Camarotes de tres pisos. En realidad es para aumentar de tres a cuatro los espacios para dormir de los privados de libertad en cárceles donde ya no cabe un ser humano más. En los camarotes actuales, de dos niveles, una tercera persona duerme en el suelo, debajo del primer espacio. Ahora, a la que le toque dormir en el tercer piso, probablemente se dará contra el techo, contra el cielo raso del módulo carcelario, aparte de que intentar el sueño en tal condición debe ser terrible, habida cuenta de los calores que se dan en este tipo de construcciones.
Esto es tan sólo uno de los datos más dramáticos de los últimos días acerca de lo que en la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), catalogan como la crisis del Sistema Penitenciario Nacional (SPN). Esta organización le hizo entrega al señor Ministro de Justicia y Paz, don Fernando Ferraro Castro, un serio planteamiento al respecto: “Se debe enfrentar con seriedad la crisis y revertir el creciente deterioro del Sistema Penitenciario Nacional”.
Se pide en este planteamiento que se declare Estado de Emergencia Nacional para el Sistema Penitenciario Nacional (SPN). No solamente se trata de un problema de hacinamiento y sobrepoblación privada de libertad. Es bien cierto que se está llegando al 40% de exceso en el número de seres humanos internados en prisión. Toda una bomba de tiempo. El problema es más profundo aunque la inmediatez aterroriza.
Indica el mencionado planteamiento sindical que “solamente el abnegado compromiso y el más grande sacrificio de la abrumadora mayoría del personal carcelario de Costa Rica, ha impedido un desastre mayor en el Sistema Penitenciario Nacional”. Efectivamente. La sociedad, el país, la ciudadanía está en enorme deuda con este importante grupo de servidores públicos: policías penitenciarios, trabajadores sociales, psicólogos, abogados, orientadores, educadores, oficinistas, secretarias, choferes, cocineros, trabajadores de mantenimiento, mensajeros entre otras ocupaciones laborales al interior de la cárcel; quienes deberían ser declarados como héroes y heroínas del trabajo en pro de la paz social y de la seguridad nacional.
El señor Ministro de Justicia y Paz alberga la “esperanza” de que otras entidades involucradas en este asunto penitenciario le “presten” este tipo de personal profesional por varios meses para atender la altísima demanda pendiente de casos que están en espera de su respectivo abordaje individual. Con todo respeto, “cajita blanca” para el señor Ministro Ferraro Castro.
No solamente las personas privadas de libertad están viviendo en condiciones deplorables. Este personal también: en ambientes insalubres desde el punto de vista de la salud ocupacional; con salarios deteriorados; con sobreexplotación laboral en formas inimaginables. Horarios de vigilancia policial intramuros de hasta 18 horas que se le exige al policía penitenciario; psicólogos con 500 casos a cargo; igual o más carga laboral para el personal profesional en Trabajo Social y/o en Orientación; abrumadora presión de los jueces para obtener informes en tiempo determinado sobre personas privadas de libertad; gran presión de los servicios médicos, etc., etc.
Por eso lleva razón la petición que formula la legítima representación laboral del personal penitenciario del país para que se dé una declaratoria de Emergencia Nacional para las cárceles costarricenses. El Ministro Ferraro Castro criticó que tal planteamiento no puntualizara en los aspectos jurídicos que posibilitaran tal declaración. Pero el que gobierna en las cárceles es él, no la ANEP.
La propuesta laboral es para provocar la expresión de una real voluntad política al respecto y si como dice él que la ley solamente abre espacio para emergencias nacionales cuando se trata de “algún fenómeno natural, guerras, invasiones o eventos impredecibles…”, entonces, procédase a solicitar el apoyo legislativo del caso y que se dé una autorización especial para la crítica situación carcelaria del país. Nosotros pensamos que con la actual legislación es suficiente porque se trata de un caso de conmoción social inminente con grave riesgo de pérdida de vidas humanas.
¿Cuántas más personas deben morir al interior de la prisión para que haya una verdadera acción política Gobierno-Asamblea Legislativa, que le dé prioridad a la bomba de tiempo que es, por ejemplo, el centro penal La Reforma? ¿Cuántos policías penitenciarios más deben dar su vida en cumplimiento del deber para que la clase gobernante entienda, por ejemplo, que la cárcel de San Sebastián es, prácticamente hoy en día, tan sólo un depósito de cuerpos humanos vivientes que se “almacenan” en “anaqueles” llamados camarotes y ahora de tres pisos, con cuatro espacios desde el frío suelo hasta el mero techo, el caliente cielo raso?…
Recordamos que en los últimos años Marco Tulio Picado León y Francis Morales Fallas, policías penitenciarios destacados en La Reforma entregaron sus vidas en episodios de violencia y cumplir su deber les llevó a la muerte. Un servidor del mismo penal, chofer de un bus de transporte interno, Johnny Vega Chaves, también dio su vida por un violento intento de fuga. En la cárcel de San Sebastián ya hubo episodios de toma de rehenes y el personal afectado perdió para siempre la tranquilidad emocional. La cruel realidad que todo funcionario penitenciario tiene clara es que ingresa a laborar a la cárcel por la mañana, pero no tiene certeza de que por la noche vuelva a estar con su familia.
En el diálogo constante que la indicada representación sindical ha sostenido con la alta jerarquía político-tecnocrática del SPN, se ha podido constatar que la preocupación de la máxima autoridad ministerial de las cárceles es transparente, bien intencionada y así se le reconoce. Pero, efectivamente, la crisis del Sistema Penitenciario Nacional ya no puede ser tratada como un asunto de rutina gubernativa cotidiana de carácter ejecutivo y, básicamente, para gestionar más campos para “embodegar” más seres humanos en las prisiones.
El Poder Ejecutivo debe emplazar al parlamento. De seguro que la movilización laboral penitenciaria no se hará esperar. El Ministerio de Justicia y Paz sabe cuántos nuevos puestos de trabajo urgen para atender la creciente y explosiva demanda de las personas privadas de libertad para que sus casos se aborden, integralmente y desde una perspectiva profesional interdisciplinaria como ordenan todas las doctrinas en materia de Derechos Humanos intramuros carcelarios.
El planteamiento sindical “Se debe enfrentar con seriedad la crisis y revertir el creciente deterioro del Sistema Penitenciario Nacional”, no es una ocurrencia, no es un ejercicio intelectual de escritorio, no es tan sólo un “esfuerzo de estudio”. Está sustentado en la vivencia del día a día del colectivo laboral penitenciario a quien el país le debe que no haya ocurrido una tragedia humana de proporciones insospechadas en las cárceles del país.
Aconsejamos a los padres, a las madres, a los hermanos y a las hermanas, a los hijos y a las hijas, a las familias de quienes están privados de libertad, para que analicen, con cuidado el planteamiento sindical que estamos comentando; para que tomen parte activa en esta cruzada de sensibilización al sistema político (Gobierno, parlamento y Poder Judicial), para que se defina que la situación actual de las cárceles costarricenses requiere de un Estado de Emergencia Nacional. Seguiremos con el tema…
