Con gran pompa y teatralidad, bajo un nombre rimbombante, Operación Soberanía, el Presidente Chaves se presentó en Limón para la inauguración-instalación de dos escáneres, específicamente en el Puerto de Moín.
Y es que le tocó a él la parte más dura, más intensa, más conflictiva de la presión internacional a fin de que el país procediera con tal medida, habida cuenta de que la imagen exterior de Costa Rica había alcanzado ya, peligrosísimos niveles de deterioro porque se nos había conceptuado como el principal centro distribuir de cocaína de las Américas y de otros estupefacientes hacia, principalmente, los mercados europeos y norteamericanos.
Incluso, el país fue amenazado de que ya no se recibirían en terminales portuarias europeas más embarques de piña y de banano, si el puerto-narco en que se convirtió APM Terminals, seguía operando, cínica y descaradamente, en el trasiego de estupefacientes.
La presencia en el acto presidencial de las embajadoras de Estados Unidos y de España (Unión Europea), confirma que “el ya no aguantamos más”, que el ultimátum que Costa Rica recibió para que procediera a la instalación de los escáneres, llegó a un punto tal que superó a las fuerzas políticas internas que venían conspirando a lo largo de los últimos gobiernos para que no se instalaran esos escáneres.
Incluso, recordamos la fuerte gritería de las cámaras empresariales que objetaron el cobro de 25 dólares por furgón escaneado, alegando -como siempre lo hacen-, que “pobrecitos” los consumidores que tendrían que hacerse cargo de esa nueva carga en el precio final de los productos que pasan por esos puertos ahora “escaneados”.
Admitimos que Chaves habló de esto en campaña electoral y, por supuesto, ya empezó él la capitalización político-personal de semejante hazaña. Sería muy mezquino no reconocer el calibre de su decisión, pero el mérito no va a estar completo y podría ser, como dice nuestro pueblo, un “alegrón de burro”, sino se impulsa otro tipo de decisiones terremoteadoras conexas e integrales para liberar a Limón de la categoría de plaza mercantil de la coca, del crimen organizado y de la violencia criminal sin control.
Por ejemplo, ¿se quedará impune APM-Terminals? Si desde que le fueron entregados los puertos de Limón y de Moín, el trasiego de droga creció en un 1.300 por ciento, ¡sí!, un 1.300 % a juicio de los especialistas; ¿no es esto causa suficiente para iniciar un proceso de rescisión de contrato?
Con contundencia hay que plantearlo: es inmoral que el Estado llegue a hacerse cargo de un servicio de seguridad para el cual, presuntamente, la transnacional concesionaria lo presupuestó como parte de sus propios costos de operación.
¿Tendrá el Presidente Chaves las agallas suficientes para enfrentarse a la transnacional e indicarle a ésta que, al menos, deberá incrementar el aporte al canon que la paga a Japdeva dado que será ahora el propio Estado que da la seguridad estratégica en esos puertos que ella mismo no pudo y para lo cual se comprometió en el contrato de concesión?
Paralelamente, el Gobierno debe tomar la decisión estratégica de permitirle a Japdeva entrar a competir en el manejo de contenedores para lo cual sus técnicos y sus especialistas han argumentado, sólidamente, su capacidad para hacerlo.
Por otra parte, es evidente que deberán darle las mejores condiciones de salud ocupacional, de alimentación, de jornadas que no caigan en sobre-explotación laboral, de pago tiempo extra, al honorable personal de la Fuerza Pública que ha sido comisionado para hacerse cargo del combate al trasiego de droga en esos puertos, ante el fracaso estrepitoso de AMP-Terminals. Desde el plano sindical, tenemos una obligación moral de actuar, próximamente, en consecuencia.
Esa Operación Soberanía en condiciones de precariedad salarial y ocupacional como vive en la actualidad el grueso del personal policial de la Fuerza Pública de Costa Rica, podría volverse vulnerable.
En el plano de la integración social y económica del pueblo trabajador limonense, a fin de reducir los crueles niveles de exclusión que vive, deben tomarse medidas.
Al respecto, la agenda de lucha del Bloque Cívico Social Limonense debe ser abordada con seriedad y sin el más mínimo contenido de burla y de demagogia. Esa agenda, tiene el apoyo de la corriente sindical en la cual militamos, la cual, está procediendo a impulsar un agrupamiento civil bajo nuestra sigla que sume su aporte a la necesaria reivindicación plena del pueblo de Limón.
Habrá que estar más activos que nunca en lo que respecta a la fiscalización civil en el sentido de que el rimbombante anuncio presidencial de la Operación Soberanía, llegue a cumplirse en un ciento por ciento de la oleada de escáneres que se dicen serán instalados por todos los puestos fronterizos del país.
Como corriente sindical que llevamos mucho tiempo planteando este estratégico asunto, nos consideramos con suficiente autoridad moral para realizar nuestra fiscalización sindical con perspectiva ciudadana
