autonomía constitucional del régimen municipal se mantenga; conforme a la historia republicana costarricense que tiene en la municipalidad, el gobierno más cercano a la gente, a la ciudadanía.
Dice ese artículo 6 de la perversa LMEP lo siguiente: “Creación del Sistema General de Empleo Público. La rectoría del Sistema General de Empleo Público estará a cargo del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan). Se excluye de esta rectoría las relaciones de empleo de las personas servidoras públicas que desempeñen funciones o labores administrativas profesionales o técnicas, que sean exclusivas y excluyentes para el ejercicio de las competencias constitucionalmente asignadas al Poder Legislativo, al Poder Judicial, al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y a los entes públicos con autonomía de gobierno u organizativa, según la determinación que realice la respectiva institución”.
¡Y es que fue eso, precisamente, lo que pasó! Con una fuerte fundamentación jurídico-legal y constitucional, cada concejo municipal, en su carácter de ente público con autonomía de gobierno y organizativa, determinó que todo su respectivo personal trabajador, realiza funciones exclusivas y excluyentes: sus sectores operativo, administrativo, técnico y profesional. Todo dentro de la ley, nada fuera de ella.
Ahora, haciendo gala de una prepotencia y una arrogancia repudiable, la jerarca política máxima del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan), doña Laura Fernández Delgado, amenaza a toda la comunidad municipal de cada cantón de la República en doble vía: ir a tribunales (seguro, en sede contencioso-administrativa), para cuestionar cada votación concejal soberana adoptada en lo indicado en el artículo 6 de la perversa LMEP; y, lo que es más grave, aún, anuncia que bloqueará la aprobación de los correspondientes presupuestos municipales para el 2024, ante la Contraloría General de la República (CGR).
Doña Laura, apadrinada como es lógico suponer por el propio Presidente de la República, quiera saltarse la propia Carta Magna del 7 de noviembre de 1949, para así profundizar lo que en su momento significó la aprobación de la perversa LMEP, en el cuatrienio legislativo anterior, 2018-2022, cuando ocurrió, según nuestra visión, un Golpe de Estado parlamentario a nuestra Carta Magna.
Desde esta columna de plena Libertad Expresión que nos permite DIARIO EXTRA, alertamos a toda la comunidad municipal costarricense: a su personal trabajador y a las organizaciones obrero-sindicales que les representan; a sus autoridades políticas: alcaldía y concejos, regidores y regidoras, síndicos y síndicas; a las fuerzas vivas de cada cantón y, por supuesto, a sus partidos políticos aspirantes para las elecciones municipales venideras. Hay que cerrarle el paso a esas tendencias autoritario-totalitarias que pretenden hacer de la democracia en los gobiernos locales, una caricatura.
Hay algo más grave aún. Denunciamos que se va a entregar al Fondo Monetario Internacional (FMI), la autonomía histórico-constitucional de los presupuestos municipales. Este Gobierno pretende comprometer el sometimiento de los presupuestos municipales a la lógica perversa de la Regla Fiscal, a un 15%, sino más. Una nueva delegación del FMI vendrá al país en próximas semanas y hay que estar en guardia. En realidad, esto es sumamente grave pues hemos notado como esa Regla Fiscal tiene en precariedad total a la Fuerza Pública.
