A los abnegados trabajadores y trabajadoras del AyA

I. INTRODUCCIÓN

1- La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), les expresa a todas y todos los trabajadores del A y A, sus mejores deseos de mucha felicidad y grandes éxitos en el Año Nuevo 2007.

2- Finalizamos un año de gran efervescencia y polarización social, producto del angurriento poder político-empresarial que, de manera insistente, continúa imponiendo a las mayorías, un modelo de Estado excluyente, antihumano, privatizador de las instituciones democráticas, estratégicas en el desarrollo social; en fin, un modelo profundizador de la pobreza y la desigualdad. Su estrategia fundamental ahora es el Tratado de Libre Comercio (TLC).
3- El año 2007 definirá el modelo del Estado costarricense para los próximos cincuenta años. Desde nuestra organización sindical, con toda nuestra base laboral y las estructuras que la representan, continuaremos la lucha inclaudicable e imperecedera por rescatar y fortalecer nuestro Estado Social de Derecho. Desplegaremos todas nuestras fuerzas en alianza estratégica con todos los sectores sociales y basándonos en las reservas morales y los principios patrióticos de nuestro pueblo, con resistencia pacífica y haciendo uso de la Democracia de las Calle, derrotaremos el TLC y definiremos la Costa Rica inclusiva y solidaria que todos y todas queremos.

4- Estamos seguros que usted, trabajadora y trabajador del A y A, será protagonista de primera línea, convencidos que a través de la Revolución Democrática, definamos y construyamos la Costa Rica de nuestros hijos, hijas, nietos y nietas. Ahora nos corresponde a nosotros y a nosotras, responder por todo lo bueno de la herencia que nos fue legada y de la cual hemos disfrutado.

5- Después de esta breve introducción de orden político-ideológico, nos permitimos presentarles a ustedes los ocho ejes fundamentales de trabajo en el A y A para el 2007, sobre los cuales ANEP trabajará. Esta es nuestra propuesta estratégica dentro la cual, cinco ejes apuntan a aspectos de políticas institucionales, de orden nacional; y tres, de orden reivindicativo laboral.

• A y A debe de replantarse la incursión en el embotellado y comercialización del agua, para continuar con la inversión social.
• Proyecto de Recurso Hídrico, Exp. Legislativo 14.800, una necesidad de primer orden.
• El agua, un derecho humano con garantía constitucional.
• Agua y el mal llamado Tratado de Libre Comercio (TLC).
• Empréstito japonés, para la modernización del alcantarillado, megaproyecto lleno de interrogantes.
• Proceso de reestructuración institucional.
• Convención Colectiva de Trabajo en A y A.
• Incumplimiento de acuerdos de Huelga.
• El 9.81, no compensó los salarios mínimos en al A y A, excluyó al sector profesional y continuamos por debajo del mínimo.
ANEP planteará renegociación de los injustos tractos o rebajos por huelga, así como la urgente aprobación del 15% aumento por concepto de expensa, según acuerdos.

II. A y A DEBE REPLANTEARSE LA INCURSIÓN EN EL EMBOTELLADO Y COMERCIALIZACIÓN DEL AGUA, PARA RELANZAR LA INVERSIÓN SOCIAL

6- Esta iniciativa fue planteada por la ANEP, en su oportunidad, a los expresidentes ejecutivos de la institución, Sr. Everardo Rodríguez Bastos e Ing. Rafael Villalta Fernández, misma que fue considerada para un respectivo análisis de prefactibilidad. No obstante, según entendemos, la Procuraduría General de la República se pronunció contrariamente, por considerar que se requería una reforma a la Ley Constitutiva del A y A.

7- La propuesta formulada encuentra lógica y argumentación, si comparamos a esta estratégica institución con el ICE, pues esta última hace inversión social de los recursos y ganancias que le proporcionan la telefonía celular e internet, con lo cual se financia gran parte de la electrificación rural y telefonía fija.

8- En tanto, monopolios o duopolios privados como la Cervecería Costa Rica y la Coca Cola, entre otros, mantienen la exclusividad para continuar haciendo clavos de oro con la comercialización del agua, a través de una concesión que le facilita el Estado.

