A don Manuel Enrique Obregón López, Ministro de Cultura y Juventud, le fue entregada este martes 29 de octubre de 2013, en su despacho, una extensa carta formulada por la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), puntualizando 19 situaciones que expresan diversos tipos de cuestionamientos y presuntas irregularidades (algunas bastante graves), en las cuales la actual Directora General del Archivo Nacional, Licda. Virginia Chacón Arias, se ha visto involucrada de un modo u otro; siendo necesario que dicha jerarca no solamente brinde explicaciones sino que, necesariamente, sea objeto de una profunda investigación pero separándola del cargo mientras ésta se debe desarrollar.
Efectivamente, la indicada nota de la ANEP indica que “Considerando cada una de las denuncias planteadas anteriormente, algunas de las cuales podrían concebirse como irregularidades graves, esta organización solicita a la digna autoridad ministerial depositada en su despacho, abrir la más profunda investigación para lo cual será imprescindible que la Licda. Virginia Chacón Arias, Directora General del Archivo Nacional, sea separada del cargo para permitir un proceso completamente transparente, sin las presiones que supondría la permanencia de ella en el cargo, toda vez que a lo interno institucional no se desconoce su potencial de incidencia en el devenir de la gestión confiada al Archivo Nacional”.
A continuación la carta que le entregamos al señor Ministro:
Honorable señor
Manuel Enrique Obregón López
Ministro
MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD
Estimado señor Ministro:
Con el mayor de nuestro respeto, expresamos a su digna autoridad ministerial el más atento saludo de parte de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP).
Con profunda preocupación y con una solicitud oficial que expresamos por esta vía de intervención activa, directa y urgente por parte de su despacho, nos hacemos eco de una serie de denuncias por presuntas irregularidades que habría estado cometiendo en el ejercicio de su gestión, la señora Virginia Chacón Arias, actual Directora General del Archivo Nacional, cuyo nombre estuvo recientemente mencionado por estos días en varios medios de prensa por una presunta parcialidad político-electoral en que ella habría incurrido, aunque tenemos entendido que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), rechazó de plano una denuncia por tal situación. En todo caso, no es éste el objetivo de la iniciativa de la ANEP al acudir al despacho de la cartera ministerial de Cultura y Juventud. Es este otro. Veamos:
PRIMERO: Resulta trascendente auscultar los manejos financieros, especialmente a partir de donaciones del gobierno español (y de otros países europeos), en el seno de una entidad denominada “Fundación Pro Rescate Acervo Documental”; considerando que las preocupaciones al respecto habrían llegado, en forma de denuncia, hasta la Contraloría General de la República (CGR). Tenemos entendido de que esta fundación se administra desde la Dirección General del Archivo Nacional, a cargo de la señora Chacón Arias y que varias labores a cargo de este tipo de entidad, se estarían realizando con funcionarios pagados con fondos del Estado; amén de que, a su vez, la fundación contrata personal cuyos salarios no contemplarían los aportes usuales a la Seguridad Social (cuotas obrero-patronales).
SEGUNDO: Presuntamente hubo una “pérdida” de tres tomos de actas de la Junta Administrativa del Archivo Nacional, correspondientes al año 2012, pero, para fortuna de la transparencia, esfuerzos de las secciones de Auditoría y de Cómputo lograron la recuperación informática de tal documentación. El asunto llegó hasta la Fiscalía General de la República, desde mayo de 2012 (Expediente No. 12-000469-0612) y sería bueno un emplazamiento a la señora Directora General del Archivo Nacional en cuanto a si ella habría estado ejerciendo presiones para que tales documentos fueran devueltos a la institución.
TERCERO: Aparentemente, personal ajeno a la planilla de la Dirección General del Archivo Nacional ingresa a la institución, incluso en horas fuera del horario habitual de servicio. Se presume que varias de estas personas que no tiene relación con la institución, sí tienen vínculos familiares con algunas jefaturas o, incluso, con la propia Licda. Chacón Arias. En algunos casos, se aduce que el ingreso de personas “extrañas” es porque son de la ya mencionada fundación. Estos ingresos están registrados por el sistema de seguridad establecido en la entidad.
