Tegucigalpa, 27 sep (EFE).- El Estado hondureño fue acusado ante la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de criminalizar la labor de una dirigente indígena, a quien una jueza le dictó prisión formal la semana pasada, informaron activistas humanitarios.
La directora para Centroamérica y México del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Marcia Aguiluz, dijo a Efe que la semana pasada se interpuso la acción por la “criminalización de Bertha Cáceres”, ante la ONU y la CIDH, esta última una entidad autónoma de la OEA con sede en Washington.
Cáceres, de la etnia lenca y quien es coordinadora del Comité Cívico de Organizaciones Campesinas Populares e Indígenas (Copinh), está acusada de provocar daños a la empresa DESA-SINOHYDRO”, de capital hondureño y chino.
DESA-SINOHYDRO desarrolla el proyecto hidroeléctrico “Agua Zarca”, en la comunidad de Río Blanco, departamento de Intibucá, en el oeste de Honduras.
“Nuestra labor ha sido y seguirá siendo denunciar este tipo de situación, es por eso que hemos denunciado el caso de Bertha ante la CIDH y las Naciones Unidas”, subrayó Aguiluz.
Aguiluz y activistas hondureños expresaron “su preocupación” por las amenazas de las que son víctimas los defensores de derechos humanos y la violación de esas garantías en el país centroamericano.
La dirigente dijo que el caso de Bertha Cáceres es el “ejemplo de una nueva modalidad de persecución, como es utilizar el aparato judicial para impedir que los defensores cumplan con su labor”.
Por ello, Aguiluz indicó además que ha solicitado una audiencia ante la CIDH para explicar el caso de Cáceres, a quien la semana pasada la jueza hondureña Alicia Reyes le dictó “prisión preventiva”.
Añadió que la CIDH le ha pedido “explicaciones” al Estado hondureño sobre la cuestión de la dirigente indígena y exhortó a la comunidad internacional a que “mantenga su mirada vigilante” ante las violaciones de derechos humanos en la nación centroamericana.
Honduras es uno de los países en los que la CIDH ha “ordenado un mayor número de casos para que se proteja a defensores de derechos humanos”, enfatizó Aguiluz, tras señalar que Cáceres “tiene medidas de protección” desde 2009.
El coordinador del Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Víctimas de la Tortura y sus Familiares (CPTRT), Juan Almendarez, señaló a Efe que la situación de los defensores de derechos humanos en Honduras es “cada día más grave” y lamentó lo que ocurre con Cáceres.
La medida contra Cáceres obedece “a la protección de las empresas y no a la defensa de los territorios de los pueblos”, subrayó Almendarez, tras cuestionar que las medidas de protección “no tienen valor” en Honduras.
“Hay una persecución e intimidación de parte de los aparatos judiciales, militares y policiales” contra los defensores de derechos humanos en Honduras, enfatizó el dirigente del CPTRT.