9- Vale la pena preguntarnos entonces, porqué las altas autoridades del A y A no han considerado como de orden estratégico, la propuesta de las reformas jurídicas, para que se pueda incursionar en el mercado cautivo del agua embotellada, compitiendo con estas empresas y destinando los réditos a la inversión social.

10- En esta dirección avalamos el proyecto del diputado Oscar López Arias, del Partido Accesibilidad sin Exclusión (PASE), quien ya tiene un borrador de iniciativa de ley en la corriente legislativa.

11- Continuaremos en el 2007, impulsando tan importante iniciativa. Realizaremos todos nuestros esfuerzos en la incidencia política, tanto a lo interno del A y A como en el Poder Legislativo.

III. PROYECTO DE RECURSODRICO, EXPEDIENTE LEGISLATIVO NO. 14.800: UNA NECESIDAD DE PRIMER ORDEN.

12- Este proyecto lleva en discusión más de cuatro años en el congreso de la República. Algunas veces ha tomado gran interés, otras veces el proyecto ha sido relegado; algunas veces han sido incluido aportes significativos de los sectores ambientalistas y ecologistas, cerrando portillos para la privatización de agua. Otras veces, los sectores empresariales industriales y políticos de la extrema derecha libertaria, liberalizadores y privatizadores con grandes intereses en el negocio del agua, han logrado incluir cláusulas que respondan a sus intereses.

13- Según se desprende de nuestro análisis, estamos convencidos que el país requiere con urgencia un marco jurídico moderno en materia de recurso hídrico; sin embargo, ha sido difícil lograr consensuar intereses en una propuesta definitiva integral.

14- Hoy el Proyecto de Recurso Hídrico, nuevamente está relegado y ha perdido interés por parte de los poderes Ejecutivo y Legislativo, así como de las distintas fuerzas políticas. El tipo de proyecto de Ley de Recurso Hídrico que el país requiere, representa una contradicción a las políticas aperturistas privatizadoras y liberalizadas que exigen el TLC. Sin duda alguna es por eso el desinterés de los poderes políticos vigentes para que no se tramite.

15- En todo caso, la prioridad actual del Gobierno es enrumbar todos sus esfuerzos en la aprobación del TLC y las denominadas agendas complementarias e implementarlas.

16- Desde la ANEP hacemos nuestro más respetuoso pero vehemente llamado a las autoridades del A y A, para que emitan una posición oficial sobre el proyecto actual; llamamiento que hacemos extensivo tanto al Poder Ejecutivo como al Legislativo, al colectivo laboral y al país.

17- ANEP ha considerado de orden estratégico para el país, una normativa integral y moderna para el recurso hídrico.

IV. EL AGUA, UN DERECHO HUMANO, VÍA REFORMA CONTITUCIONAL

18- Distintos sectores ambientales y sociales han venido formulando un diagnóstico del marco jurídico del recurso hídrico, llegándose a la conclusión de que el agua no está reconocida constitucionalmente como un derecho humano; en tanto en la Organización Internacional del Comercio (OMC), la definen como un bien comercial, dentro de los tratados de libre comercio.

19- La ANEP fortalecerá en el 2007 sus alianzas estratégicas con los sectores ambientalistas y ONG’s, con el objetivo superior de lograr asegurar vía constitución, el agua como un derecho humano fundamental.

20- De igual manera buscaremos incidir a lo interno del A y A, para que tanto autoridades institucionales, sindicatos y su colectivo laboral, se pronuncien favorablemente a tan importante iniciativa.

V. AGUA Y EL MAL TRATADO DE LIBRE COMERCIO (TLC)

21- Como recordarán las trabajadoras y los trabajadores del A y A, las organizaciones sindicales fuimos los primeros en pronunciarnos en contra del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana. Hoy, después de cuatro años de que los vendepatrias nos entregaron en Washington, prestigiosos académicos, intelectuales, políticos y empresarios de distintas orientaciones ideológicas, se han pronunciado en contra de este mal llamado TLC.