CUARTO: Se aduce que la Licda. Chacón Arias tiene un horario de labores excesivamente “discrecional” y así habría sido durante los últimos veinte años. Se señala la circunstancia de que, presuntamente, labora de lunes a jueves, ingresando entre la 1 y las 2 de la tarde y se retira entre las 16 y las 17 horas. Es una especie de horario de “medio tiempo”. Grandes interrogantes hay al respecto y esto ha sido considerado un tema “tabú” a lo interno institucional. La funcionaria alega, según las circunstancias, tener permiso ministerial, realizar teletrabajo, aunque en diversas ocasiones indica enfermedad aunque se desconoce la presentación de documentos de incapacidad. Esta situación muestra grandes contradicciones con las regulaciones administrativas para este tipo de jerarca, dejando en evidencia que ni aún en las condiciones más laxas de permisividad horaria, ella estaría observando lo concerniente. Todo ello contrasta con el uso de las cámaras de vigilancia para presionar al personal y sustentar rebajos salariales desproporcionados por atrasos de minutos.
QUINTO: La indicada jerarca mantiene una actitud contraria al ejercicio constitucional de la Libertad Sindical, considerado como Derecho Humano Fundamental, tanto por parte de la legislación nacional como por el ordenamiento jurídico-internacional. Es sumamente difícil realizar actividad sindical a lo interno de la Dirección General del Archivo Nacional, constándose presiones solapadas que han generado renuncias y/o no renovación de interinazgos, solamente por haberse adscrito a la ANEP y a su organismo seccional interno. La Licda. Chacón Arias no es explícita en cuanto a su actitud de respeto a tal derecho y la actividad sindical interna se desarrolla con mucha tensión, precaución y hasta miedo.
SEXTO: La indicada jerarca tiene una imagen de persona acosadora, laboralmente hablando. Se registran varios episodios ingratos para las personas trabajadoras que se vieron increpadas, cuestionadas, maltratadas, regañadas por ella en circunstancias diversas. Los nombres de estas personas constan y algunos incidentes fueron de naturaleza pública. Las situaciones puntuales muestran algunas características dramáticas, como por ejemplo, el caso de una exempleada hoy en día a la cual se le habría “cobrado” haber quedado embarazada siendo soltera. Otros casos están constatados y las experiencias vivenciales pueden ser consultadas.
SÉTIMO: Presuntamente, algunos notarios reciben trato “preferencial” pues son pasados, directamente, a la Dirección General; situación ésta que podría categorizarse como irregular, tanto como otras que se presumen se materializan vía Correos de Costa Rica que estaría entregando índices a nombre de personas cercanas al indicado despacho.
OCTAVO: Se presume una excesiva acumulación de vacaciones en el caso de la señora Directora General, situación que sería similar a varias personas funcionarias de su confianza. Esto es bueno constatarlo para determinar lo procedente.
NOVENO: La gestión de médico de empresa ha sido criticada por un supuesto uso indebido de la mencionada jerarca, al punto de que, supuestamente, se le hacen visitas médicas a su propia casa de habitación; incluso, se presume que podría haberse dado atención médica institucional a familiares de la Licda. Chacón Arias.
DÉCIMO: La Licda. Chacón Arias habría adoptado decisiones políticas que podrían haber afectado, negativamente, el patrimonio institucional; por ejemplo, una controversia judicial-civil en torno a cambio en los planes del edificio; y otra de corte laboral, por reclamo de horas extras.
ONCEAVO: Al darse la intervención valiosa de la Auditoría Institucional, finalmente dos trabajadores fueron atendidos por el Instituto Nacional de Seguros (INS), invocando la póliza de Riesgos del Trabajo. La voluntad de la Dirección General habría estado en contra.
