Estupor causan las revelaciones del señor Benito Coghi Morales, exdirector general de Aduanas, de que la alegría del “gran jefe” (el “big chief”), por la importación de cemento chino sería la “contentera” mostrada por el propio señor presidente de la República, don Luis Guillermo Solís Rivera, cuando, presuntamente, habría sido enterado de que los grandes compadrazgos políticos que habría recibido el empresario Juan Carlos Bolaños Rojas (JCB) rindieron su fruto.
Si el primer Mandatario de la República no es el “gran jefe”, según la jerga utilizada en las altas esferas políticas del ejercicio del poder en Gobierno, en cualquier Gobierno, entonces, ¿quién es?… ¡El cementazo pringa al Presidente Solís! Que el duopolio debía romperse en épocas de TLCneoliberales parece lógico… ¿Pero a qué precio?
Impresionados estamos en ANEP del gran poder de convencimiento del empresario JCB, uno de los mejores relacionistas públicos de que tengamos noción, según lo habíamos planteado en comentario anterior.
Parece que el adagio popular de que “el pueblo siempre termina pagando” se impondrá, una vez más. Más allá de esa gran capacidad de mercadeo que ha realizado este empresario JCB, existe una real preocupación y una gran indignación popular que tiene que ver con el manejo realizado por las autoridades correspondientes en torno a la investigación sobre el uso de los fondos públicos involucrados en este escándalo y, por ende, las repercusiones negativas en los bolsillos del pueblo costarricense.
Por una parte, el Banco de Costa Rica (BCR) terminaría abriendo una especie de depósito de materiales de construcción para vender 180 mil sacos de cemento que son la única “garantía” de los créditos multimillonarios que le otorgó al empresario JCB; pues, al parecer, ya el BCR le ha exigido a este la devolución de la plata que le prestó y que, presuntamente, dicho hombre de negocios ya no estaría en condiciones de honrar.
El BCR ya decidió no girarle más dinero de los cuestionados créditos de unos 30 millones de dólares en total. Si el BCR no recupera la plata prestada en este caso, ¡no importa!… “El pueblo siempre termina pagando”. Pero, en realidad, ¿quién terminará pagando “los platos rotos”?
La Junta Directiva del BCR, ahora caída en desgracia, se ha “paseado” en el prestigio y la credibilidad del banco al punto de que una de las implacables calificadoras de riesgo, la casa financiera Moody’s, le ha degradado en cuanto a su seguridad financiera.
Por otra parte, el Banco Popular y de Desarrollo Comunal (BPDC), el de la clase trabajadora, tendrá que fungir como una especie de “agencia inmobiliaria” para vender las propiedades que el empresario JCB le ofreció como garantía de un préstamo de unos 5 millones de dólares.
Parece que nadie quiere comprar esos inmuebles y se corre el riesgo de que el BPDC pierda esa plata, es decir, la clase trabajadora ahorrante del Popular. Si el Banco Popular no recupera la plata prestada en este caso, ¡no importa!… “El pueblo siempre termina pagando”. Pero, en realidad, ¿quién terminará pagando “los platos rotos”?
Vámonos a los vecinos del pueblo sancarleño. Aparentemente, les subirían la tarifa de luz en un 14 % para pagar otro crédito cuestionado otorgado por el BCR. Esta vez, y tal como lo ha indicado un legislador de la comisión parlamentaria que está investigando este tipo de créditos “sui géneris”, esa alza de tarifa de luz sería pagar el crédito, o parte del mismo, otorgado por dicho banco por unos 32 millones de dólares, para la compra de una “chatarrera hidroeléctrica”, según la denominación que gusta emplear dicho diputado, don Otón Solís Fallas.
El vendedor de esta, una de las empresas duopólicas que controlan el mercado del cemento en el país, hizo el negocio redondo: se habría ganado una buena millonada de dólares porque cobró por un servicio eléctrico que ella no vendería, sino por lo que iba a ganar esa “chatarrera hidroeléctrica”, si esta hubiese sido exitosa.
¡No importa! “El pueblo siempre termina pagando”, en este caso el sancarleño.
Pero, en realidad, ¿quién terminará pagando “los platos rotos”?
¡Ha caído el fiscal general de la República, don Jorge Chavarría Guzmán! El beneficio de la duda le asiste quien le ha sucedido en ese sensible cargo, la señora Emilia Navas Aparicio, como fiscala subrogante y como fiscala general interina, a. i., quien deberá restaurar la credibilidad lesionada, el prestigio manchado y la independencia partidaria de un ente judicial que, si analizamos todas las investigaciones que el ahora caído frenó, prácticamente, se convirtió este señor en el escudo jurídico de figuras relevantes del Partido Liberación Nacional (PLN), ante diversas situaciones presuntamente irregulares con las cuales tenían vínculos.
