Cuando parecía que solo faltaba la firma de la presidenta Laura Chinchilla para que el proyecto de Reforma Procesal Laboral se convirtiera en ley de la República (que entre otras cosas permitiría la huelga en los servicios públicos y privados) este fue vetado en octubre del 2012, desde entonces las organizaciones sindicales han tratado de resucitar la iniciativa.
Por ello es que han hecho esfuerzos con el Poder Ejecutivo a fin de no permitir la muerte de dicha reforma, considerada como uno de los planteamientos en el tema laboral más importantes desde la promulgación del Código de Trabajo en 1943, proyecto de ley que se encuentra en la Asamblea Legislativa.
Los sindicatos solicitan a los diputados que contribuyan y que aprueben el dictamen de mayoría que ya tiene el visto bueno de la Comisión de Asuntos Jurídicos, pues sostienen que el documento no cambia las condiciones contempladas en el Código de Trabajo.
Representantes de diversas organizaciones sindicales como del Sindicato de Trabajadores Petroleros Químicos y Afines (Sitrapequia), el Nacional de Enfermería (Sinae), el de Trabajadores de la Educación Costarricense (SEC), la Central del Movimiento de Trabajadores Costarricenses (CMTC), el Frente Interno de Trabajadores del ICE (FIT-ICE), la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum (CTRN), la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), fueron entrevistados por las subdirectoras de DIARIO EXTRA Marcela Villalobos y Paola Hernández, sobre el avance y curso de esta iniciativa.
¿Está congelado en la Asamblea Legislativa el proyecto de Reforma Procesal Laboral?
-Marvin Rodríguez: El movimiento sindical ha efectuado gestiones para reactivarlo y es así como hemos logrado que la Asamblea Legislativa los liberara de los artículos vetados, lo que queda es someterlo al plenario. El proyecto está imposibilitado de meterle mociones, está completamente limpio y solo espera votación. Está en el último lugar de la agenda.
¿En qué etapa está el proyecto en Cuesta de Moras?
– Rodríguez: Llegamos a un punto que está limpio, pero no existe la anuencia del partido en el poder para que pase, sino que aprovechan la coyuntura electoral en la que nos encontramos, le agregan dos proyectos más y lo tratan de introducir como un paquete. Se trata de la reforma al Reglamento Legislativo y a la Ley Jurisdiccional Constitucional.
Estamos a la espera que se presente la moción por posposición que se comprometió a presentar la fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), con lo cual solo quedarían los dos proyectos de la Reforma Procesal Laboral y el de la Reforma de Ley de Jurisdicción Constitucional, con lo cual se subiría a un mejor lugar en la agenda legislativa.
Una de las discusiones para el veto era el tema de los servicios esenciales y se metió el tema de puertos, por ejemplo…
-Patrick Johnson: Desde hace años el gobierno viene tratando de ilegal las huelgas en los puertos y en Recope. Hace años se mandó una denuncia ante la OIT y ellos emitieron una resolución contundente para el caso de Costa Rica, en donde se dice que en el caso de los hidrocarburos y los muelles no son servicios esenciales.
El gobierno, haciendo caso omiso de esa declaratoria insiste en que son esenciales.
¿En esos puntos no se encontró salida en el proceso de negociación?
-Johnson: Se cayó la negociación en Casa Presidencial en esos dos puntos (muelles e hidrocarburos) a pesar del esfuerzo enorme que hicimos tanto el sindicato de Japdeva como Sitrapequia. A lo interno de nuestras organizaciones, con nuestras respectivas administraciones, se llegó al acuerdo de regular la huelga, pues pese a saber que no somos servicios esenciales porque no ponemos en riesgo la vida, la seguridad y ni la salud de las personas, pero somos esenciales en el sentido económico, pero eso no puede ser un tema para prohibir el derecho humano a la huelga.
Acordamos que en caso de ir a huelga daremos el servicio a los hospitales, servicios de emergencias e ICE. Vamos a procurar mantener los servicios esenciales que dependan de los hidrocarburos, pero los otros servicios donde no entran a figurar la vida y seguridad de la gente, se puede ir a huelga.
¿Cuál fue la piedra en el zapato de la negociación?
– Albino Vargas: Hubo una persona que nunca quiso la Reforma Procesal Laboral y fue Carlos Ricardo Benavides, ministro de la Presidencia. Nos estuvo tomando el pelo en cualquier cantidad de ocasiones. El hecho que Sitrapequia y Sintrajap llegaran a un acuerdo, él pedía más y más, porque nunca pensó que fuera posible que ellos se pusieran de acuerdo.
Cuando Benavides vio que era posible que Sitrapequia se pusiera de acuerdo con Recope y Sintrajap con Japdeva, no lo concibió y se le cayó el tema, entonces se comenzó a meter con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Pero en los servicios de la salud sí es delicado convocar a una huelga pues afecta la atención de la población…
-Yolanda Tenorio: A través de historia, hemos hecho huelgas reguladas por nosotros mismos en el sector de la salud. Siempre hemos estado conscientes de que el usuario hay que atenderlo.
Hay servicios de consulta externa de los hospitales, debidamente regulados que sí pueden ir a huelga, en la que una parte se puede sumar y otra se queda laborando como es el caso de lavandería, mantenimiento, administración, entre otros. Pero hay servicios que consideramos que son esenciales como emergencias, maternidad, Unidad de Cuidados Intensivos, entre otros, que de allí nadie se puede mover, pues el usuario requiere la atención integral.
¿La propuesta que se envió a la Asamblea Legislativa después del veto cuenta con el apoyo sindical?
-Rafael Solano: Al no poder tener acuerdo con nosotros (los sindicatos), envió a su puro gusto su propia propuesta,es decir que el ministro envió su propia propuesta que no tiene nada que ver con el apoyo sindical, pues él no puede decir que le firmamos absolutamente nada, porque evidentemente no hubo acuerdo.
¿Entonces a estas alturas qué plantean?
– Olman Chinchilla: Que se apruebe el dictamen de mayoría emitido por la Comisión de Asuntos Jurídicos, en el cual el tema de huelga, de comités permanentes y arreglos directos, tal como está en el Código de Trabajo de 1943.
Promovemos que se presente esa moción que está apoyada por todas las fracciones a excepción del PLN, pues de no pasar esa moción no se podrá votar la reforma y que asuman la responsabilidad.
De no concretarse, ¿cuál será el plan B?
-Fabio Chaves: Cuando hablamos de regular, huelga es huelga en cualquier parte del mundo. Lo que estamos luchando es por tener una mayor seguridad jurídica y de derechos. Nunca vamos a renunciar a la calle, por lo que acordamos no aplicar cosas siempre y cuando haya consensos de las partes, pero si eso no lo hace el gobierno, huelga es huelga.
– Rodríguez: somos las organizaciones laborales las que luchamos por esto y hemos abordado, como buenos costarricenses, los procesos de diálogo y de negociación, pero tampoco estamos dispuestos a ceder en cuanto a la defensa de los trabajadores y de la institucionalidad del país.
Si el gobierno nos quiere encontrar en otro escenario también estamos preparados para eso, lo que pasa es que siempre abogamos a la negociación como primer mecanismo de lucha, pero eso no significa que vamos a renunciar a lo que sabemos hacer muy bien.
– Solano: Si esto no pasa, evidentemente pasaremos las facturas y se lo hemos dicho a los diferentes grupos políticos. No nos vamos a quedar inmóviles. Existen las condiciones, lo que solicitamos es que el proyecto se vote.
¿Cuándo cobrarán esas facturas?
-Rodríguez: esas facturas no se cobrarán el otro año, sino dentro de poco.
