Hoy queremos llamar la atención de las autoridades políticas de los gobiernos locales de nuestro país, las municipalidades, con relacion a lo que estimamos podría ser un amenazante futuro, especialmente en lo que tiene que ver con su estabilidad financiera.
Le hablamos por esta vía a los señores alcaldes, a las señoras alcaldesas, así como a las personas integrantes de los correspondientes concejos, ya sea como regidores y como regidoras, en propiedad o en suplencia; e, igualmente, a quienes ocupan las sindicaturas.
Con especial énfasis, es nuestro interés que nos ponga atención la población trabajadora municipal y sus correspondientes liderazgos sindicales y profesionales; haciendo especial énfasis en los liderazgos comunales de distinto orden.
Entremos de lleno en materia expresando, previamente, un agradecimiento por la atención que se nos brinde.
Nuestra clase gobernante, tanto la del poder formal como la del poder real, a la altura de este primer cuarto de siglo, nos está dejando ver con claridad que solamente tiene una gran prioridad político-estratégica, con dos caras: por una parte, desarrollar y profundizar el negocio de la deuda pública y su escandaloso pago diario de intereses, a razón de 7 mil millones de colones al día, con lo cual se fortalece la matriz hegemónica-ideológica que domina toda nuestra política: el capital bancario-financiero.
Por otra, seguir avanzando en el desmontaje de lo que conocemos como Estado Social de Derecho, impulsando recortes presupuestarios irreflexivos, irresponsables e irracionales; deteriorando servicios y programas de política pública destinados, otrora, al bienestar de las mayorías; y, continuar en el proceso sostenido que impulsan para la apropiación de las mejores y más rentables empresas estatales que todavía quedan en pie. En este caso, estamos en presencia del actual ataque artero para el robo-privatizador del modelo eléctrico nacional, histórico y exitoso, gestionado por el ICE.
Nos queremos centrar, de seguido, en lo siguiente: con esa altísima carga de deuda pública y de pago de intereses; más los brutales recortes presupuestarios en diversos ámbitos de la otrora sobresaliente política social del país que, prácticamente, podemos afirmar estar en presencia de un Estado central en quiebra técnica, misma que se va a agudizar hasta ser dolorosamente explícita.
Con base en ese escenario es que estamos notando la peligrosa tendencia política de los últimos años, potenciada por todos los partidos políticos responsables del desastre fiscal, de “trasladarle” a las municipalidades esos servicios públicos en estado de pre-quiebra; estrategia diseñada desde que se impulsó la ley de traslado de competencias hasta llegar al más reciente proyecto de ley en trámite para que los gobiernos locales definan, sin pasar por la Asamblea Legislativa, su propia estructura tributaria.
Han venido “preparando” a las municipalidades para que asuman el mantenimiento de la red vial nacional, las carreteras nacionales, obligándoles a asumir tramos de las mismas que pasan por sus respectivos territorios; las están “exhortando” (por no decir obligando), a que “adopten” una delegación de la Fuerza Pública en el radio de acción de sus comunidades; nada extraño será que en el corto plazo les delegan la policía de tránsito aunque ya hay policía municipal que hace partes en varios gobiernos locales. La construcción y el mantenimiento de infraestructura educativa está en proceso para endosárselas, desde el MEP, a los gobiernos locales.
En futuro no muy lejano, podrían ser obligados los gobiernos locales a asumir atención primaria en salud, servicios de atención a la niñez, de educación primaria y secundaria; de guardianas de áreas protegidas y de parques nacionales, etc. Pero, ¿y la plata para todo ello? ¡No se habla nada! En la segunda parte de este comentario, hablaremos de los aspectos sociolaborales y sociales.
PARTE II
La semana pasada, alertamos del ataque a la estabilidad financiera de las municipalidades, que representa la quiebra técnica del Estado central, y cómo este ha empezado a deshacerse de sus responsabilidades en varios órdenes de política pública, para que los asuman los gobiernos locales sin otorgarles un centavo adicional.
Sin duda, esto haría que la ciudadanía habitante de los diferentes cantones se vea sometida a mayor carga tributaria municipal; o, por el contrario, a más deterioro y precariedad en la prestación de los servicios públicos (los tradicionales y los nuevos llegados desde el Gobierno central), que se prestan desde las municipalidades.
Adicionalmente tenemos que la aberrante Ley Marco de Empleo Público (LMEP), No. 10159, ha venido a agravar las perspectivas futuras de la situación financiera de las municipalidades; específicamente con la descabellada idea de imponer en sus regímenes laborales el perverso concepto de salario global.