22- Hará dos años, nuestra organización sindical expuso ante la Junta Directiva del A y A, las consecuencias negativas de este tratado para el agua y, por ende, sus posibles impactos en esta estratégica institución; pues ya contábamos con elementos suficientes que nos movieron a exponer ante este órgano colegiado, nuestras argumentaciones.

23- Este tema ha sido profundizado por abogados ambientalistas y por prestigiosas organizaciones ambientalistas y ecologistas, mismos que en su manifiesto, demuestran y certifican como los capítulos del TLC números 3 (Trato Nacional), 9 (Contratación Pública), 10 (Inversiones) y 11 (Comercio Transfronterizo), se refieren o incluyen el tema del agua. Ello sin tocar los efectos devastadores del TLC en la agricultura, los medicamentos y la CCSS; el desmantelamiento por “apertura” (privatización) del ICE y del INS, la casi anulación de los derechos laborales, la entrega de los Recursos Naturales entre otros; razones por las que llamamos a la fuerza celeste del A y A, a que mediante la Democracia de las Calle, derrotemos el TLC.

24- Valga hacer del conocimiento de las trabajadoras y de los trabajadores del A y A, que en dos oportunidades hemos programado la realización de un foro sobre este tema, pero las autoridades institucionales no han mostrado voluntad política para la su realización.

VI. EMPRÉSTITO JAPONÉS PARA LA MODERNIZACIÓN DEL ALCANTARILLADO, UN MEGAPROYECTO PRIORITARIO PERO CON MUCHAS INTERROGANTES.

25- Nuestra organización elogió y reconoció la capacidad de liderazgo ejercida por don Heibel Rodríguez Araya, Exgerente General de la institución y todo su equipo de expertos, que lograron formular este proyecto, exponerlo al ente financiero y argumentarlo como una necesidad nacional de primer orden. Nuestra organización sindical se pronunció oficialmente de manera favorable en torno a este empréstito, ejerciendo incidencia política positiva en el ámbito legislativo, con los diputados y diputadas que mantenían reservas y oposición a este importante empréstito. Pese a las cada vez más grandes diferencias entre el actual Gobierno de la República y la ANEP, reconocimos en las autoridades políticas de la nueva administración, su voluntad de aprobación de este proyecto.

26- No obstante, y teniendo claro que la modernización en materia de Alcantarillado Sanitario, vía empréstito tipificado como ambiental y en las mejores condiciones crediticias con el Banco Japonés, se afloran dudas a partir de pronunciamientos, cuestionamientos y posiciones de reconocidos expertos en materia ambiental.

27- Así por ejemplo, se cuestiona el destino o la disposición final de los lodos y su tratamiento, el impacto en el congestionamiento urbano como producto de las instalaciones de nuevas redes y colectores, los efectos reales en el proceso de descontaminación del Río Tárcoles. También se cuestiona sobre los mecanismos de contrataciones con los cuales se podría estar propiciando favoritismos a empresas o personas físicas y jurídicas que ven en la ejecución de este megaproyecto la oportunidad de hacer negocio. Si bien confiamos en la transparencia en la gestión de las actuales autoridades institucionales, desde ANEP ejerceremos el papel fiscalización y denunciaremos en su oportunidad, cualesquier situación que riña contra los sanos principios éticos en la gestión publica.

VII. PROCESO DE REESTRUCTURACIÓN INSTITUCIONAL

28- Las trabajadoras y los trabajadores de A y A recordarán que uno de los puntos fundamentales que quedaron plasmados en los acuerdos de la huelga, fue la conformación de una comisión bipartita para la discusión permanente en temas como el proceso de reestructuración institucional, seguimiento y cumplimiento de acuerdos.

