La fragmentación del tejido político-social de nuestra sociedad actual es una realidad inobjetable. Y en el plano económico, especialmente en materia de distribución de la riqueza, la desigualdad sigue polarizándonos.
A nivel político-partidista, por ejemplo, suman ya once precandidaturas presidenciales para las elecciones de febrero de 2018. ¡Faltan más! Y mejor no hablemos de lo que está en desarrollo para ocupar una de las 57 nuevas curules legislativas que se designarán en esas votaciones. Deben ser, al menos, entre diez y quince preaspirantes competidores por cada una de ellas.
Nueve partidos políticos tienen, en estos momentos, representación parlamentaria. Varias de las correspondientes fracciones legislativas muestran fisuras notables, irreconciliables. Tal circunstancia impide la aprobación de proyectos de ley que estén destinados para el bienestar de las mayorías, para restaurar el imperio del bien común como eje central de las políticas públicas.
Algunos piensan que la reciente aprobación legislativa de cuatro proyectos de ley sobre pensiones con cargo al presupuesto nacional mágicamente ha logrado que tal realidad haya sido superada. Nosotros pensamos que esto es un espejismo y que se necesitan más señales para creer que es el bien común lo que estaría inspirando ahora los acuerdos intraparlamentarios.
Las verdaderas iniciativas a favor del bienestar general y para propiciar el bien común implican desafíos de gran calibre a poderes mediático-fácticos y económico-financieros que no van a renunciar, así porque así, al fiestón orgiástico de la acumulación desenfrenada de los últimos tiempos.
Por otra parte, la desconfianza intersectorial a nivel de sociedad civil, por ejemplo, es constatable todos los días. Intrasectorialmente hablando, la división es la característica: al menos tres bloques empresariales; tres corrientes sindicales en pugna hegemónica por el “control de la calle”; tres expresiones solidaristas y dos cooperativistas, según hemos constatado; el ecologismo y el ambientalismo muestran diversidades que, al parecer no están coordinadas; y, así, se podría analizar que hay situaciones de similar naturaleza en el seno del movimiento estudiantil, de las agrupaciones pro Derechos Humanos en materia de LGBTI, el comunalismo y otros segmentos de nuestra, reiteramos, fragmentada sociedad.
Pese a ello, sí creemos que la búsqueda de acuerdos nacionales para el bienestar general es un esfuerzo que merece impulsarse. Lo que pasa es que esos acuerdos deben ser para impulsar la inclusión social y por tanto, hay una agenda pendiente al respecto de enorme sensibilidad y factor intrínsecamente polarizante. Veamos este temario:
a) viajar hacia la progresividad del sistema tributario.
b) a un tercio de la clase trabajadora con empleo formal en el sector privado no se le paga el salario mínimo
c) nos acercamos a la espantosa cifra del 50 % de empleo informal.
d) una importante cantidad de servicios públicos realmente debilitados y necesarios para la inclusión social, la redistribución del ingreso y para la seguridad colectiva.
e) propuesta de nuevos polémicos y confrontativos TLC (los de segunda generación, como el TISA, la Alianza del Pacífico y el TPP).
f) desempleo real (el oficial y el encubierto), sobrepasando ya el 20 %.
g) la cuestión del empleo público bajo ofensiva político-ideológica satanizante que cerró cualquier forma de diálogo al respecto.
h) las micro, las pequeñas y las medianas empresas agobiadas por las responsabilidades tributario-fiscales y de Seguridad Social bajo estándares uniformes.
i) lo poco que queda de la producción agropecuaria nacional, especialmente en el campo de la soberanía y la seguridad alimentaria, va rumbo a la extinción total.
¡Problemas sobran! A pesar de este escenario tan complejo, el esfuerzo de lograr acuerdos intersectorialmente hablando con visión nacional a favor de la inclusión social, deberíamos valorarlo con seriedad.
Al respecto, resaltamos iniciativas importantes como la expresada en el reciente foro “Confianza y Bienestar General: la imperiosa necesidad de lograr acuerdos”, promovido por el Consejo para la Promoción de la Competitividad (CPC), evento en el cual estuvimos presentes atendiendo honrosa invitación que se nos hiciera al efecto y que mucho agradecemos.
Ahí planteamos que podrían considerarse tres aspectos para, al menos, dialogar en el corto plazo y que estarían expresando necesidades de consenso general en cuanto a la envergadura de los desafíos que implican para nuestro país en los actuales momentos.
Uno: déficit fiscal. Para explorar si podríamos acordar, como sociedad, un porcentaje del PIB para vivir con él y otro para buscarle solución.
Dos: infraestructura. La posibilidad de una ley de emergencia para el desarrollo de varias obras estratégicas como las requeridas para superar el drama y el hastío de las presas que están generando grandes pérdidas económicas diarias.
Tres: el empleo. Combatir el desempleo juvenil, el desempleo adulto, el empleo precario y desatanizando el empleo público, pues hay zonas de los servicios públicos urgidas del mismo ante evidencias contundentes.
Apuntamos también en ese foro que el país registra varias experiencias positivas en materia de buscar acuerdos nacionales entre las diversidades de los poderes reales y sus contrapartes formales. Se puede analizar cómo se llegó a procesos como la Ley de Protección al Trabajador, una ley de contingencia fiscal, un pacto fiscal en el seno del parlamento que generó un gran acuerdo luego vulnerado, la reforma del 2005 en el mayor sistema de pensiones (IVM-CCSS), la propuesta de Trabajo Decente de la OIT adoptada por el país con venia tripartita.
¿Y si no hay acuerdos nacionales qué nos queda? Notamos tres tendencias. A) Ya hay voces golpistas que se atreven a escribir abiertamente a favor del quebrantamiento del sistema institucional vigente y del mismo orden constitucional que lo norma, según lo pregonan plumarios y amanuenses políticamente extremistas. Incluso se atreven a decir que por mucho menos de lo que ahora estamos viviendo, fue la razón por la cual los costarricenses nos volamos bala en 1948. B) La paralización total en ruta hacia una anarquía depredadora es lo que está en desarrollo. C) El espejismo de un “Estado fallido” dado el imperio de la violencia criminal, el control de la sociedad por el crimen organizado y el dinero del narcotráfico, la corrupción sin control y desbocada en los servicios públicos, así como la deshumanización completa y la aversión social hacia la solidaridad, son posibilidades cada vez más reales. Como se habrá notado, no parece que tengamos muchas alternativas.