Aparte de abrir el escenario de una grave desigualdad entre ocupaciones idénticas (por ejemplo, la realidad salarial de un trabajador de campo con diez años de antigüedad en el cargo, comparado con el salario global de otro trabajador de campo de reciente ingreso), lo cual está generando delicadas distorsiones y alteraciones en la dinámica sociolaboral de las relaciones obreras cotidianas por la discriminación, salariamente odiosa, que se provocó; se ven venir cargas presupuestario-financieras que las municipalidades no podrán soportar en el corto y mediano plazo y, ni qué decir en el largo plazo.
Las municipalidades empiezan ya a dimensionar, con verdadera exactitud la “emboscada” a la cual fueron llevadas por los números “alegres” de las escalas de salario global que, con soberana irresponsabilidad, les propuso e impuso la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), en lo que podría catalogarse como la más fatal de sus acciones en “defensa” del régimen municipal.
La UNGL, sometida totalmente a los designios fiscalistas y extremistas de los neoliberales de turno (que son los mismos de siempre), en el gobierno Chaves Robles, no solamente fue incapaz de defender de la autonomía constitucional del Régimen Municipal, pisoteada y derogada por la LMEP; sino que les ha llevado a escenarios de quiebra inminente pues los irresponsables montos de salario global, al empezar a generalizarse, repetimos, impulsan la debacle financiera de los gobiernos locales.
¿Qué queda ahora? Hay una salida. Nuestro pensar nos lleva a lanzar el llamado a la unidad político-institucional y socio-laboral interna para que en cada gobierno local se cierren filas buscando tres grandes objetivos simultáneos: a) garantizar la seguridad financiera institucional presente y futura; b) el trabajo decente y la justicia laboral-salarial con pleno respeto a la clase trabajadora misma que deberá asumir una posición de compromiso eficiente y eficaz con gran honestidad y transparencia en la tarea cotidiana; y, c), brindar el mejor y más satisfactorio servicio a la comunidad acercando a sus organizaciones a la acción gubernativa local. ¿Cómo? Lo veremos en la tercera parte de estos comentarios la semana próxima.
PARTE III
Nos queda ahora plantear el aspecto sociolaboral de las municipalidades en ese escenario de amenazante futuro.
Apostamos por una conjunción de esfuerzos multidiversos entre los cuatro componentes esenciales de un gobierno local: el concejo, la alcaldía, el sindicato y la comunidad; con una finalidad estratégica de, también, 4 objetivos: 1) paz laboral y trabajo decente: 2) sostenibilidad financiera y férreo combate a la corrupción; 3) máxima eficiencia y eficacia del servicio con total transparencia; y 4) gran satisfacción comunal con militante y vigilante papel de la gente.
El anterior planteamiento ofrece un riquísimo desarrollo argumental que expondrá, articulada y razonadamente, la visión sindical de mediano plazo para un nuevo desarrollo de la Democracia expresado en el poder político-civil de los gobiernos locales. Entregas posteriores nos permitirán adentrarnos en esos tópicos.
En la presente ocasión, el tema de la paz laboral y el trabajo decente está dando un giro espectacular, con la consolidación del instrumento Convención Colectiva de Trabajo (CCT), amurallado ahora con piedra y hormigón, con la vinculatoriedad obligante para el país de la observancia estricta de la Opinión Consultiva OC 27/21 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), precisamente sobre la Negociación Colectiva, amén de los temas de Libertad Sindical y Huelga.
Podemos ahora, por ejemplo, incluir en la CCT una escala salarial y un manual de puestos que vaya en congruencia con la capacidad financiero-presupuestario del respectivo gobierno local; sin arriesgarla por la alocada, irresponsable y aventurera tesis del salario global, defendida a rajatabla por los extremistas neoliberales que controlan la cosa fiscal del país.
Asegurar un modelo salarial justo y racional, sin aventurerismos de repartición disparatada de remuneraciones; es vital ante la no menos aventurada decisión fiscalista del Gobierno Central de tirarle a las municipalidades, sin la debida dotación de recursos financieros sanos y estables, servicios públicos que ya no puede prestar por su situación fiscal de quiebra técnica.
Por eso creemos que el frente sociolaboral interno de las municipalidades debe ser asegurado mediante una CCT, suscrita en el marco de la constitucionalidad jurisprudencial del país fortalecida por las ordenanzas de la Corte IDH en la materia.
Siempre hemos creído que nuestra decadente Democracia puede salvarse con (entre otros elementos), el fortalecimiento de los gobiernos locales.
Pero ese conjuro tóxico del salario global mezclado con la carga de la prestación de nuevos servicios públicos sin financiamiento extra y sano, expone a no pocas municipalidades a situaciones de quiebra técnica tal y como ya lo notamos a nivel del Estado central.
