Los agricultores tienen derecho de rebelarse

Gracias a las convicciones democráticas del Diario Extra, en el campo del respeto a la Libre Expresión, ANEP publica, semanalmente, en días miércoles, esta columna.

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Este proyecto está lleno de barbaridades y de aspectos que difícilmente se pueden creer. Está dirigido a exterminar lo poco que queda de la agricultura nacional para que, de una vez por todas, se extinga el concepto de soberanía alimentaria y, por ende, reine el imperio de las transnacionales del comercio de alimentos.

Esta circunstancia nos convenció de que los agricultores nacionales tienen, también, que invocar el legítimo Derecho de Rebelión; para así acudir a todas las formas lucha que les permita librarse de un proyecto tan malévolo. Además, la ciudadanía patriota y conciente debe, a su vez, sumarse masivamente en apoyo de la agricultura nacional. Con una gran profundidad profesional y enorme seriedad, costarricenses distinguidos y honestos nos han ayudado a entender de qué se trata el proyecto UPOV. Una de estas personalidades es el Lic. José María Villalta, uno de los profesionales jóvenes más brillantes del país en estos momentos. De sus rigurosos estudios sobre este nefasto proyecto UPOV, extraemos las consideraciones siguientes. Se castigará, sin misericordia, a quienes se atrevan a usar semillas y partes de plantas patentadas sin pagarle a las transnacionales que se apropiaron de ellas. El Ministerio de Agricultura, creado inicialmente para dar asistencia y protección a los agricultores y desmantelado durante décadas, ahora debe dedicar personal y recursos cuantiosos para convertirse en policía de las patentes de las transnacionales. Es decir, no es sólo que se eliminaron todas sus funciones para ayudar al productor; sino que ahora, además, debe perseguir a los agricultores imponiendo sanciones y “medidas cautelares” a todos aquellos que usen semillas_ “falsificadas”_ o “ilegales”, sin permiso de las transnacionales. Se le otorga a estas transnacionales dueñas de las patentes sobre plantas, mayores derechos que los que tiene cualquier otra persona en Costa Rica. Incluso, se les da mayores derechos que los que tienen los pequeños agricultores y campesinos, para defenderse frente a grandes empresas que incumplen sus contratos con ellos.

Cuando se trata de proteger patentes de las transnacionales, no hay debido proceso ni derecho de defensa. Según esta ley, a un agricultor le pueden decomisar el fruto de su cosecha u obligarlo a suspender la asistencia o la cosecha de sus cultivos, en vía administrativa, sin derecho a una audiencia previa; y, sin que la transnacional que pida estas medidas, tenga que demostrar que el agricultor cometió una infracción. Si después el agricultor demuestra que estas medidas eran injustas o infundadas, él tendrá que pagar abogados e ir a los tribunales de justicia para ver si le pagan los daños causados. Daños que pueden ser irreversibles para los pequeños productores.

A petición de las transnacionales, se puede ordenar la destrucción de semillas o plantas, sus frutos y sus partes cuando éstas se consideren como “falsificadas” o “ilegales”. No importa que se trate de alimentos que se encuentran en buen estado. Este proyecto de ley está siendo “debatido”, en estos momentos y de manera atropellada, en la Asamblea Legislativa. Al quedar claro la perversidad, la maldad y el total espíritu anticristiano del proyecto UPOV, comprendemos las razones por las cuales el dictadorzuelo presidente legislativo ordenó poner vidrios polarizados en la barra del público. Es tal la ignominia que invade la conducta de los diputados del TLC, que temen ver a los ojos al pueblo que los eligió. La potencia cívica del Referéndum de la Calle, en consecuencia, debe expresarse en toda su dimensión, amplitud y profundidad.

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