29- Sobre este particular, la ANEP admite que efectivamente dicho espacio fue propiciado por la administración, pero no con el espíritu concebido para tal propósito, puesto que las pocas reuniones a las que asistimos, fueron de carácter informativo por parte de la máxima jerarquía, al sostener ésta la tesis de que la programación o cronograma, establecía que las organizaciones sindicales serían las últimas en consulta. Esto resultó inaceptable desde nuestra posición de organización sindical responsable, pues interpretamos que lo que se quería obtener de la participación laboral era un mere refrendo, sin mayor participación activa, pese a que profesionalmente teníamos las condiciones para sumir semejante desafío. En consecuencia, no quisimos prestarnos para una participación cosmética.

30- Al respecto, ANEP dejó plasmada la posición oficial ante las autoridades institucionales y ante el colectivo laboral, la cual se sustentó en tres aspectos fundamentales:

• Una reestructuración sin despidos o movilidad laboral forzada.
• Un proceso de reestructuración que garantizara la modernización y fortalecimiento del A y A.
• Una reestructuración que contemplara un escalafón acorde a las características propias institucionales, permitiendo una revalorización de las bases salariales, atendiendo a la especificidad de una institución como A y A, única en su campo.

31- Sobre este importante tema, hemos venido de manera insistente, solicitando una reunión con la Presidencia Ejecutiva, misma que desde que asumió, no se ha dignado a atendernos para discutir sobre este tema y otros aspectos de orden institucional y laboral.

32- Hoy en día, enero del 2007, la administración superior pretende implementar dicho proceso sin la previa consulta y análisis de las organizaciones sindicales, lo que violenta la normativa del propio Ministerio de Planificación y Política Económica (MIDEPLAN).

33- Estas situaciones ya las hemos vivido en otras entidades públicas, en las cuales sus autoridades “reestructuran” unilateral y hasta arbitrariamente, lo que nos obligó a ir hasta la Sala Constitucional, lográndose revertir tales procesos de reestructuración, precisamente por haber obviado la parte fundamental del mismo: la consulta y la participación de las representaciones laborales legítimas. ANEP está ya valorando si procede seguir el mismo camino en el caso de A y A.

34- La anterior situación propiciada por las autoridades institucionales, nos llevarán irremediablemente, una vez más, a la confrontación, pues ha trascurrido un año de imposiciones y negaciones, ignorando el derecho que nos asiste, en representación de las trabajadoras y de los trabajadores.

35- Tal situación augura tensiones a lo internos del A y A, a inicios del 2007. La ANEP reitera su compromiso inclaudicable en la defensa y fortalecimiento institucional del A y A, y la garantía del pleno respeto del marco jurídico laboral para todas y todos los trabajadores de la institución.

VIII. CONVENCIÓN COLECTIVA DE TRABAJO EN A y A,
LA MÁXIMA HERRAMIENTA LABORAL, UN DERECHO PARA TODAS Y TODOS

36- Nuestra organización ha venido propiciando la negociación y firma de convenciones colectivas de trabajo en distintas entidades del Gobierno Central e instituciones autónomas, pues no hay libertad sindical si se cercena el derecho fundamental de la negociación del instrumento más importante con que cuenta la clase trabajadora para garantizar el respeto a sus derechos laborales, es decir, la Convención Colectiva de Trabajo.

37- ¿Por qué la ANEP afirma lo anterior?. La argumentación fundamental radica en que es un derecho sagrado, reconocido en los convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificados por Costa Rica. Pero vamos más allá. Las personas trabajadoras del A y A deben de interiorizar que tan importante instrumento de negociación tiene rango de ley entre las partes, contrariamente a las reglamentaciones y disposiciones internas de la patronal, que son de cumplimiento obligatorio para los trabajadores, no así para el patrono o Estado.

38- Un típico ejemplo al respecto, lo viven los trabajadores operativos, cuando trascurre un año y la Administración no suministra uniformes e indumentaria, aún estando reglamentado la provisión dos veces al año. La anterior situación no acontecería si estuviese incluida en una Convención Colectiva de Trabajo.

