Por: Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP
Hemos venido sosteniendo que el período constitucional 2018-2022 ha sido el más anti-obrero de lo que va del 7 de noviembre de 1949, cuando entró en vigencia la actual Constitución Política de Costa Rica, a la fecha.
Es el período que, en lo visible a la opinión pública, gestionaron, de manera principal, dos individuos: uno en el Poder Ejecutivo, de nombre Carlos Alvarado Quesada; el otro, en el Legislativo, Carlos Ricardo Benavides Jiménez.
Para afirmar lo anterior, señalamos tres leyes aprobadas en ese cuatrienio que hoy día, en el actual período constitucional 2022-2026, estamos notando su caída, su pérdida de efectividad, aunque se ha venido notando el daño que causaron a la mayoría de la población.
Por demás, esas tres leyes han sido cuestionadas ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, interponiéndose por parte de la corriente sindical en la cual militamos, sendas acciones de inconstitucionalidad y, para grata sorpresa nuestra, el más alto tribunal de la República, conocido popularmente como Sala Cuarta, admitió las tres.
Hablamos de la ley 9635, conocida por el pueblo como “combo fiscal” y aprobada en medio de gran conflicto social, en el 2018; de seguido, en el año 2020, el autoritarismo neoliberal-plutocrático impuso la antidemocrática ley 9808, ley “anti-huelgas”; y, para terminar ese descomunal ataque anti-obrero del período constitucional 2018-2022, se impuso la ley 10.159, Ley Marco de Empleo Público, en el 2022, al término de dicho período.
La deuda pública del país y, especialmente el pago obsceno de sus intereses sigue estrangulando las finanzas públicas, cinco años después de que se promulgara la Ley No. 9635, cuyo nombre oficial es Fortalecimiento de las finanzas públicas.
Para el ejercicio fiscal de la República del próximo año 2024, prácticamente la mitad de la totalidad del mal llamado “Presupuesto de la República”, el que pasa por la Asamblea Legislativa, se destinará para el pago de los intereses; pago éste que, ¡al fin!, empieza a ser cuestionado por otras voces e instancias calificadas, muchos años después de que la corriente sindical en la cual militamos empezara a tocar este tema.
Las finanzas públicas siguen sin fortalecerse y la dependencia abusiva del endeudamiento público para sostenerlas, sigue incólume. La deuda pública y su pago de intereses sigue siendo un negocio privado de turbios intereses.
Por otra parte, uno de los contenidos fundamentales de esta Ley 9635, conocido como la Regla Fiscal, en el presente período constitucional, lo vemos quebrarse en mil pedazos. No pasa un solo día del actual período parlamentario 2018-2022 en que se hable de que tal institución pública, que aquella, que esta otra, queda fuera o quedará fuera de la arbitrariedad fiscalista fanática de la tal regla fiscal. Se contabilizan ya unas 60 entidades públicas que han sido “liberadas” de la misma, según decisiones legislativas de las actuales diputaciones.
Por otra parte, la ley anti-huelgas, aprobada en el 2020, con el pomposo título de Ley para brindar seguridad jurídica sobre la huelga y sus procedimientos, está mostrando su ineficacia, sencillamente no está sirviendo para nada… sencillamente, las huelgas se siguen haciendo, como la más reciente del personal trabajador de la Municipalidad de Belén, de tres días de duración.
La fortaleza de la huelga obrero-social como Derecho Humano fundamental es de tal calibre que, sencillamente, hace inaplicable la ley 9808, la ley-antihuelgas, también cuestionada constitucionalmente. Reparte usted en este articulado constitucional:
“ARTÍCULO 7º.- Los tratados públicos, los convenios internacionales y los concordatos, debidamente aprobados por la Asamblea Legislativa, tendrán desde su promulgación o desde el día que ellos designen, autoridad superior a las leyes”. Los tratados internacionales de Derechos Humanos, firmado y ratificados por Costa Rica, protegen el Derecho Humano Fundamental a la Huelga y, por tanto, esa ley 9808, queda obsoleta.
Y, la tercera ley de esta tríada de legislación anti-obrera, de corte plutocrático-neoliberal, la No. 10.159, Ley Marco de Empleo Público, no solamente está mostrando su sucia cara de desigualdad entre iguales en puestos laborales de la misma naturaleza funcional; sino que, está causando un grave caos jurídico-institucional, in crescendo, amén de un creciente malestar social multi-institucional que, desde nuestra perspectiva sindical, hay que potenciar para que se exprese abiertamente ante la comunidad costarricense. La “colección” de violaciones a los Derechos Humanos (DD.HH.) que tiene esta ley, es impresionante.
El reacomodo fiscal que necesita Costa Rica es de otra naturaleza. El lado correcto para entrarle al mismo, es el de las ganancias de la plutocracia neoliberal y del lado de quienes a ésta le sirven, medrando de sus dádivas; ya sea desde los ámbitos del periodismo de odio, desde los partidos políticos que a esa plutocracia le sirven, desde ciertas estructuras jurídico-institucionales que legitiman su orden; del lado del gran empresariado evasor-elusor de responsabilidades tributarias.
A ese reacomodo fiscal nosotros lo denominamos como Transformación Tributaria Estructural y en eso andamos.
