- Combo fiscal-ley 9635 generó bruscas violaciones constitucionales
- Presenciamos un conflicto de poderes de impredecibles consecuencias.
- Municipalistas, en rebeldía también, saldrán a las calles próximamente
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), celebra y aplaude la decisión de Corte Plena del Poder Judicial de rebelarse contra la imperial orden de la Contraloría General de la República (CGR), de imponerle a este poder soberano y constitucional de la República, un mandato administrativo, extralimitándose groseramente en sus atribuciones, con relación a modificaciones salariales estructural del funcionariado judicial del país que ya estaba laborando antes de la entrada en vigencia de la ley 9635-combo fiscal, de tanto rechazo popular y ciudadano.
La CGR, cual gendarme-policía de la hegemonía ideológica-económica dominante, pone en peligro la estabilidad de la República y lanza una provocación de contenido inflamable de impredecibles consecuencias.
La indicada legislación, impuesta con triquiñuelas jurídicas y torciendo el procedimiento reglamentario del parlamento, hizo una derogatoria de facto de disposiciones medulares de la Constitución Política del 7 de noviembre de 1949, saltándose las vías que la misma estableció para reformas constitucionales. Estamos encarando ya las graves consecuencias de ello.
La rebeldía de Corte Plena se suma a otras rebeldías institucionales ya en curso, como las de las universidades públicas y la de las municipalidades; agobiadas ya éstas por la presión fiscalista del Ministerio de Hacienda que atrofia el desarrollo de las comunidades del país al imponer de topes de crecimiento a sus presupuestos, irracionales y abusivos.
Precisamente, en el caso de las municipalidades, la rebeldía institucional se materializará en las calles en fecha próxima, según lo tiene previsto la ANEP.
Irresponsables e ideologizados legisladores como Carlos Ricardo Benavides Jiménez, Pedro Muñoz Fonseca, Víctor Morales Mora y Yorleny León Marchena, al servicio del ya más que evidente fracasado modelo neoliberal, deben ser señalados con el dedo acusador ciudadano por impulsar una legislación altamente confrontativa en varios planos, como el de la calle (que no está ni agotado ni acabado), y como el institucional, tal y como lo estamos presenciando.
La Constitución Política fue quebrantada por la misma Asamblea Legislativa y su mayoría mecánica de signo neoliberal que opera bajo el dictado del gran “empresauriado” del país, tal y como lo denunció (valientemente, hay que reconocerlo), una señora diputada de la bancada del propio oficialismo.
Tenemos un altísimo grado de optimismo en cuanto a que el retorno del equilibrio en la sociedad costarricense, tendrá un fuerte contenido de reacción social y popular de enorme expresión cívico-callejera.
