Imagínese usted que por una diversidad de circunstancias, todas completamente válidas, su liquidez salarial (semanal, quincenal, mensual), producto de los rebajos de ley y de otros compromisos como préstamos, es sumamente baja; al punto de que su calidad de vida y la de las personas que dependen de usted, se han venido deteriorando sensiblemente con toda la secuela de impactos que ello genera.
Las diversas entidades financieras acreedoras suyas, impregnadas de la lógica mercantil pura y simple, cero piedad y comprensión, están al tanto, las 24 horas del día, para asegurarse de los abonos que se deben hacer para amortizar las deudas que usted tiene con una o con varias de ellas, aunque esto se encuentra bien amarrado en los casos de deducción automática de planilla.
Esto genera que sea el “sobrante” del salario líquido lo que se destina para la comedera, el pago de los servicios públicos básicos y otros menesteres domésticos. Este “sobrante” es cada vez menor, habida cuenta de lo alto del costo de la vida y de la ausencia de una verdadera política salarial con perspectiva de inclusión social para la reducción de la desigualdad.
¿Qué pensaría usted de que tuviera al alcance una posibilidad de asistencia solidaria de parte de la política pública para mejorar esa apretada situación producto de su alto endeudamiento salarial, si previamente usted demuestra que este no es producto de irresponsabilidades, de una vida disipada, por ejemplo?
El nuevo Gobierno de la República, que asumirá las riendas del país este jueves 8 de mayo, ya tiene conocimiento de una propuesta en tal sentido. Esta se incluye en un conjunto de propuestas enmarcadas dentro de un planteamiento para un Diálogo Social con Negociación Efectiva, que se ha denominado “Manos a la obra: Por una Costa Rica inclusiva y solidaria”.
El pasado lunes 5 de mayo, un esfuerzo asociativo de articulación y agregación de agendas desde la sociedad civil costarricense, conjunto de organizaciones que se denominan Grupo de las 10 medidas y la Economía Social Solidaria, le entregó, en medio de un gran acto público, al presidente electo, don Luis Guillermo Solís Rivera, un conjunto de propuestas, dentro de las cuales anotamos la emisión de una “Directriz para que se genere un Programa Nacional Solidario de rescate a personas altamente endeudadas”.
Pero no para ahí nuestra buena intención de propuesta. Planteamos la emisión de otra “Directriz a representantes del Gobierno en banca estatal y Banco Popular para establecer líneas de crédito que refinancien operaciones de personas altamente endeudadas mediante ajuste a plazos y tasas de interés”. Esto debe tener una “coordinación con organismos de supervisión para que atiendan esta línea de Gobierno”.
Estas iniciativas pareciera que ahora podrían tener posibilidades reales de materialización como política pública. Nuestro esfuerzo anterior en tal sentido, planteado en su momento a la entonces Mandataria electa hoy saliente, ni siquiera se consideró y con otro grupo de buenas intenciones presentadas desde diversos sectores sociales (en marzo de 2010) fue lanzado al cajón de la basura.
Una eventual política pública para tenderles una mano a personas físicas, especialmente trabajadoras altamente endeudadas, sí sería indicativo de un cambio sustancial de enorme impacto en este duro camino de atajar: el crecimiento de la desigualdad. Esperemos…
