Mediante oficio 09396 del 8 de agosto de 2005, la Unidad de Autorizaciones y Aprobaciones de la Contraloría General de la República, niega el refrendo a los contratos por medio de los cuales se pretende entregar el INCOP a manos privadas.
Nuevamente se nos da la razón: para subsanar las barbaridades jurídicas y el atropello al interés público que contiene este proceso, hay que anular todo lo actuado y volver a la etapa de licitación.
Esta resolución constituye una luz de esperanza para quienes aún confiamos en el estado de derecho, y un nuevo mensaje para que las autoridades del gobierno, dejen de insistir en un proceso amañado e ilegal, y se planteen seriamente la posibilidad de modernizar Puerto Caldera, mediante un proceso transparente, en el que participemos todas las partes involucradas y que realmente contribuya al desarrollo económico y social de todo el país, y en particular, de la postergada provincia de Puntarenas.
Édgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto
San José, 10 de agosto de 2005.
S.G.05-07-0042-05