39- ¿Qué aspectos de orden laboral, estarían sujetos de inclusión o contenido en una Convención Colectiva de Trabajo en A y A?. Prácticamente aseguraríamos que toda la relación laboral se regiría vía Convención, lo que hay y otros aspectos que la legislación permite incluir. Como por ejemplo, carrera administrativa, estudios de mercado para revalorizaciones salariales, manuales descriptivos de puestos, pluses salariales, reasignaciones, peligrosidad, extras, rompimiento de topes de cesantía, entre otros aspectos de orden laboral.

40- La ANEP ha venido planeando de manera reiterada con nuestra organización fraterna ASTRAA, la conveniencia estratégica de que este instrumento laboral, debe de ser construido con el aporte de las tres visiones sindicales del A y A. Nos referimos además de ASTRAA, al Sindicato de Profesionales del A y A (SIPAA) y, por ende, a nuestra agrupación sindical ANEP.

41- Lo anterior reafirma una mayor incidencia política para la negociación con las autoridades institucionales y, por supuesto, un documento enriquecido con un contenido integral que refleje los intereses del personal operativo y del sector profesional, dentro de una perspectiva de modernización que garantice la eficiencia y la eficacia institucional.

42- Así las cosas, la ANEP insta respetuosamente pero con vehemencia a las trabajadoras y a los trabajadores, así como a las organizaciones sindicales del A y A, para que se propicie una discusión que puntualice aportes sobre la Convención Colectiva de Trabajo a que aspiramos para este sector laboral. El contenido de propuesta dependerá de las exigencias y el respaldo de toda la fuerza celeste del A y A.

43- La ANEP ha definido como prioridad aportar en este debate a lo interno del A y A, y quisiéramos que por respeto a los trabajadores y trabajadoras, exista la mayor madurez política en la dirigencia de nuestra organización hermana fraterna ASTRAA, para que comprenda y dimensione nuestra propuesta que surge tanto de sus afiliados como de nuestra membresía. De igual manera y con el respeto de siempre, les manifestamos a nuestros apreciados dirigentes sindicales de SIPAA y sus afiliados y afiliadas, para que apuntemos como bloque de fuerza para el logro de este y otros objetivos superiores

IX. INCUMPLIMIENTO DE ACUERDOS DE HUELGA

44- Hace año y dos meses finalizó la histórica huelga del A y A, en una coyuntura difícil, puesto que al haber sido declarada ilegal en segunda instancia por el Tribunal, la administración institucional encontró las armas jurídicas, se empoderó; no existiendo otra alternativa que buscar la negociación del mejor acuerdo posible y no exponer a al colectivo laboral a los despidos.

45- Como recordarán, la fecha límite para el cumplimiento de los acuerdos se venció en febrero del 2005, sin que al día de hoy se hayan cumplido. Contrariamente, la Administración superior fue eficiente y eficaz, impuso contra toda voluntad y protesta de los trabajadores y sindicatos, los denominados 42 tractos; como mecanismo de recuperación de salario percibido por las y los trabajadores, en tiempo de huelga, según fallo del Tribunal.

46- Lo anterior ha generado el repudio de las trabajadoras y los trabajadores y los gremios sindicales, que hemos reaccionado tibiamente y con bajo perfil. La ANEP ha venido planteando un trabajo intersindical a lo interno del A y A, con el objetivo de actuar como bloque para el logro de incidencia política en las jerarquías institucionales. Con pena tenemos que reconocer que la construcción de dicha estrategia no ha sido posible. Por otra parte, la Administración superior con gran habilidad política, ha propiciado un mayor acercamiento con los gremios sindicales internos, con el objetivo de limitar, aislar e impedir el trabajo organizativo y de incidencia política de la ANEP.

47- En ANEP, comprendemos estos juegos políticos de los jerarcas, muy marcados en las administraciones liberacionistas. Es una práctica de neutralización para impedir nuestro posicionamiento e incidencia y, a la vez, dividir a la clase trabajadora, ofreciendo concesiones de corto plazo que enturbian la mente a fin de que, los eventuales favorecidos, no comprendan las raíces del juego a que son sometidos.

