Por: Albino Vargas Barrantes, Secretario General Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)
Grave error sindical, de carácter antiobrero, es hablar de la sostenibilidad futura, en el corto, largo y mediano plazo del régimen de pensiones más importante del país: Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), administrado desde siempre por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS); sin explicarle a la población trabajadora del país, especialmente la joven, qué fue lo que pasó para que ahora se hable de que el IVM tiene “problemas financieros”.
Según se nos ha explicado por personas expertas con gran trayectoria de análisis en cuanto a las finanzas de IVM a lo largo de los últimos tiempos, la gran tragedia que afectó al mismo fue la de su transformación paulatina, al margen de la ley y de la Constitución, de su carácter de régimen pensional de capitalización a uno de reparto.
Se empezó bien y fue tan grande la cantidad capitalizada que se volvió atractivo y tentador utilizar la plata para financiar diversos programas de política social para poblaciones vulnerables al punto de que, finalmente, el IVM fue alejado de su naturaleza, de su esencia, la capitalización, para convertirlo, de facto, en un régimen de reparto.
Eso fue un proceso paulatino a lo largo de las últimas administraciones gubernativas, al menos durante los últimos 30 años; es tan enorme la cantidad de plata que fue “saqueada” del IVM-CCSS como la de hablar de, prácticamente, 50 billones de colones; o, 50 millones de millones de colones. En cifras así: 50.000.000.000.000.
Este “faltante” se lo vienen cobrando a las personas que menos responsabilidad tienen en el descalabro de IVM y, eso explica, por ejemplo, la última reforma anti-obrera del IVM que entró a regir en enero pasado cuando la edad para pensionarse quedó en 65 años. Ahora van por los 67 y, no se saciarán, van por los 70 en el mediano plazo.
El “faltante” ocurrió en los gobiernos liberacionistas, los de la Unidad y los dos del PAC. Con la llegada al Ejecutivo de Rodrigo Chaves Robles, la situación se agrava pues están planteando el retiro total del Estado de su obligación de aportar, como Estado, al fondo de pensión de cada persona trabajadora afiliada al IVM. Sin hablar, de que en este gobierno la deuda del Estado con la Caja está llegando a los 4 billones de colones.
El “menú” anti-obrero que está en preparación es aterrador: a) Elevar la edad para pensionarse a los 67 años. b) Reducir el monto-cantidad mensual a recibir una vez esté la persona trabajadora jubilada: podría llegar hasta un 40% o menos de su salario. c) Se tiene previsto un aumento en la cuota obrera mensual que le es deducida, por planilla, al sueldo de cada persona trabajadora, pública o privada. d) Está en el tintero la propuesta de poner a pagar seguro de salud y de pensiones a las actuales personas trabajadoras pensionadas por IVM. e) Eliminar-retirar el aporte del Estado al fondo de pensión de cada persona trabajadora activa. f) Considerar elevar el monto actual del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para financiar al IMV.
Habrá notado usted que son las espaldas de la clase trabajadora las únicas que tendrán la responsabilidad de darle sostenibilidad financiera futura al IVM-CCSS. Al Estado pretenden retirarlo de esa responsabilidad. A la clase patronal, al menos de manera pública, no le están pidiendo aportes extra.
Si ya de por sí es grave que la clase trabajadora tenga que pagar las consecuencias de que el IVM fuera descapitalizado; igual de grave resulta que el Estado “se lave las manos” y anuncie su retiro del aporte a cada persona cotizante de IVM. Sin duda, esto es una decisión de fuerte contenido ideológico-neoliberal y representan un avance muy serio en contra de los postulados sociales contenidos en la Carta Magna, la Constitución, de 1949. Volveremos sobre el tema.
