A) El reciente estudio que determinó que las bases salariales en A y A se encuentran por debajo del mínimo de ley, culminó señalamientos anteriores en esa dirección, formulados por destacados profesionales de esta estratégica institución; todo lo cual fue reforzado por el reciente estudio realizado por altos funcionarios del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), en la Regional del A y A de Tilarán, Guanacaste.
B) Así las cosas, es evidente y contundente que la Administración del A y A, no está a derecho con sus trabajadores en este campo; o mejor dicho, está al margen de la ley en materia de reconocimiento salarial.
C) En consecuencia, el ajuste que se tiene que efectuar (como lo demuestran los señalamientos apuntados), corresponde a todos los trabajadores y a todas las trabajadoras del A y A; independientemente de que sean operativos, técnicos ó profesionales.
D) Aquí surge una posición respetuosa pero discrepante con la Administración, pues ésta sostiene la errónea tesis de que el hecho de que se reciban pluses salariales en ciertas clases (pluses que no reciben los operativos y técnicos); significaría que esas clases tienen salarios estén por encima del mínimo de ley; criterio que adversamos pues técnicamente no sólo es ilógico sino indemostrable.
E) Por otra parte, todo los ajustes por determinar, en caso, deben de reconocerse de manera retroactiva y el carácter de tal retroactividad es innegociable.
F) Vistas así las cosas, para la ANEP están claros dos aspectos. Por un lado, el ajuste en los salarios base no debe excluir a ninguna categoría ocupacional; es decir, debe abarcar a los puestos profesionales, a los de carácter técnico y a los operativos. Por otro, es necesario que se establezca contundentemente el carácter retroactivo de tales ajustes, pues quien ha estado al margen de la ley no ha sido precisamente la persona trabajadora; por el contrario, ésta (ya sea profesional, técnico u operativo), ha sufrido una pérdida sistemática en su patrimonio económico, pues se le ha estado reconociendo un salario que ha estado por debajo de la ley.
G) La ANEP insta, de la manera más respetuosa, a las autoridades institucionales para que manifiesten con toda claridad, sí existen reservas financieras que les permitan ponerse a derecho con la prontitud del caso; pues de no existir dichas reservas de orden económico, la lógica dice que necesariamente tenderemos que someternos a los procedimientos establecidos, sea la aprobación por parte de la Junta Directiva institucional, el envío a la Autoridad Presupuestaria (AP); y, finalmente, dotación de contenido presupuestario y refrendo de la Contraloría General de la Republica.
H) ANEP no posee indicios claros y contundentes de que la fecha del 30 de setiembre, como límite para el pago de las deudas salariales que se han generado, sea efectivamente realista y tenga alguna sustentación política seria que pueda ser interpretada como un compromiso institucional contundente. Esto podría generar expectativas falsas manejadas irresponsablemente.
I) El actual panorama político nacional, con el escenario electoral encima, podría constituir una oportunidad especial a fin de que, con verdadera unidad laboral, alcanzáramos metas largamente postergadas por la clase trabajadora del A y A: la deshomologación del Servicio Civil, la Convención Colectiva de Trabajo y otras aspiraciones de crecimiento sociolaboral, son realistas en la medida en que logremos un nivel de cohesión en la acción por parte de las distintas representaciones gremiales. ANEP está lista para esto desde hace tiempo y son más que notorias nuestras apelaciones en tal sentido.
J) Lo anterior solo es posible si quienes lideramos las organizaciones sindicales, contamos con la necesaria madurez política para comprender que debemos sumar fortalezas; actuar conjuntamente para lograr mayo incidencia en el logro de los objetivos comunes; descartando las exclusiones y actuando con ética y responsabilidad.
K) Indicamos lo anterior a propósito de la exclusión de nuestra representada en las actuales negociaciones de orden reivindicativo, lo cual no significa que como ANEP, nos quedemos a la espera de ver el devenir, de manera pasiva. Contrariamente, llamamos a las trabajadoras y a los trabajadores a estar listos al llamado de lucha que formularemos de cara a defender lo que en derecho es justo.
L) Finalmente nos permitimos mostrar nuestra preocupación ante las trabajadoras y ante los trabajadores con respecto a la propuesta de reestructuración que la Administración ha planteado a las organizaciones sindicales. Creemos que ello amerita una pausada reflexión y un riguroso análisis, para determinar que no existan despidos o movilidad laboral; asegurando eficiencia en la gestión pública pero con total respeto para la dignidad de la persona trabajadora. ANEP está haciendo ya su análisis correspondiente y se pronunciará en oportuno momento.
¡Por que el Estado conserve los servicios del A y A;
por el derecho al agua, a los medicamentos, a la salud;
a la energía eléctrica y a la telefonía,
yo digo no al TLC!
Albino Vargas Barrantes
Secretario General
Gerardo Cascante Amador
Responsable ANEP-AYA
San José, 11 de agosto de 2005.
