Las personas trabajadoras asalariadas con la suerte de tener empleo formal, iniciarán el nuevo año 2013 en un escenario económico de mayor empobrecimiento familiar, dado que los reajustes en el salario para el primer semestre que empieza el próximo 1 de enero, está ya devorado por la cadena de alzas de fin de año.
En tal circunstancia, el país sigue reforzando su perverso tránsito hacia una mayor desigualdad que, para “tirios y troyanos”, ya es el problema nacional número uno.
En el caso de quienes laboran para el sector Privado, el 3.65% de reajuste en el salario mínimo, prácticamente, ya se lo “comió” las más fuertes alzas en servicios básicos fundamentales, como la electricidad y los buses, fijadas por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), cuyo sesgo pro-empresarial y en contra del usuario cada vez es más evidente.
En el caso de las tarifas de bus, el alza promedio del 14% encarece más el transporte diario hacia y desde el trabajo; situación ésta que se agravará más con la cuestionada decisión de la Aresep de que el denominado “Modelo de ajuste extraordinario para el servicio remunerado de personas modalidad autobús”, ya no será “extraordinario”, sino que lo han vuelto “ordinario” pues el empresariado autobusero lo podrá utilizar semestralmente. En consecuencia, dos veces al año se aumentarán dichas tarifas.
Si hablamos de la electricidad, los hogares de la clase trabajadora asalariada inician el año 2013 con una tarifa de un 17.5% más cara: un incremento del 4.5% que empezó a regir en noviembre anterior, más el 13% que entró en vigencia este miércoles 26 de diciembre.
Agreguemos a ello, la brutal alza tarifaria, de un 25%, por el servicio de agua y alcantarillado sanitario que, desde julio anterior, golpea fuertemente las economías familiares de las personas trabajadoras.
La vecina alza en la tarifa telefónica, echa “más leña a la hoguera” del descontento popular. Si “por la víspera se saca el día”, la Superitendencia de Telecomunicaciones (Sutel), probablemente acceda a la petición de subir en 7 colones (de 4 a 11), el costo por minuto en cada conversación telefónica.
Como vemos, queda clarísimo que el nivel de empobrecimiento salarial para quienes laboran en el sector Privado tendrá un nuevo impulso desde el mismo momento de iniciarse el año 2013. El “reajuste” del 3.65% a los salarios mínimos ha quedado, prácticamente, devorado por estas alzas en las tarifas de los servicios básicos fundamentales y sin agregar lo que ha venido sucediendo en los comestibles fundamentales.
En el caso del sector Público, será hasta enero próximo que se conocerá el monto del correspondiente reajuste en los salarios base, que debe regir desde el día primero del nuevo año. El Gobierno de la República terminó 2012 sus funciones ordinarias sin convocar a los sindicatos más representativos del sector para discutir este tema.
Se supone que como ahora hay nuevo Ministro de Trabajo y Seguridad Social, don Olman Segura Bonilla, se ha de promover un real diálogo y una verdadera negociación en el seno de la denominada “Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público”, en los primeros días de enero entrante.
Si así fuese, a la ANEP le interesará, una vez más, dejar en evidencia la crítica situación salarial de varios gremios laborales de la Administración Pública en condiciones muy precarias; a saber: Guardas de los centros educativos (escuelas y colegios), a cargo del Ministerio de Educación Pública (MEP); los guardaparques del Ministerio del Ambiente y Energía (Minae); las trabajadoras de los CEN-CINAI, a cargo del Ministerio de Salud; personal oficinista y similar del Gobierno Central; los cuerpos de policía principales del Poder Ejecutivo (Fuerza Pública, Migración, Penitenciaria y Tránsito).
Finalmente, en el caso de las familias cuyas jefaturas de hogar están a cargo de personas que laboran para el mercado informal, en el “cuentapropismo”, es evidente que la situación económica es igual de acongojante, estrecha y difícil por estas y otras alzas.
No hay duda alguna: “Los y las de abajo”, la clase trabajadora, sigue siendo la “gran perdedora” de un modelo económico que prioriza en la concentración de la riqueza en vez de su distribución.
