Para algunos esta era la propuesta medular que serviría de telón de fondo al TLC. Los aspectos negativos del Acuerdo se solucionarían con los programas y proyectos de la Agenda y los elementos positivos se potenciarían para aprovechar “la consolidación del acceso al mercado más grande del mundo”.
Debo confesar que yo me hice ilusiones. Pensé que se aprovecharía la ocasión, no tanto para enmendar los desaciertos de la negociación, cosa que solo una renegociación resolvería, ni para plantear una estrategia de desarrollo, algo que esta Administración ha sido incapaz de hacer, pero sí para esbozar en forma estructurada algunas iniciativas relacionadas con el crecimiento económico y la distribución del ingreso.
Tres ingredientes me parecían indispensables en la Agenda Complementaria. Por una parte, nueva legislación relacionada con los compromisos asumidos en el propio TLC, tales como la Ley de Modernización del ICE, la Ley Marco de Telecomunicaciones, incluyendo el fortalecimiento de la función reguladora, y una nueva normativa para el Instituto Nacional de Seguros. Estas leyes debían plantearse con un objetivo fundamental: garantizar la solidaridad y promover la eficiencia institucional.
En segundo lugar, los aspectos vinculados con el apoyo a la producción nacional. El énfasis debería estar no solo en respaldar a las empresas que venden en Estados Unidos y a las que exportan sus productos a Centroamérica, que sufrirán las consecuencias de la desviación del comercio, sino también en ayudar a las que producen para el mercado nacional que tendrán que enfrentar mayor competencia a causa de la desgravación arancelaria.
Finalmente, lo relacionado con la compensación a los sectores y actividades que resultarán perjudicados con el TLC y la necesaria reconversión para que puedan seguir contribuyendo a la producción y la generación de empleo. Esto necesariamente conlleva decisiones de naturaleza distributiva que, ya sea empleando instrumentos fiscales u otras herramientas de política pública, trasladen recursos de los ganadores a los perdedores.
Lamentablemente la Agenda Complementaria presentada por el gobierno, más que una propuesta novedosa para encarar los grandes interrogantes que plantea el TLC desde el punto de vista económico y social, lo que hace es recoger, en un listado con poca coherencia, varios proyectos que organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y el Banco Centroamericano de Integración Económica están dispuestos a financiar.
Es decir, la Agenda Complementaria no es más que la enumeración de un conjunto de empréstitos externos que por un monto de $355 millones el gobierno contrataría (y todos los costarricenses pagaríamos) para ser ejecutados en un plazo de cinco años.
Ante esta triste realidad y la falta de seriedad solo podemos preguntarnos si debemos reír por la ocurrencia o llorar por el futuro de Costa Rica.
Juan Manuel Villasuso
San José, 24 de junio de 2005.
