Una reciente nota periodística indicó que “Concesionario de Puerto Caldera da ultimátum”, dando cuenta de la posición del grupo que conforma el consorcio que pretende quedarse con la explotación del muelle de Caldera, indicando que se desistiría de la obra, si la Contraloría General de la República no refrenda el contrato que ha sido sometido a su conocimiento por tercera vez.
Lamentamos mucho una publicación de este tipo, precisamente en momentos en que el órgano contralor estudia si, finalmente, después de dos intentos fallidos, otorga refrendo a un contrato que en lo sustancial, mantiene los vicios que provocaron su rechazo anteriormente.
Sobretodo porque este anuncio público de los concesionarios, se da después de que en diciembre pasado, cuarenta diputados y diputadas, le solicitaran por escrito a la Subcontralora General de la República, que no permitiera otro tropiezo de este proceso y que se avocara, personalmente, a realizar todos los esfuerzos que permitieran concluirlo en forma rápida y efectiva.
Pareciera que unos y otros buscan que el órgano fiscalizador, finalmente, otorgue el visto bueno a un negocio leonino que, junto al de ALTERRA y al de RITEVE, constituirán las mayores vergüenzas y afrentas al ordenamiento jurídico, al erario público y a la institucionalidad costarricense.
Quienes defienden la privatización del INCOP, ahora justifican e insisten en que se debe aprobar el contrato, porque el puerto ha colapsado y no hay otra opción viable a corto plazo para modernizarlo. Se olvidan que han sido ellos mismos, los que han sometido al muelle de Caldera a un injusto debilitamiento, precisamente para justificar su entrega gratuita a manos privadas.
Nuestra organización, reconoce la importancia estratégica del muelle de Caldera, que hace imperioso hacerlo más eficiente y eficaz. Por eso hemos propuesto, sin que ello haya tenido eco en la clase política tradicional, una intervención inmediata y un plan de contingencia, que rescate a esta importante institución del letargo en la que la han mantenido los políticos-empresarios del clan PLUSC, que la han administrado en los últimos veinte años.
Parece que, ¡por fin!, el actual Presidente Ejecutivo de INCOP entendió que la única forma de poner a derecho este proceso, es haciendo uno nuevo, que se apegue al marco de legalidad. Es necesario iniciar un proceso con participación de todos los actores involucrados: la administración, los usuarios, los consumidores, los trabajadores y las organizaciones de la sociedad civil de la provincia de Puntarenas, que nos permita impulsar un verdadero proceso de modernización de Caldera.
Recursos existen, tal y como lo reconoció él citado jerarca en la nota periodística a la que nos referimos. Lo que falta es voluntad política para echar atrás un proceso viciado de ilegalidad desde su origen, y empezar a trabajar en un proyecto serio, que busque el fortalecimiento de la institución en beneficio de la colectividad y no el favorecimiento de intereses privados. Una vez más, respetuosamente, instamos a la Contraloría para que resuelva apegada al ordenamiento jurídico y en resguardo del interés público.
Instamos a quienes tienen en sus manos el futuro de este proceso, a que no permitan que la amenaza y el chantaje de quienes están detrás de este lucrativo negocio, logren torcer y dejar nuevamente en entredicho, a una institución tan importante para que los y las costarricenses, confiemos en la transparencia y la decencia en la función pública.
Albino Vargas Barrantes
Secretario General
Douglas Carrillo Azofeifa
Directivo Nacional ANEP-INCOP
San José, 9 de febrero de 2006.
S.G. 05-07-0392-06
