ANEP felicita a los cuerpos policiales de inteligencia de la Fuerza Pública, en especial al de la Policía de Control de Drogas (PCD), por esta fuerte acción anti-narco, que logró evitar el embarque a puertos europeos de, prácticamente, 900 kilos de cocaína.
ANEP saluda como correcta la decisión presidencial de la toma del control policial de los muelles limonenses, aunque sabemos que Costa Rica ya estaba con la soga al cuello ante los gobiernos de Estados Unidos, de la Unión Europea (UE), así como ante la propia OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico). Esta fuerte presión política de tan alto nivel y combinada, nos puso contra la pared como país.
ANEP, no obstante, expresa su preocupación de que se tenga que desvestir un santo para vestir otro, es decir que, dada la falta de efectivos debido a los irracionales recortes presupuestarios, especialmente especializados, de la Fuerza Pública, se descuiden puntos geográficos, estratégicamente delicados, como Punta Burica, Peñas Blancas y otros.
ANEP exige la rescisión del contrato leonino con APM Terminals por severo incumplimiento en materia de seguridad y por habernos llevado cómo país al borde del abismo. Se pusieron en riesgo miles de empleos de personas trabajadoras de las producciones bananera y piñera, sin hablar del deterioro de la imagen del país. APM Terminals no puede quedar impune.
ANEP estima que la eventual rescisión del contrato con APM-Terminals no tiene por qué afectar a las personas trabajadoras actuales de esta transnacional y que han venido efectuando su labor de manera impecablemente honesta. Tendrán cabida en las nuevas condiciones de operación de los muelles de Limón y de Moín.
ANEP crítica y condena que, con dineros públicos de la seguridad ciudadana, precarios y escasísimos, se le haga la tarea a APM-Terminals, ¡de gratis! ANEP exige, al menos, elevarle el canon a APM Terminals, ¡pero ya! Además, que se le permita a Japdeva entrar a competir pues tiene el “know-how” y la logística para hacerlo.
ANEP exige la salida-exclusión del personal trabajador de los cuerpos policiales de la perversa Ley Marco de Empleo Público. Se les debe librar de la condena del salario global que los impondrá un congelamiento salarial de varios años continuos.
Por otra parte, ANEP, una vez más, exige que se les pague el reajuste de los 7.500 colones que, por concepto de elevación del costo de la vida, se decretaron al final de 2019 y que entraron a regir desde el 1 de enero de 2020. Al terminar el presente año 2023, se ajustarán una deuda del Estado con cada persona trabajadora asalariada de la seguridad ciudadana de 48 meses, más lo correspondiente a aguinaldo y a salario escolar. ¡Sí hay dinero en las arcas públicas para que el Estado honre esta deuda ya no solamente para el personal policial del país, sino para el resto del personal estatal que está bajo un injusto y severo congelamiento salarial!
ANEP demanda que tanto el Gobierno de la República como la propia Asamblea Legislativa definan, conjuntamente, excluir al presupuesto de la Seguridad Ciudadana de la perversa regla fiscal, no solamente para impartir a los y a las policías una real justicia salarial y laboral; sino para, el fortalecimiento estratégico de su capacidad operativa para enfrentar el ascendente desarrollo delincuencial y del crimen organizado.
San José, domingo 16 de julio de 2023.
Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto ANEP
