• Organización sindical sostiene que las medidas impulsadas por el Ministerio de Hacienda amenazan la independencia judicial, el acceso a la justicia y la seguridad ciudadana.
• ANEP solicita a la Sala Constitucional suspender los recortes y ordenar la restitución íntegra de los recursos presupuestarios correspondientes al Poder Judicial.
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), por medio de su secretario general, Albino Vargas Barrantes, presentó un recurso de amparo ante la Sala Constitucional contra el Ministerio de Hacienda, Rodrigo Chaves Robles y la Asamblea Legislativa, por los recortes, congelamientos y condicionamientos aplicados o planteados sobre el presupuesto del Poder Judicial.
La acción constitucional sostiene que las medidas impulsadas desde el Poder Ejecutivo representan una intervención indebida sobre los recursos de un Poder de la República constitucionalmente independiente y podrían comprometer seriamente la capacidad del sistema judicial para brindar una justicia pronta, cumplida y efectiva.
Para el ejercicio económico 2026, la Asamblea Legislativa autorizó al Poder Judicial un presupuesto de ₡541 mil millones. Sin embargo, mediante el oficio MH-DM-OF-0901-2026, del 18 de agosto, el Ministerio de Hacienda impuso un denominado “ajuste técnico complementario” por ₡23.721 millones sobre un presupuesto que ya se encontraba aprobado y en ejecución.
Según se expone en el recurso, Hacienda analizó 544 líneas presupuestarias y ordenó reducciones específicas en 362 de ellas, correspondientes a 85 subpartidas, determinando directamente en cuáles áreas y programas debía reducirse el gasto del Poder Judicial.
OIJ recibe el mayor impacto
ANEP advierte que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) concentra el mayor impacto de este ajuste, con una rebaja aproximada de ₡9.536 millones, equivalente al 40,2 % del monto establecido por Hacienda.
También se contemplan afectaciones a Dirección y Administración, Servicio Jurisdiccional, Defensa Pública, Ministerio Público, Atención y Protección de Víctimas y Testigos y al Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial.
A esta situación se suma, según el recurso, el bloqueo de ₡8.688 millones que ya habían sido aprobados por la Asamblea Legislativa para reforzar al OIJ y al Ministerio Público en el combate contra el crimen organizado, el narcotráfico y la ola de homicidios que enfrenta Costa Rica.
La acción de amparo señala que, considerando las distintas medidas, la afectación al presupuesto judicial durante 2026 alcanzaría alrededor de ₡35.330 millones, además de un recorte adicional del 42 % en la partida de gasto operativo para lo que resta del año.
Recortes amenazan acceso a la justicia
Para la ANEP, reducir recursos destinados a investigación criminal, Ministerio Público, Defensa Pública y atención de víctimas no constituye únicamente una discusión administrativa o presupuestaria.
La organización sostiene que estas decisiones pueden traducirse directamente en una menor capacidad institucional para investigar delitos, atender a las víctimas, perseguir al crimen organizado y garantizar a la ciudadanía el derecho constitucional a una justicia pronta y cumplida.
El recurso argumenta que el artículo 41 de la Constitución Política garantiza ese derecho y advierte que el peso de los recortes sobre áreas fundamentales del sistema judicial podría comprometer materialmente su cumplimiento.
ANEP advierte riesgo para la independencia judicial
La organización sindical también cuestiona que el Ministerio de Hacienda condicione la liberación de recursos a auditorías, informes y decisiones de carácter político en la Asamblea Legislativa.
Para ANEP, obligar al Poder Judicial a solicitar autorizaciones para disponer de recursos previamente presupuestados lo coloca en una situación de subordinación financiera frente a otros Poderes de la República.
El recurso recuerda que los artículos 9 y 154 de la Constitución Política establecen la separación e independencia entre los Poderes del Estado y que el Poder Judicial únicamente está sometido a la Constitución y a la ley.
Asimismo, la ANEP sostiene que la facultad constitucional del Poder Ejecutivo para reducir partidas presupuestarias opera durante la elaboración del proyecto de presupuesto, y no una vez que este ha sido aprobado por la Asamblea Legislativa y se encuentra en ejecución.
Por esa razón, la organización considera que el Ministerio de Hacienda estaría excediendo las competencias que le otorga el artículo 177 constitucional al intervenir directamente un presupuesto judicial vigente.
Preocupación también alcanza presupuesto de 2027
La ANEP manifiesta además su preocupación por lo planteado para el presupuesto del próximo año.
De acuerdo con el recurso, el proyecto de presupuesto ordinario para 2027 reduce la asignación al Poder Judicial de ₡541 mil millones a aproximadamente ₡530 mil millones y contempla la posibilidad de congelar ₡30 mil millones adicionales mediante normas de ejecución presupuestaria.
De concretarse esas medidas, los recursos efectivamente disponibles podrían reducirse hasta aproximadamente ₡500 mil millones y quedar condicionados nuevamente al cumplimiento de requisitos establecidos desde otros Poderes del Estado.
Para la ANEP, garantizar constitucionalmente un porcentaje presupuestario al Poder Judicial pierde sentido si parte de esos recursos se mantienen congelados o sujetos a decisiones políticas posteriores.
ANEP pide suspensión inmediata de las medidas
En el recurso de amparo, la ANEP solicita a la Sala Constitucional, entre otras medidas:
- Declarar con lugar el recurso de amparo.
- Anular el oficio MH-DM-OF-0901-2026 y cualquier otra actuación mediante la cual se hayan impuesto unilateralmente rebajas, congelamientos o condicionamientos al presupuesto del Poder Judicial.
- Ordenar la liberación íntegra e incondicionada de los recursos presupuestarios correspondientes al ejercicio económico 2026.
- Poner a disposición del Poder Judicial los ₡23.721 millones afectados por el denominado “ajuste técnico complementario”.
- Girar los ₡8.688 millones previamente aprobados para fortalecer al OIJ y al Ministerio Público en la lucha contra el crimen organizado.
- Impedir nuevos recortes o condicionamientos que no respeten los procedimientos establecidos por la Constitución Política.
- Evitar el congelamiento de ₡30 mil millones planteado para el presupuesto judicial de 2027.
- Como medida cautelar, suspender inmediatamente los efectos del oficio emitido por el Ministerio de Hacienda mientras la Sala Constitucional resuelve el fondo del recurso.
La ANEP considera que lo que está en juego trasciende la discusión sobre cifras presupuestarias.
Defender los recursos del Poder Judicial significa defender su independencia, la seguridad ciudadana, el combate contra el crimen organizado y el derecho de todas las personas habitantes de Costa Rica a acceder a una justicia pronta y cumplida.
La organización sindical reafirma que continuará utilizando las herramientas constitucionales y legales necesarias para impedir cualquier medida que pueda debilitar las instituciones democráticas, deteriorar los servicios públicos o afectar los derechos fundamentales de la población costarricense.
