San José, 31 mayo del 2007.
Señor
Julio Rodríguez
Coordinador de Opinión y Editorial
Periódico La Nación
Presente
Señor:
Conforme a la Constitución Política y el ordenamiento internacional que protege y tutela el derecho a la información y, por tanto, el derecho de respuesta, solicitamos se nos brinde tal garantía en el mismo espacio en el cual se publicó la nota que motiva este derecho de respuesta.
Nos referimos a la publicación del día domingo 2 mayo, en la página 8 A en la sección El País, bajo el título “Atrasada construcción de Terminal Granelera en Caldera”, y el Editorial del día 29 mayo, página 32, con el título “Surrealismo Nacional”.
1- Desde que en la Administración del Ex Presidente Miguel Ángel Rodríguez dio inicio la concesión de los servicios portuarios de, INCOP, nuestra organización sindical denunció las ilegalidades e inconsistencias del proceso. La periodista Vanesa Loaiza fue fiel testigo de ello, sin embargo, a pesar de entregarle sendos documentos con los argumentos y pruebas que fundamentaban nuestra posición, nunca publicó sobre ello.
2- Durante más de 6 años recurrimos a todas las dependencias institucionales en resguardo del patrimonio nacional y abogando por el respeto a nuestro ordenamiento jurídico, recurrimos a la Sala Constitucional, a la Asamblea Legislativa, al Presidente de la República en ese entonces, a la Defensoría de los Habitantes, a la Contraloría General de la República. Ejercimos todos los recursos institucionales a nuestro alcance, para evitar que se consumara uno de los negocios más leoninos y vergonzosos que alguna vez se haya dado con instituciones públicas; comparables solo con ALTERRA y RITEVE.
3- Una de las gestiones realizadas aún no se ha resuelto. Desde setiembre del año 2005, se encuentran en estudio una acción de inconstitucional y un recurso de amparo contra la omisión, por parte del Gobierno de la República, de contar con estudios de impacto ambiental previos a la adjudicación, que descartaran la existencia de un daño ambiental irreparable con la construcción de la nueva Terminal Granelera.
4- El atraso en el inicio de la construcción de dicha terminal, no es nuestra responsabilidad, sino que obedece en primer término, a quienes desarrollaron un proceso de concesión absolutamente al margen de la ley y en el caso concreto de la gestión pendiente, a las absurdas e insistentes gestiones realizadas por el Gobierno de la República y los concesionarios de Puerto Caldera, que han impedido a la Sala Constitucional resolver por el fondo.
5- En todo caso, a nuestra organización sindical no le interesa obstruir u obstaculizar procesos, sino velar por el respeto a nuestro Estado de Derecho. Nos honra profundamente ser la única organización social de este país que ha luchado contra la privatización del INCOP, con ello, definitivamente hemos hecho historia, por eso saludamos esa clase de ataques por parte de La Nación S.A.
Douglas Carrillo Azofeifa
Directivo Nacional
C.c. Junta Directiva Nacional de ANEP.
