Debemos considerar la fecha del pasado jueves 1 de junio de 2017 como la del inicio de la real y verdadera lucha, en un nuevo escenario político-ideológico, para abrir la senda que nos permita como pueblo trabajador costarricense, evitar la privatización concreta y abierta de la Seguridad Social costarricense.
La funesta decisión de 7 de las 9 personas actualmente integrantes de la directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), para castigar al pueblo obrero con una reducción del 1 % de sus constreñidos y congelados salarios, deja en evidencia la vinculación de una serie de intereses, abiertos en unos casos y muy opacos en otros; en favor de avanzar con más seriedad y decisión hacia la mercantilización total de la provisión de servicios de salud pública bajo la perspectiva de apropiación privada de las rentas de estos.
Las fuerzas sindicales y gremiales sanas, los sectores cívico-patrióticos de probada rectitud para con los postulados del bien común y de la inclusión social, así como la abrumadora mayoría del personal de la Caja que realiza su quehacer con vocación humanista y lealtad a los más nobles postulados institucionales; tenemos menos de un mes calendario para derrotar las insanas fuerzas que se han ido apoderando, poco a poco, de la Caja preparando las condiciones para la mercantilización total de los servicios que esta presta y que significan la vida misma para el pueblo trabajador costarricense.
La consolidación de la imposición arbitraria y antidemocrática, éticamente incorrecta y moralmente insana de la rebaja salarial generalizada del 1 % posicionaría casi que de manera irreversible, un posicionamiento estratégico de aquellos sectores que miran a la Caja y sus servicios con una perspectiva de negocios por desarrollar y como una fuente de expansión de los servicios financieros privados con los recursos de las pensiones IVM-CCSS.
Lo que llevamos hasta ahora de lucha contra la imposición final de esa rebaja salarial generalizada del 1 %, deja tres grandes conclusiones que muestran la calidad del enemigo que tiene el pueblo trabajador incrustado en las entrañas mismas de su emblemática institución aseguradora.
La primera es que el alto corporativismo empresarial nacional, mucho del cual está asociado y/o es representante de consorcios multinacionales que ya incursionan en el negocio de la salud, tiene el control hegemónico de los destinos de la Caja en estos momentos. La supremacía política que está imponiendo decisiones en la Caja no responde ni al Estado mismo, ni mucho menos, al actual Gobierno de la República.
La segunda es que hay una especie de tendencia conspirativa para que la ciudadanía no se percate de la realidad de la podredumbre política interna que está carcomiendo a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), en el seno de las reales esferas de poder que la controlan.
La desesperación de esa hegemonía controladora de la gestión de la Caja actualmente para imponer a como dé lugar la rebaja salarial generalizada del 1 %, es para intentar consolidar la impunidad en que están las 13 personas que están denunciadas en el Ministerio Público como presuntas responsables del descalabro en las finanzas de IVM; colapso financiero que podría superar el millón de millones de colones y que ahora pretenden cobrárselo al pueblo trabajador.
Precisamente, si no todas, varias de esas 13 personas son parte integrante de esas esferas de poder real que controlan la Caja en estos momentos.
La tercera conclusión es que el pueblo trabajador está indefenso ante los desmanes de la actual cúpula directiva de la Caja. El representante sindical está solo. Podríamos decir que este es el único vocero obrero en el seno de la actual directiva de la Caja, ateniéndonos al concepto sociopolítico y filosófico-histórico de que es el sindicato la figura legítima y por antonomasia de la representación obrera.
La actual representación cooperativista en el seno de la actual directiva de la Caja es de una persona que se representaría a sí misma, la cual no puede hacer gala de cuáles son las bases cooperativas que le tienen sentada ahí; ya sea porque no tiene ninguna base a su lado, y/o porque las que una vez le dieron apoyo son parte del sector cooperativista hoy de amplio cuestionamiento público.
En cuanto a la representación solidarista, bien es sabido la naturaleza ideológica de este movimiento, por un lado; y, por otro, que dadas sus mismas bases legales no puede ejercer una representación obrera real y legítima.
Así es comprensible concluir el grado de indefensión que tiene el pueblo trabajador asalariado en el seno de la actual directiva de la Caja; y el porqué del real posicionamiento de poder que en el seno de la misma ostenta el alto corporativismo empresarial.
Por eso es que hemos afirmado que acaba de empezar la real y verdadera lucha en defensa de la Caja, a propósito del escenario abierto por lo que está pasando con el sistema de pensiones IVM.
