La situación de profunda crisis por la que atraviesa el Sistema Penitenciario Nacional (SPN), poco a poco, va ganando espacio en diferentes instancias sociopolíticas que tienen que ver con la situación de las personas, de los seres humanos que en dos grandes bloques conviven a lo interno de esta entidad: por un lado, el personal (profesionales, técnicos, administrativos, operativos y policías); por otro, las personas privadas de libertad. A ambos segmentos se les violentan, todos los días, sus correspondientes Derechos Humanos.
Desde el sector laboral en el cual nos desempeñamos, nuestro clamor sindical ha sido sistemático y persistente. Son ya varios años de levantar esta bandera de que en las cárceles costarricenses se violentan los Derechos Humanos.
Empezamos esta cruzada cuando la actual Presidenta de la República era Ministra de Justicia y hasta le habíamos propuesto a ella, en ese momento, la realización de un “congreso penitenciario nacional”. No pasó nada. Ella se fue de candidata presidencial, se hizo presidenta y la crisis en las cárceles ha llegado al punto de virtual estallido con consecuencias imprevisibles. Pero no hemos permanecido callados.
Estamos con un nivel de hacinamiento intolerable: casi 40 % de sobrepoblación adulta y en cuanto al internamiento juvenil, los estándares internacionales aceptables en cuanto a hacinamiento, ya duplican la cifra “razonable” del 20 %.
Estos y otros datos relevantísimos sobre el estado actual del problema carcelario costarricense, se revelaron durante el evento “Congreso sobre Derechos Humanos y Prevención de la Tortura: Situación penitenciaria actual y posibles soluciones”, organizado por la Defensa Pública del Poder Judicial en asocio con el Programa para la Cohesión Social en América Latina (EUROsociAL).
Anteriormente, la propia Defensoría de los Habitantes de la República había emitido su importante y calificada voz denunciante en el mismo sentido: las cárceles costarricenses son una “bomba de tiempo”.
Tal y como se ha venido denunciando desde la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), los y las participantes de tan importante foro, afirman “que el Sistema Penitenciario no cuenta con el personal de seguridad, técnico y administrativo necesario para hacer frente a esta situación de hacinamiento crítico”; y “que los problemas carcelarios se han agravado progresivamente, situación que deteriora sistemáticamente las condiciones laborales del personal penitenciario, pues afecta seriamente su salud física y mental”.
En verdad, aunque la oficialidad gubernativa y el sistema político sigan con oídos sordos a este clamor laboral, sindical y ahora social, es gratificante haber levantado y seguir enarbolando las banderas en la lucha por el imperio absoluto de los Derechos Humanos en las cárceles nacionales; tanto para su abnegado y sacrificado personal, como para quienes están privados de libertad.
La altísima calidad y conocimiento del tema de las personas especialistas participantes en el indicado congreso, da muchísima autoridad moral para pasar a la fase siguiente: la movilización organizada de los dos segmentos violentados por esta grave situación. El personal penitenciario y las familias de las personas privadas de libertad, debemos juntarnos y en acción directa, para potenciar más la máxima atención de la política pública en torno a la crisis del Sistema Penitenciario Nacional.