48- El incumplimiento de los acuerdos, no es un tema olvidado. Retomaremos con toda beligerancia el cumplimiento de los mismos, así como un nuevo replanteamiento para la renegociación de los tractos, pues si la Administración del A y A ha incumplido los acuerdos pactados con los trabajadores, estos últimos y las representaciones laborales exigiremos que se dejen sin efecto los tractos o rebajos, planteamiento que formularemos a inicios del 2007.

X. EL 9.81 NO COMPENSÒ LOS SALARIOS MINIMOS EN EL AYA, EXCLUYÒ AL SECTOR PROFECIONAL Y CONTINUAMOS POR DEBAJO DELNIMO.

49- La declaratoria de ilegalidad de la huelga, no dejó margen ni espacio de maniobra para continuar negociando un porcentaje mayor, ello sin mencionar la posición dura y radical de parte las autoridades políticas de entonces; reconociendo que no fue lo justo pero que sí lo posible en las adversas condiciones coyunturales del momento histórico. El 9.81 es un porcentaje promedio que excluyó al sector profesional y que no resolvió el problema de los mínimos salariales de ley.

50- En ANEP no hemos renunciado a esta lucha reivindicativa, sea ésta mediante el proceso de reestructuración, si ésta conviene a la institución, exclusivamente; ó por los medios de presión y propuestas que formulemos conjuntamente con las trabajadoras y con los trabajadores. Desde ya y por este medio, solicitamos a los jerarcas institucionales la realización de un estudio que determine vía segmentos ocupacionales el porcentaje que estaría permitiendo dejar los salarios homologados al mínimo de ley; para lo cual solicitamos a la administración superior la conformación de una comisión de alto nivel, con representación de las organizaciones sindicales.

XI. ANEP PLANTARÀ RENEGOCIACIÓN DE LOS INJUSTOS TRACTOS O REBAJOS POR HUELGA, ASÌ COMO LA APROBACIÒN DEL
15% DE AUMENTO EN LA EXPENSA, SEGÚN ACUERDOS.

51- Estos dos planteamientos serán formulados por nuestra organización a las autoridades institucionales, a mediados del mes de enero. En el primer aspecto consideramos posible lograr un acuerdo de orden político, tanto con la presidencia como con la gerencia institucional; de igual manera solicitaremos con todo respeto pero con vehemencia a las mismas autoridades y a la Junta Directiva aprobar el porcentaje de expensa, puesto que no ha existido voluntad política ni presión suficiente de las organizaciones sindicales que obliguen a este órgano colegiado honrar este acuerdo.

XII. OTROS ASPECTOS FUNDAMENTALES

52- Finalmente quedan en el tapete una serie de aspectos cotidianos de orden institucional y laboral, como lo son la circular sobre conflicto de intereses, que prohíbe a las trabajadoras y a los trabajadores que no gozan del respectivo plus de prohibición, realizar labores de fontanería y otras especifidades en tiempo no laboral; un reglamento institucional propio, para el reconocimiento de viáticos; reformas al reglamento de expensas; revisión profunda sobre mecanismos y procedimientos ordinarios de investigación disciplinaria de que son objeto las y los trabajadores, pues según entendemos la institución consume enormes recursos humanos y económicos, en procesos ordinarios, que muchas veces no ameritan o tipifican para un costoso proceso jurídico laboral. Condiciones de salud ocupacional y cargas de trabajo extenuntes a trabajadores operativos (tal es el caso de los lectores de hidrómetros).

53- Otro tema que a nuestro parecer la Presidencia Ejecutiva debe discutir con las organizaciones sindicales, es la conveniencia de propuesta para convertir a la Región Metropolitana en un órgano de mayor independencia, así como la conversión de las oficinas regionales en “unidades de negocios”.
Con acciones, organización y propuestas, el colectivo laboral de esta estratégica institución, lograremos avanzar e incidir en las decisiones de orden estratégico que garanticen el fortalecimiento y la modernización institucional, ser protagonistas de primera línea y no ver como sujetos pasivos el rumbo institucional; se hace necesario tener dignidad.

ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPLEADOSBLICOS Y PRIVADOS
ANEP

Dejar una respuesta