TRECEAVO: Se ha notado intramuros que en algunos momentos una persona que fungía como secretaria en la Dirección General le habría colaborado en trabajos y le habría proporcionado ayuda con la tarea, presuntamente, a la hija de la Licda. Chacón Arias; tanto como el mensajero institucional habría sido empleado para comprarle comida cuando ella se encontraba en su residencia, en supuestas labores, tanto como el desplazamiento hasta la casa para recogerle firmas. Se ha estado cuestionando, también, el presunto uso del vehículo institucional para ir a dar clases a sede universitaria. Esto debe agregarse a presuntos trabajos en su propio hogar de reparaciones varias, como soporte técnico computacional y/o servicios generales.
CATORCEAVO: Se cuestiona una compra de estanterías que presuntamente tendría problemas de autorización en cuanto a su ejecución, buscando culpabilizar a otros funcionarios cuando la responsabilidad directa sería de la Licda. Chacón Arias. Aparentemente, los errores administrativos son sumamente serios al punto de que esta jerarca habría tratado de buscar “acuerdos” con la empresa privada contratada tratando de enmendar los errores cometidos.
QUINCEAVO: Se inició la construcción de la tercera etapa de la construcción del edificio institucional sin el correspondiente estudio de impacto ambiental, originándose un retraso de 30 días. La Dirección General tendría responsabilidad directa en ello.
DÉCIMOSEXTO: Se cuestiona el intento de nombramiento de un ciudadano español a cargo de la jefatura del Departamento Histórico, en detrimento de los connacionales potenciales de serles otorgadas tal responsabilidad, a sabiendas de que son profesionales altamente calificados. No se estaría dando concurso interno ni externo, indicándose que no habría registro de elegibles. Se comenta, sin confirmación alguna, de que el indicado ciudadano extranjero tendría vínculos de amistad con personas allegadas a la Dirección General del Archivo Nacional.
DECIMOSÉTIMO: Se cuestiona la designación de una persona que fue integrante de la Junta Administrativa del Archivo Nacional, como funcionaria de planta de la institución; a la vez que se indica de la realización de gestiones, presuntamente destinadas para la creación de una nueva plaza y que en ella se coloque a la actual representante del Ministro a fin de que esa persona se quede laborando en el Archivo Nacional una vez concluido el actual Gobierno.
DÉCIMOCTAVO: La señora Directora General indica ser “adicta” al fumado, haciéndolo intramuros institucionales a vista y paciencia de todo el mundo: en la sala de sesiones, en su propia oficina…, violentando la ley que lo prohíbe.
DÉCIMONOVENO: Se cuestiona la puntualidad de algunos de los integrantes de la Junta Directiva de la Junta Administrativa a las sesiones, considerándose que la llegada tardía no les habilitaría cobrar dietas. Se sugiere revisar los registros de actas y de las cámaras de seguridad para constatar lo pertinente.
Considerando cada una de las denuncias planteadas anteriormente, algunas de las cuales podrían concebirse como irregularidades graves, esta organización solicita a la digna autoridad ministerial depositada en su despacho, abrir la más profunda investigación para lo cual será imprescindible que la Licda. Virginia Chacón Arias, Directora General del Archivo Nacional, sea separada del cargo para permitir un proceso completamente transparente, sin las presiones que supondría la permanencia de ella en el cargo, toda vez que a lo interno institucional no se desconoce su potencial de incidencia en el devenir de la gestión confiada al Archivo Nacional.
Agradecemos al señor Ministro que responde a la presente gestión de la ANEP en el término de ley, sea diez días hábiles.
Nuevamente, le expresamos el mayor respeto de nuestra parte.
Albino Vargas Barrantes
Secretario General
Arol dice:
Graves acusaciones. Esperemos que sean ciertas, de no ser así podría ser apuntadas como difamación y se viene en contra la marea para el anep…
Vamos Chema!