Una instancia legitimada da la razón a las denuncias planteadas por la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), que ha evidenciado la profunda crisis que vive el Sistema Penitenciario Nacional de nuestro país.
Debido a esto el sindicato insiste en la necesidad de declarar en emergencia nacional al sistema carcelario.
Para la ANEP, el informe del juez de Ejecución de la Pena sobre clausurar la cárcel de San Sebastián tiene un gran impacto en la tesis que ha mantenido el sindicato desde el año 2012.
“Por fin una instancia legitimada nos da la razón. Esto tiene que conmover al país porque hemos venido señalando que el sistema penitenciario ha sido sometido a recortes presupuestarios abusivos e irracionales, que agravan no solo los problemas de los privados de libertad sino del mismo personal del sistema penitenciario que sufre de trato crueles, degradantes y hasta con niveles de tortura”, comentó Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP.
Vargas agregó que es acertado lo demostrado por el juez. Asimismo, considera que es inaceptable que al sistema penitenciario le nieguen más personal tanto policial como en las ciencias sociales (psicólogos, abogados, educadores, trabajadores sociales, orientadores y personal operativo).
Con la declaratoria de emergencia en el Sistema Penitenciario se pretende la creación o diseño de un plan maestro que contemple con objetivos claros y plazos definidos, la construcción con urgencia de nuevas cárceles. Además, que se proceda a diseñar una nueva política criminal en Costa Rica que mitigue el problema de encierro carcelario, eso sí, con la participación de quienes realmente conocen el tema, entre ellos; el personal que labora en las cárceles.
“Se requiere una visión integral de lo que está pasando en el sistema penitenciario y no se puede seguir trabajando con ocurrencias o generando construcciones para un tipo de privado de libertad en contra del otro; porque lo que va a suceder es que en el corto plazo vamos a tener cárceles VIP para la minoría de los privados de libertad y la gran mayoría va a seguir en estas situaciones de trato degradante, cruel y hasta de tortura”, puntualizó Vargas.