Primero fue la señora diputada doña Gloria Navas Montero quien dio en el punto correcto: vamos directo hacia el narcoestado en la medida en que no se invierta, de manera estratégicamente fuerte, en materia de seguridad. Más leyes en este ámbito, por sí solas, de nada servirán. Sin plata suficiente nada se podrá hacer que sea realmente de impacto.
Luego fue el señor diputado don Gilberto Campos Cruz quien planteó, de manera dura y directa, la misma tesis: sin más financiamiento en materia de cuerpos policiales, el narcoestado se impondrá, de manera definitiva. El colapso será total. Sin plata suficiente nada se podrá hacer que sea realmente de impacto.
Muchísimos meses llevamos ya planteando esta circunstancia mediando las diferentes voces líderes de los cuerpos policiales organizados en la corriente sindical en la cual militamos.
Una y otra vez, cientos de veces, se ha alertado desde el ámbito obrero-policial el paulatino y sistemático deterioro integral de la capacidad instalada en materia de seguridad ciudadana; conceptuada esta integralmente: Fuerza Pública propiamente dicha, policía antidrogas, migratoria, guardacostas, de fronteras, vigilancia aérea, penitenciaria, tránsito, judicial y fiscalía, tributario-fiscal, guardaparques y hasta de inteligencia.
Si los poderes políticos que manejan la sociedad costarricense, tanto los de carácter real como los de la formalidad republicano-institucional, no toman las decisiones estratégicas en la materia, es decir, generando una fuerte inyección de recursos públicos en cada una de esos cuerpos policiales, la batalla está perdida.
Los grupos narco-organizados están ya tomando debida cuenta de la debilitad estructural y estratégica que está mostrando el aparato público-institucional y muestran osadía sin límites como atacar frente a los propios edificios judiciales.
Se tienen que derribar tabúes y superar fanatismos ideológicos en la cuestión fiscal. Por ejemplo, urge subir el techo de la regla fiscal en, al menos, 5 puntos del Producto Interno Bruto (PIB), para destinar recursos frescos a mayor contratación de personal policial en todos esos cuerpos; para la más amplia modernización tecnológica y de inteligencia, vehicular y de avituallamiento; para construir más instalaciones policiales, para desplegar programas de asocio directo comunidad-policía en el nivel local, para elevar la calidad del control del flujo migratorio ilegal, etc.
Se debe establecer una política de empleo y salarial de nuevo tipo para el personal policial de Costa Rica, con nuevos estímulos, con salud ocupacional de primera y con posibilidad real de una jubilación especial.
Se debe desterrar ese fiscalismo fundamentalista, ortodoxo y extremista, de todo lo que tiene relación con el financiamiento de la política integral de seguridad nacional para cerrarle el paso, de manera efectiva, al avance del crimen organizado del narcotráfico.
Datos extraoficiales en nuestro poder indican que, por ejemplo, en la propia Fuerza Pública se necesitan 6.000 nuevos policías; 1.200 en la Policía de Tránsito; cerca de 700 en la Profesional de Migración; 1.200 en la Policía Penitenciaria; 500 en la PCD y 300 en el Servicio de Vigilancia Aérea y otros 300 en el de Guardacostas; más 500 en el OIJ y 500 en la Policía de Fronteras.
Solamente en estos cuerpos policiales estamos hablando de más de 11.000 personas jóvenes, las cuales insertas en este mercado laboral de la seguridad pública les serán arracadas a los tentáculos del narco que están asechando a nuestra juventud desempleada y sin esperanza.
