Desde la seccional ANEP-AyA, expresamos nuestra profunda preocupación y firme rechazo ante la utilización de recursos institucionales del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), con fines que podrían interpretarse como promoción personal del Juan Manuel Quesada, Presidente Ejecutivo.
En momentos en que más de 4.200 familias, comercios y servicios esenciales en el cantón de Paraíso enfrentan la amenaza de suspensión del servicio de agua potable, resulta éticamente inaceptable que el máximo jerarca del AyA se preste a una estrategia de visibilización pública, utilizando la página oficial de Facebook de la institución para proyectar su imagen en medio de reuniones políticas con diputados y el alcalde del cantón, bajo el pretexto de “resolver la situación”.
Nos alarma que mientras se discuten eventuales cobros excesivos y deudas heredadas por más de dos décadas, cuya gestión ineficiente recae tanto en autoridades pasadas como actuales, el señor Quesada priorice el posicionamiento mediático personal, en lugar de brindar soluciones claras, técnicas y equitativas para las comunidades más afectadas.
El uso de fondos públicos y plataformas institucionales con fines que pueden entenderse como campaña anticipada, imagen pública o capital político personal, es un acto reñido con los principios de transparencia, austeridad y compromiso con el bien común que deben regir la función pública.
Ante estas campañas publicitarias que calificamos antiéticas ANEP exige :
• Que el AyA se abstenga de utilizar sus redes oficiales para fines de proyección personal, y que se respete el carácter institucional, informativo y técnico que estas deben tener.
• Que se brinde un informe público y detallado del gasto en publicidad digital relacionada con esta crisis y las reuniones sostenidas con figuras políticas.
• Que el Presidente Ejecutivo enfoque su labor en resolver estructuralmente los problemas de acceso al agua que enfrentan comunidades como Paraíso y no en capitalizar políticamente una situación de emergencia social.
Las y los funcionarios públicos, así como las comunidades, merecen respuestas serias, no campañas de imagen. Mientras los más desfavorecidos temen por el acceso al agua, no es momento para protagonismos ni estrategias comunicativas cargadas de oportunismo.
